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Por Rafael García Tinajero (04-VII-14).- Me enteré por la prensa y las redes sociales que la mayoría de los integrantes de la LXXII Legislatura local votaron en contra de que la ley estableciera como causa de nulidad de una elección el uso de recursos de procedencia ilícita, así como la coerción del crimen organizado sobre la población. La propuesta de la Diputada Selene Vazquez de agregar un párrafo en ese sentido al Artículo 72 de la nueva Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana fué rechazada por los diputados del PRI y el PAN.
Es indudable que la corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social, ya que atenta contra su legitimidad y legalidad . Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una amenaza latente se extiende a la seguridad nacional .
Entre delincuencia organizada y corrupción existen relaciones profundas. Los incrementos en los niveles y extensión de sus actividades delictivas han dependido del apoyo implícito o explicito de funcionarios públicos corruptos, pudiendo sostenerse, inclusive, que en algunos casos la corrupción pública ha sido un requisito central para la formación de la delincuencia organizada. Los grupos criminales usan la corrupción en el sector público como instrumento para enfrentar al Estado con impunidad y quebrantar el Estado de Derecho.
Por ello, controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es una condición necesaria si en verdad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la desigualdad y la pobreza.
Según Buscaglia podemos distinguir cinco niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:
· En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho que se dan aislada y esporádicamente con el fin de obtener un provecho criminal.
· En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictivo.
· En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma esporádica dentro de las posiciones oficiales de rango medio.
· El cuarto nivel se caracteriza por una infiltración gubernamental en los niveles más altos, o lo que algunos autores definen como captura del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administración o funcionarios de alto rango en las agencias de seguridad, oficinas de procuración, impartición y administración de justicia, así como otras dependencias gubernamentales importantes para el grupo delictivo
· El quinto nivel de infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando los grupos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiandolas, comprando votos, coerciónando al electorado y corrompiendo a los candidatos o coaccionandolos mediante amenazas y chantajes. La infiltración en este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al Estado en sus decisiones más importantes, lo que equivale a “comprar sus políticas públicas».
La propuesta de la Diputada Selene Vazquez no sólo debió ser atendida sino también aprobada, como una medida indispensable para blindar los procesos electorales y prevenir la intromisión en ellos de la delincuencia organizada. Es más, dado el contexto de Michoacán, en dónde los cinco niveles de penetración del crimen organizado en el sector público ya se han dado, la propuesto por Selene podría parecer hasta tímido ya que en este momento más que medidas preventivas hay que plantear aquellas que rompan de tajo un mal ya establecido.
Para nadie es un secreto como la delincuencia organizada fué secuestrando, aquí en Michoacàn, lenta pero seguramente fragmentos del Estado; como se apoderó progresivamente de las estructuras gubernamentales al menos en los niveles municipal y estatal hasta configurar lo que se define como estado fallido.
El zaguán abierto para la captura del Estado ha sido la forma en que desde hace algunos años se viene haciendo política, en la que fluyen grandes cantidades de recursos y, dado un sistema electoral esencialmente clientelar y corrupto en el que el dinero manda, el crimen organizado se convirtió en el gran elector.
Es necesario frenar ya la participación activa y directa de candidatos ligados al crimen organizado.
Proponer un tipo penal propio que castigue a aquellos individuos que siendo miembros de delincuencia organizada pretendan involucrarse en procesos electorales o cuando se pruebe el dolo de un candidato o precandidato al participar en la contienda electoral para favorecer los intereses de la delincuencia organizada y que sea considerado un delito electoral.
También en este tema es importante resaltar la participación activa y responsable que le corresponde ejercer a los partidos políticos. Por ley debiera ser exigible para los partidos políticos el indagar el tipo de actividad y la buena reputación de aquellas personas que se pretenden postular para un cargo de elección popular ostentando sus siglas.
Además, ante la evidencia irrefutable del consentimiento tácito o expreso por parte de algún partido político, a través de su dirigencia, candidatos o precandidatos, del uso de recursos provenientes del crimen or- ganizado para el financiamiento de sus campañas electorales o actividades ordinarias o en caso de que existiera evidencia de que la dirigencia de dicho partido no denunció a las autoridades respectivas, sabiendolo, el presunto involucramiento de algún candidato o precandidato con el crimen organizado, y que éste hubiera sido procesado por ese tipo de delitos, que la autoridad electoral aplique la sanción máxima, que ya existe en la normativa electoral, es decir, la pérdida del registro como partido.
Aunque en principio parecería que se está atentando contra el sistema de partidos, la realidad es que estaríamos corresponsabilizando a estos, en su calidad de entidades de interés público, y en esa medida se estaría blindando a nuestro sistema político-electoral.
La infiltración y participación del crimen organizado en los procesos electorales constituye un vicio de origen a la voluntad popular, que desde mi punto de vista lleva a una causal de nulidad absoluta de la elección. Las autoridades legales de todos los órdenes de gobierno estan obligadas a tutelar un interés general que se desprende del título segundo de nuestra carta magna: el derecho de los mexicanos de contar con gobiernos sanos.
Estas serían mis propuestas si fuese legislador, para bien o para mal ya no lo no lo soy y posiblemente no lo volveré a ser. Creo también que, si así fuera, estas tendrían el mismo destino que las de Selene, ser desechadas. Muchos preguntarán por que lo digo y la razón es muy sencilla:
Al menos durante el último proceso electoral local acceder a un cargo de elección popular tenía, en algunas regiones, un precio equivalente a vender el alma al diablo: asociarse con los delincuentes, cambiar el apoyo logístico y económico durante la campaña por permitirles , una vez logrado el puesto , extraer rentas de las arcas públicas, facilitar el lavado de dinero contratando la adquisición de bienes y servicios con empresas que actúan como fachada legal de la delincuencia, incrustar parte de la estructura delincuencial en la nómina de la administración pública , desviar los apoyos de los programas sociales hacia sus bases de apoyo, brindar impunidad, protección y, en el caso de los legisladores, leyes a modo para seguir delinquiendo, es decir, traficando, extorsionando, secuestrando, matando, lavando dinero. Hubo quienes se opusieron, hoy quizas están muertos; otros más optaron por ceder el terreno, renunciar a lo que aspiraban o dejarlo para mejor ocasión, hoy viven en la marginalidad política. Quedaron en el terreno los políticos más audaces e inescrupulosos, los dispuestos a este tipo de tratos y, por tanto, aptos para desarrollarse en este ambiente viciado; los que ven la política como ocasión para los negocios personales. No se necesita una gran inteligencia para deducir en que sentido actuan estos políticos cuando de tomar medidas contra la delincuencia se trata.
Sólo en este contexto se explica que propuestas legislativas cuyo fin es cambiar este estado de cosas, y que se antojan no sólo lógicas sino indispensables sean bloqueadas.
