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Morelia, Mich., a 03 de julio de 2014.- En reunión de trabajo, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, y de Derechos Humanos, aprobaron el dictamen de segunda lectura que contiene la Iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán.
El dictamen tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión y procurando una mejor calidad de vida, así como concientizar, sensibilizar e informar a la sociedad en materia de discapacidad.
Entre los programas y acciones que deberán implementarse destacan la prevención de enfermedades que puedan desembocar en discapacidad; la promoción respeto, protección y garantías de los derechos humanos; los programas de asistencia médica de atención y rehabilitación
También se deberán fomentar las acciones para la promoción para la eliminación de barreras físicas y de comunicación, así como la capacitación del personal adscrito a las dependencias para la correcta atención de las personas con discapacidad.
Asimismo, la iniciativa integra las últimas reformas aprobadas en materia laboral y de derechos humanos en las que se destina el 3 por ciento de los espacios laborales en los tres poderes gobierno, y en organismos descentralizados y autónomos.
En la reunión de trabajo estuvo presente el diputado Olivio López Mújica, impulsor de la iniciativa, quien comentó que este proyecto pretende garantizar los derechos de este sector de la población que se encuentra totalmente desprotegido en todos los ámbitos.
Esto se debe, dijo, a que no existe una cultura para atender la discapacidad y a que la actual ley no contempla todos estos aspectos, por lo tanto, “si no promovemos un cambio ambicioso en materia jurídica y presupuestal, será más difícil y se postergará por más tiempo la generación de una cultura de respeto a la discapacidad”.
Por su parte, el diputado Salomón Rosales Reyes reiteró que la iniciativa ha sido ampliamente analizada y socializada para conseguir una ley transversal que implique la concurrencia y responsabilidad de los distintos poderes y dependencias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Una vez discutido el dictamen, los diputados Laura González Martínez, Eleazar Aparicio Tercero y Antonio Sosa López, presidenta, e integrantes respectivamente, de la Comisión de Derechos Humanos, así como, Salomón Rosales Reyes, María Eugenia Méndez Dávalos y Rigel Macías Hernández, integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social; acordaron las modificaciones finales al proyecto de decreto que contiene Ley de Inclusión General para las personas con discapacidad.
En ese sentido, se modificó el porcentaje para que el gobierno estatal, y los gobiernos municipales, estén obligados a destinar el 2 por ciento de su presupuesto para implementar y ejecutar programas y políticas públicas para las personas con discapacidad, y no el 5 por ciento como contemplaba originalmente la iniciativa.
Asimismo, se prevé que en los hospitales que funcionen con recursos públicos se promueva la creación de una sección pedagógica, atendida por personal especializado, para evitar el rezago de los alumnos con discapacidad en edad escolar que se encuentren internados por un tiempo prolongado del ciclo escolar, asimismo, se promoverá dicha práctica en los hospitales privados.
De igual forma, se modifican los artículos transitorios a efecto de que la entrada en vigor de la iniciativa sea en enero del 2015, otorgando además 180 días para que el Ejecutivo del Estado modifique sus reglamentos en la materia, así como un periodo de 2 años para la adecuación de los espacios públicos para la atención de los discapacitados.
Al respecto, la diputada Laura González Martínez explicó que las modificaciones responden a la necesidad de otorgar margen al Estado para que cuente con el tiempo y los recursos suficientes para cumplir con las disposiciones contenidas en la iniciativa.
Los legisladores coincidieron en que este dictamen es muy noble en sus objetivos y representa un paso fundamental para lograr, por medio de una plena inclusión e integración a la sociedad, cambios profundos en las personas que viven con discapacidad de algún tipo en nuestro país. Por lo que en breve será presentado ante el Pleno para su discusión, y en su caso aprobación.
