Morelia, Mich., a 30 de junio de 2014.- Con los votos de los diputados del PRI y del PAN, se rechazó la inclusión de punto en la Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana para impedir la participación del crimen organizado en los procesos electorales.
La propuesta de agregar un cuarto párrafo al Artículo 72 de la nueva Ley, propuesto por la legisladora independiente Selene Vázquez Alatorre, a la letra indicaba: “se deben anular las elecciones cuando en los supuestos en el que se exceda el gasto de campaña, más del monto autorizado o cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos prohibidos por la ley en las campañas, los cuales deberán quedar plenamente acreditados, así como cuando se apruebe la coerción del crimen organizado sobre la población”.
Esta propuesta fue rechazada en bloque por los diputados de PRI y PAN, con 17 votos en contra y solo 5 a favor. Con esta lógica, finalmente se aprobó la Ley de Justicia en materia Electoral y de Participación Ciudadana para Michoacán, en donde tampoco se contemplaron propuestas del sector indígena.
El debate sobre los causales de la nulidad de las elecciones implicó un debate por más de cuatro horas, en donde el texto final de la Ley señala que elección pueda ser anulada sólo por “violaciones graves, dolosas y determinantes».
Por ello, la diputada independiente, Selene Vázquez Alatorre, reservó el artículo 72. En la propuesta original, el texto de la iniciativa contemplaba causales de nulidad como «conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales» y «aquellas conductas realizadas con el pleno conocimiento de su carácter ilícito».
Por ello, Vázquez Alatorre propuso adicionar otro párrafo en donde se especificaba que una de las causales de nulidad sea cuando se pruebe la coerción del crimen organizado sobre la población, como sucedió en el 2011, sin embargo panistas y priístas desecharon la propuesta.
Al final, una de las causales de nulidad de la elección refiere sólo a “utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos prohibidos por la ley de campañas”, y también en caso de que se contrate cobertura informativa o tiempos en radio y televisión por fuera de los supuestos previstos en la ley o cuando se reciban.
Vázquez Alatorre acusó cerrazón de los diputados del PRI y del PAN a un tema que no sólo alteró la agenda pública y política del estado, sino que quedó comprobada en el pasado proceso electoral.