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Morelia, Mich., 24 de junio de 2014. Derivado de los convenios establecidos entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y las comunidades indígenas de Michoacán, se buscará coadyuvar en la implementación de estrategias coordinadas para lograr una representación integral de los pueblos indígenas.
El coordinador del Centro de Estudios y Divulgación, Germán Martínez Ramos, indicó que Michoacán es la única entidad de la República Mexicana, cuyas comunidades indígenas tienen convenios firmados con el organismo protector de los derechos humanos local, lo que las ubica como pioneras en esfuerzos concretos al respecto de la protección y exigibilidad de sus derechos.
Luego de una reunión de trabajo con el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Universidad Intercultural Indígena e integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República; así como representantes de las comunidades indígenas de la zona lacustre, el funcionario de la CEDH refrendó el interés y compromiso del organismo en el proceso de concreción de los derechos de este sector de la población.
La reunión se realizó en la Quinta Tzipecua, municipio de Pátzcuaro, con el objetivo de iniciar los trabajos tendientes a la creación de una mesa técnica organizadora de los procesos de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas del Estado. En ese sentido Martínez Ramos estableció que la CEDH mantendrá su permanencia en esta mesa de trabajo para presentar propuestas y coadyuvar a los objetivos planteados.
Destacó que resulta fundamental lograr una representación integral de las comunidades indígenas en la mesa, a la hora de definir procedimientos y mecanismos de consulta, así como establecer un cronograma de trabajo claro y medible que permita obtener resultados graduales calendarizados en base a compromisos precisos por parte de las instituciones y de los pueblos indígenas.
En la reunión se presentó un marco general sobre los instrumentos legales tanto internacionales como federales y locales al respecto de dicho derecho, para posteriormente iniciar diversos planteamientos sobre cómo implementar en la práctica concreta del derecho de consulta, considerando el contexto complejo de las políticas públicas que afectan positiva o negativamente a los pueblos indígenas, la manera en cómo se diseñan, implementan y evalúan y el grado de involucramiento actual de los indígenas en los asuntos de su competencia, buscando incrementar su participación a través de una organización adecuada.
