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México.- D.F. (apro).- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la indígena otomí Jacinta Francisco, al ordenar que la Procuraduría General de la República (PGR) la indemnice económicamente tras haber sido acusada y encarcelada ilegalmente durante tres años por el supuesto secuestro de seis agentes federales en 2006.
Con el voto a favor de ocho de los 10 magistrados del pleno de la sala superior del TFJFA, se declaró infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento interpuesta por el director de Asuntos Jurídicos de PGR el 19 de noviembre 2013.
Los magistrados aprobaron el proyecto de sentencia elaborado por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel que ordena a la PGR reparar los daños causados a Jacinta mediante una indemnización económica, detallada en la sentencia, cuyo monto no fue dado a conocer públicamente.
Sin embargo, lo que sí se informó fue que la reparación económica debe cubrir el tiempo que la otomí no pudo trabajar y una cantidad adicional por daño moral, ya que durante su encarcelamiento “se lesionó su honor, sentimientos, vida privada, decoro, reputación y aspecto físico”.
Además, la PGR deberá reconocer públicamente la inocencia de Jacinta, por los delitos que fue indebidamente acusada, al menos en los mismos medios donde se difundió la acusación en su contra.
Presente en la sesión y tras conocer el fallo, Jacinta dijo: “No importa el dinero, sino que se haga justicia… hubo momentos en los que parecía haberse perdido la fe”.
En noviembre pasado, el TFJFA emitió un fallo similar para Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por el mismo delito que Jacinta. Su caso sentó un precedente histórico respecto de la reparación del daño en México. Sin embargo, dichas sentencias no fueron aceptadas por la PGR y siguen en revisión.
Jacinta Francisco Marcial fue detenida en 2006, acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), junto con Alberta y Teresa durante un operativo para hallar piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
Fue sentenciada a 21 años de cárcel, sin embargo, ante la serie de irregularidades que se registraron durante el proceso, entre ellos no contar con un traductor de otomí, salió de prisión después de tres años y tres meses.
Los abogados de la indígena otomí, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, informaron que la PGR tiene 10 días a partir de la notificación del fallo para aceptar o impugnar la sentencia.
Sin embargo, el organismo civil consideró que el fallo del TFJFA “constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales administrativos federales del país”.
El mensaje que envió el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país, abundó, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado “posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado”.
Tomado de Proceso
