Columna Política «SOBREMESA», por Antonio Soto.- Son ya varios los Ayuntamientos de Michoacán que se encuentran descabezados, debido a que sus alcaldes están enfrentando diversos procesos penales, se les acusa principalmente de haber tenido vínculos con la delincuencia organizada, particularmente con el cártel de los Templarios. Los presidentes municipales que han sido detenidos militan en las filas de las tres principales fuerzas políticas que cuentan con una presencia importante en el estado. Seguramente estos políticos enfrentarán procesos judiciales por un tiempo prolongado, lo que les podría impedir una pronta reincorporación a los cargos que ostentaban hasta antes de haber sido encarcelados. El Comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo Cervantes, artífice y orquestador principal de todos los operativos realizados en el estado contra los criminales, ha amenazado públicamente de que aún no concluye la etapa de las detenciones de más autoridades tanto locales como municipales, incluso hasta ha secundado tales afirmaciones el propio gobernador Vallejo, el que quizás con mucho pesar, ha dicho que «habrá muchas más sorpresas desagradables», lo que queda claro es el hecho de que serán detenidos más funcionarios públicos que se coludieron con los delincuentes, lo que obligará a la intervención del poder legislativo en las designaciones de quienes ocuparán los cargos públicos vacantes.
Ante las evidentes ausencias, las que pudieran ser largas o definitivas de los presidentes municipales a los que se les ha dictado el auto de formal prisión, debe intervenir el congreso del estado y realizar las designaciones correspondientes como lo establece la constitución política del estado y las leyes orgánicas municipal y del Congreso del estado, lo cual en Michoacán no ha ocurrido con la regularidad que expresamente determinan estos ordenamientos jurídicos, han habido casos tan fuera de la ley, como por ejemplo, el de los municipios de Tepalcatepec y Buena Vista, cuyos alcaldes fueron expulsados de sus comunidades por las poblaciones respectivas, en estos casos transcurrieron muchos meses sin que estos «representantes populares» pudiesen siquiera pisar el territorio donde supuestamente gobernaban, mucho menos, podían ingresar a las oficinas de los palacios municipales, es decir, ahí en esos casos donde existiendo una falta definitiva de los alcaldes de esas demarcaciones, el congreso local intervino hasta mucho tiempo después, un tiempo mucho más allá de lo que la ley obliga, así fue como de manera tardía fueron designadas las autoridades provisionales respectivas en detrimento de la ciudadanía, igualmente como ocurrió en esos dos casos citados, en la actualidad, existen por lo menos cuatro ayuntamientos en los cuales el congreso debe intervenir para evitar las mismas omisiones perniciosas que ya ocurrieron en el pasado.
¿Porque el congreso local no interviene en la designación de los presidentes municipales con la prontitud que las circunstancias lo demandan?, porque para nadie es ajeno que los propios partidos políticos y muchos legisladores del congreso local buscan sacar provecho de tales circunstancias, tratando de acomodar piezas políticas estratégicas en función de sus particulares aspiraciones futuras, se mueven mas por cálculos políticos que por el interés público. Es innegable que el congreso local no debe estar a merced de las metas particulares de sus integrantes, sino que debe esa soberanía resolver las designaciones en estos municipios en base a los intereses de la población, al no hacerlo de esta manera, estarían actuando con la misma irresponsabilidad con la que actuaron en los casos mencionados, donde sin duda quien resulto perjudicada fue la ciudadanía y todo por intereses políticos personales.
@tonosotosanchez