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Por una Ley de Referendo Revocatorio para Michoacán

Artículo del Dr. Rafael García Tinajero Pérez (28-V-14)

Decía Juan Jacobo Rousseau: “El pueblo inglés cree que es libre, se equivoca: solamente es libre cuando elige sus representantes al Parlamento. Tan pronto como son electos éstos, el pueblo se convierte en esclavo, ya no es nada”.

 

El día de hoy me entere por la prensa y las redes sociales que los jóvenes que integran  el Primer Parlamento Juvenil de Michoacán fijaron su posición con respecto a las reelecciones de legisladores y presidentes municipales, acción que aseguraron tiene que ir acompañada de una herramienta que le dé al ciudadano la posibilidad de evaluar el desempeño de la función pública a través de la revocación de mandato, por lo que exhortaron al Poder Legislativo a tomar en cuenta las iniciativas que se construyeron a partir de este ejercicio ya que dentro de estas estaba incluido este tema.

No tuvieron que esperar mucho por la respuesta ya que al ser entrevistado el diputado Alfonso Martínez Alcázar, sobre el tema, precisó que sí es importante incluir la revocación de mandato, sin embargo, estas iniciativas tendrían que ser  construidas desde la Federación y en el Congreso local simplemente ratificar. Lo anterior es una falsedad ya que el Congreso del Estado cuenta con facultades plenas para legislar en materia electoral y aunque el referendo revocatorio no está incluido en las leyes federales sobre la materia si lo podría estar en la Michoacán si así lo deciden los legisladores estatales. 

La posición de Martinez Alcazar es el fiel reflejo de una clase política que pretende seguir gobernando alejada de la fuente soberana del poder público que es la voluntad ciudadana, que ve una ventaja en la falta de control organizado de la actividad de los políticos por parte de la gente y teme que el ejercicio por parte de la sociedad civil de un derecho humano fundamental, el de la participación directa en la gestión pública, ponga fin al uso arbitrario del poder público. Una clase política que, con argumentos que se hicieron pasar por democráticos y tergiversando la esencia de algunos anhelos ciudadanos como el de permitir candidaturas independientes de los partidos, al final del camino soló incrementó las trabas para el acceso de los ciudadanos al poder  público, consolidando además  el control sobre este por parte  de la partidocracia y los poderes fácticos legales e ilegales.

En tales circunstancias no podemos  hacer otra cosa que  apoyar la propuesta de los muchachos del Primer Parlamento Juvenil  y mi argumentación es la que sigue:

El sistema electoral es el medio a través del cual el pueblo, como depositario del poder soberano, determina quienes habrán de representarlo en el Parlamento y en el Gobierno, los resultados de una elección deben reflejar honrada y exactamente la voluntad de los electores.

 La representación, por su parte, no tiene ni puede tener otro fundamento que no sea el de traducir los intereses del electorado en actos de gobierno. En democracia el poder político se legitima continuamente, desde su asunción hasta su deceso, por la voluntad de los electores. Quienes gobiernan ejercen un mandato que emana de los ciudadanos. Sin embargo, en Michoacán. Dicho mandato es irrevocable,   salvo por algunas causales vinculadas a faltas gravísimas que dejan en un órgano colegiado, el Congreso del Estado la responsabilidad de su análisis y ejecución. Los que directamente eligen a los que ejercerán un mandato no están facultados para revocar éste como no sea en forma indirecta.

Es necesario que los ordenamientos legales de Michoacán adopten mecanismos encaminados a incorporar más estrechamente al ciudadano al proceso de adopción de decisiones políticas elaborando mecanismos legales para que la ciudadanía sea consultada sobre asuntos específicos de relevancia política, tales como un texto normativo, una decisión política o la manifestación de confianza en un gobernante, es en este contexto que se encuentra la denominada “destitución popular” o “revocatoria” que es la facultad del cuerpo electoral para solicitar que se someta a la consulta de la ciudadanía la expiración del mandato de un gobernante antes del término de su periodo. La revocación del mandato conferido, en tanto mecanismo de control de las actividades de la administración, debe ser devuelto a quienes han conferido el poder, para que las autoridades no olviden que son los ciudadanos ante quienes deben responder y a cuyo servicio, por otra parte, se encuentran. El referéndum revocatorio se presenta como una posibilidad cierta y oportuna de los ciudadanos de manifestar su descontento y revocar el mandato conferido si los mandatarios no han obrado en conformidad a las expectativas de los gobernados.

La presente propuesta no es novedosa, existen en México al menos dos ejemplos: Chihuahua y Yucatán lo contemplan en sus Constituciones, claro, sin leyes que lo reglamente lo que en los hechos invalida el derecho.

A nivel internacional destacan los casos de la ciudad de Buenos Aires y el artículo 72 de la Constitución de Venezuela.

Con base en lo anterior  pienso que es justa y digna de tomarse en cuenta  la propuesta de los jóvenes parlamentarios para que  en la Constitución Política de Michoacán y en las Leyes reglamentarias se establezca la posibilidad de la revocación del mandato.

 

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