Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
Artículo del Dr. Rafael Garcia Tinajero P.- En el transcurso de la semana pasada y en periodo extraordinario de sesiones las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuyo artículo 209 fue modificado para permitir que los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación (TRIFE) puedan autoasignarse una pensión vitalicia llamada en este caso haber de retiro.
Dicha reforma fue introducida de manera subrepticia, confiando en que nadie se daría cuenta de ella, dentro de un amplio paquete de reformas en materia electoral enviadas por el ejecutivo al Senado. Acertaron pues senadores y diputados, como ya se ha hecho costumbre, votaron a ciegas sin haber leído previamente lo que aprobaban. Hoy, a toro pasado , algunos se quejan y rasgan las vestiduras, pretenden desfacer entuertos que ellos mismos ocasionaron y no logran otra cosa que hacer el ridículo, pobrecitos, han perdido todo decoro.
Pero el problema no son nada más las pensiones del TRIFE. En este país, a pesar de que millones de pensionados carecen de mínimos indispensables para subsistir y que sólo el 18 por ciento de las personas adultas mayores cuentan con acceso a una pensión, prevalecen sistemas pensionarios de auténtico privilegio que rebasan con mucho el propósito de ser un apoyo cuando no se está en posibilidades de seguir llevando una vida laboral activa, cuyo monto supera en cientos de miles de pesos los establecidos en las leyes del IMSS o ISSSTE y en muchos casos se otorgan por acuerdos de órganos de gobierno de entidades públicas que están conformados por quienes serán los futuros pensionados, se trata pues de pensiones auto otorgadas. Además se evaden requisitos fundamentales que si se piden a otros trabajadores como son el tiempo de servicios, cotización, edad al momento del retiro entre otros.
Las pensiones de privilegio no son raras en México, se cuentan entre ellas las de los ex presidentes, ex magistrados de la Suprema Corte, ex directores del Banco de México, etc.
Tuve el honor de ser Diputado Federal hace algunos años y debido a mi formación académica y laboral trabaje en las Comisiones de Salud y en la de Seguridad Social, el tema de las pensiones estaba dentro de mi esfera de interés y actividad legislativa. Desde esa época albergo la convicción de que uno de los grandes retos que afrontamos como Nación es el de construir un sistema de pensiones universal, equitativo y financieramente sustentable y para ello, tarde o temprano, tendremos que revisar y modificar los sistemas de reparto que prevalecen, el funcionamiento del actual sistema de capitalización individual y terminar con sistemas de privilegio como el que hace unos días aprobaron los legisladores. Por eso presente una iniciativa que reformaba diversas disposiciones de las leyes del IMSS, ISSSTE y la de Entidades Paraestatales y cuyo propósito era precisamente hacer que las pensiones de los altos funcionarios de la administración pública federal estuvieran ajustadas a disposiciones generales contenidas en estas leyes, fueran congruentes con sus aportaciones, tuvieran un tope de acuerdo a las leyes de la Seguridad Social y fueran compatibles con una situación de cesantía por edad avanzada o incapacidad y además se pretendia evitar la discrecionalidad de los órganos de gobierno de algunas entidades de la administración pública federal para fijar las condiciones de trabajo, salarios y prestaciones a los trabajadores de confianza de mando de dichas entidades.
Si me preguntan que paso con la iniciativa les responderé que paso directamente a la congeladora de la Cámara de Diputados y seguramente nunca saldrá de allí.
