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Morelia, Michoacán a 03 de abril de 2014.- Debido a que carece de claridad normativa, privilegia el centralismo, frena la implementación de un nuevo modelo policiaco y representa en los hechos un quebranto a las finanzas de los municipios, los alcaldes del PRD decidieron no firmar el convenio de Mando Unificado Policial propuesto por el Comisionado federal Alfredo Castillo, hasta que sea analizado profundamente.
Tras una reunión de evaluación, de análisis y estudio de las implicaciones e impactos que tendrá la implementación de este modelo, en donde el presidente y el secretario electos del PRD, Carlos Torres Piña y Pascual Sigala con el coordinador de alcaldes perredistas, Carlos Paredes Correa y los presidentes municipales del PRD y PT se llegó a la conclusión que el Mando Único no es una panacea para la seguridad pública, ni mucho menos. La idea de que centralización equivale a eficacia no tiene sustento.
El modelo que se pretende aplicar en Michoacán es diferente al que se ha implementado en otras entidades del país, por ejemplo Colima, Tlaxcala, Nayarit, el Estado de México o el propio estado de Hidalgo, donde el mando único en los municipios es de carácter operativo, sin tocar los recursos de los municipios. Sin embargo, en Michoacán Convenio propone que el gobierno estatal asuma el control de la Policía, Bomberos y Protección Civil, para lo cual reclama la transferencia de todos los recursos asignados al Municipio en materia de seguridad pública, entre ellos los del fondo cuatro, los cuales los ayuntamientos emplean para electrificación y otras obras prioritarias de los municipios.
El Estado, en lugar de demandar mayor apoyo de la Federación para la seguridad pública de los municipios, pretende cercenarles los recursos.
Las razones por las que los ayuntamientos del PRD no firmarán el convenio son:
1.- El Convenio Propone la asunción del Estado en Policía, Bomberos y Protección Civil, para lo cual reclama la transferencia de todos los recursos asignados al Municipio en materia de seguridad pública, entre ellos los del fondo cuatro, los cuales los ayuntamientos emplean para electrificación y otras obras que actúan como preventivas a actos delictivos. Sobretodo, sí se considera que la mayoría de los municipios recibieron un recorte de más del 70% en sus finanzas.
El Estado, en lugar de demandar mayor apoyo de la Federación para la seguridad pública de los municipios, pretende cercenarles los recursos.
En otros municipios del país, como en Colima, Tlaxcala, Nayarit o en el Estado de México, el mando único en los municipios es de carácter operativo, sin tocar los recursos de los municipios.
2.- El convenio plantea que el Titular de la Dirección de Seguridad Pública del municipio y los elementos a su cargo, quedarán bajo el mando y subordinación del Mando Unificado, pero que en los casos de emergencia, le corresponderá el mando de los cuerpos de seguridad, al Presidente Municipal.
No se precisan cuáles son los casos de emergencia, y las razones por las que solamente cuando haya emergencias se busca hacer responsable al Presidente Municipal, creemos que por el contrario cuando hay emergencias es cuando los municipios requeriremos el apoyo del Estado y de la Federación.
3.- Las autoridades municipales somos las autoridades más inmediatas a las que los ciudadanos reclaman diversas acciones, por lo que estamos en desacuerdo que el Director de Seguridad Pública Municipal no informe a los Ayuntamientos de las tareas realizadas, situación que ha sido un problema en los municipios del país donde se ha implementado el mando único policial.
La falta de información a los Ayuntamientos por parte del titular de la Seguridad Pública, violaría lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que todos los titulares de la Administración Pública Municipal informaran de sus actividades a las Comisiones respectivas de los Ayuntamientos.
Por otro lado no se menciona en el proyecto de convenio, los mecanismos para que los Ayuntamientos sean informados por el Estado de manera periódica sobre el cumplimiento de los fines y objetivos del Mando Unificado, dejando a los Ayuntamientos sin información para que éstos a su vez informen a los ciudadanos del Municipio.
4.- El Convenio pretende retirar los recursos que hoy reciben los municipios para todas las tareas de seguridad pública, bomberos, protección civil. Inclusive sería el Estado el que contrataría a los miembros de los cuerpos de seguridad, pero no se responsabiliza de las obligaciones de naturaleza laboral, administrativa, fiscal, civil y de seguridad social que conforme a las leyes respectivas se generen por las actividades que desempeñen, los elementos operativos, o de las responsabilidades jurídicas que deriven en la contratación o separación de personal.
5.- Tal pareciera que el proyecto no es a largo plazo, toda vez que pretenden que el mando único sea solamente por el actual periodo de los Presidentes municipales, ya que no plantean la posibilidad de prorrogar el mismo con las siguientes administraciones. (No creo que este punto deba señalarse, los alcaldes no pueden comprometer un convenio más allá de su período).
6.- El convenio no plantea cuales son las causas por las que puede darse por terminado, y sin que exista posibilidad de que el Ayuntamiento valore el cumplimiento de los fines y objetivos para que se cancele en caso de no dar resultados.
La situación por la que atraviesa Michoacán no justifica la intención de avasallar o de imponer camisas de fuerza a las autoridades municipales constitucionalmente electas. El Convenio propuesto ostenta muchas ambigüedades, y somete a los alcaldes a la lógica, la agenda y los objetivos tanto del gobierno estatal como de la Federación.
No se puede utilizar a Michoacán como un nuevo laboratorio en los temas de seguridad e incluso en las decisiones políticas. En Estados Unidos hay 13 mil agencias de aplicación de la ley y tal dispersión ni las hace ineficaces ni les impide coordinarse. En España inclusiva ya comenzó la eliminación del mando unificado para la Policía y la Guardia Civil, debido a que empeoró la coordinación entre la Policía y la Guardia Civil en lugar de mejorarla.
Impulsar un modelo de estas características al vapor sin un proyecto profesional, puede crear creado un peligroso abismo de efectos políticos y sociales altamente lesivos: se está echando a andar un supuesto mecanismo de prevención y elemental control del crimen con una estructura jurídica, reglamentaria, orgánica, funcional, administrativa y presupuestal, pero sin un manual de procedimientos normativo que llevara de la mano a las autoridades locales a alcanzar la meta.
Recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo y la gobernabilidad del estado obligan a la coordinación, al respeto del marco constitucional y las funciones específicas de cada orden de gobierno, y no se solucionara con más centralismo y subordinación.
