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Morelia, Mich., 05 de marzo del 2014.- En Michoacán existe la consigna de atentar contra la educación pública, inhibiendo las condiciones que a lo largo de los años se han construido para que la sociedad pueda acceder a ella, prueba de ello es la supresión de la gratuidad educativa para el nivel medio superior y superior, en donde el gobierno del estado simplemente determinó omitir los recursos necesarios para su operación, apuntó el diputado José Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión de Educación de la LXXII Legislatura local.
El legislador por el distrito de Pátzcuaro, señaló que el gobierno del estado diezmado en su autoridad práctica y moral, ha concentrado sus estertores en roer las cimientes de las políticas públicas y sociales, justificando su incapacidad de hacer con las limitaciones del tener.
“Lo más lamentable es que la discapacidad moral, operativa e intelectual del gobierno estatal se ha convertido en una pandemia, contagiando a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que fieles a la esencia conservadora que han mostrado en momentos claves para la Máxima Casa de estudios, optan por dimitir a un derecho antes que demandar al Ejecutivo su cumplimiento”.
Aparicio Tercero subrayó que los poderes del Estado en su conjunto deberían aspirar a que la educación sea una garantía tangible, real, lo que significa que el Estado está obligado a contar con una oferta educativa gratuita, laica, libre y obligatoria, y contribuir para que cada persona ejerza su derecho a ser educado.
El diputado de extracción perredista recordó que la gratuidad en Michoacán, se dio ante la preocupación por que miles de jóvenes que aspiran a continuar con sus estudios de nivel medio superior y superior, en muchos casos ven truncados sus sueños de llevar progreso y bienestar a sus familias y comunidades, porque no cuentan con los recursos económicos para continuar con sus estudios.
“Los recursos para la gratuidad educativa fueron previstos incluso en el propio decreto para su aprobación, en donde la entonces administración estatal contribuyó para que se etiquetaran recursos por 686 millones de pesos, a razón de 171.4 millones por año en el periodo 2010-2013, esta voluntad no fue renovada por el actual gobierno estatal, que truncó el esfuerzo y determinó escatimar los recursos en 2013, y finalmente cortarlos en 2014.
“Es un asunto de voluntad política, pero esta administración prefiere los negocios particulares que las políticas públicas, opta por convenir en condiciones desventajosas y costosas con Monex la deuda estatal, y hacer negocio con Soriana, para cumplir los acuerdos de la campaña presidencial priista de 2012, que inyectar recursos para atender la demanda educativa”.
