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México, Distrito Federal, martes 04 de marzo, 2014.- Para dar cumplimiento a los criterios de imparcialidad de autoridades electorales, equidad en la contienda política y el desarrollo general de la vida institucional de la nación, establecidos con la reforma constitucional, la Presidencia Nacional del PRD y sus Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras presentaron su iniciativa de leyes reglamentarias en materia de Reforma Política-Electoral.
En conferencia de prensa, encabezada por el dirigente nacional Jesús Zambrano y los coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados, Luis Miguel Barbosa y Silvano Aureoles Conejo, el PRD en el Congreso de la Unión se pronunció por expedir normas que garanticen el desarrollo eficiente de un sistema nacional electoral, que haga efectivos los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, una eficaz reglamentación del derecho ciudadano a la asociación política; el respeto pleno de los principios de pluralidad y paridad de géneros en la representación, para hacer realidad el desarrollo de elecciones libres y auténticas.
Entre las principales propuestas destacan una Ley General para la Equidad en la Contienda Política e imparcialidad de las autoridades electorales que defina la creación de un Sistema Nacional Electoral, en el que colaboren el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales locales.
También se propone desarrollar un sistema de fiscalización oportuna, para verificar en tiempo real los ingresos y gastos de los partidos y candidatos, como elemento sustancial para la validez de las elecciones.
Se señaló que la Ley General Electoral debe simplificar la conformación de coaliciones uniformes y candidaturas comunes, y evitar mecanismos que favorezcan la sub y sobre representación, para garantizar la pluralidad política.
Los debates públicos son considerados como una forma fundamental de las campañas políticas, por lo que se debe prohibir la entrega de dádivas y la propaganda encubierta en cualquier medio,
El PRD también propuso una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que dé eficacia al derecho ciudadano de asociación libre y personal para la participación en todos los asuntos políticos del país y no sólo en los electorales.
Democratice y transparente la vida de los partidos políticos con mecanismos de participación efectiva de los afiliados en las decisiones y con la renovación periódica de sus órganos de dirección.
Haga respetar y promueva los principios de paridad y alternancia entre los géneros e inclusión social; además de salvaguardar los derechos de los militantes, garantizando el acceso a órganos de justicia pronta y expedita para la resolución de controversias internas.
Refuerce el carácter de sujetos obligados directos de los partidos en materia de transparencia y limite el financiamiento privado para impedir que el dinero defina las elecciones.
La iniciativa presentada también contempla la expedición de una Ley General de Propaganda Gubernamental para garantizar la austeridad, equidad y el carácter institucional de la publicidad que emite todo órgano público, federal o local.
Se plantea que en dicha ley se sancione la extendida práctica de la promoción personalizada de los servidores públicos, estableciendo: un tope al presupuesto para publicidad del 0.05 por ciento del gasto corriente de cada órgano.
Además de incorporar mecanismos para erradicar la censura indirecta; la prohibición de toda forma de propaganda encubierta, y la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión de la Propaganda Gubernamental en el órgano anticorrupción del Estado Mexicano.
En materia de justicia Electoral, los integrantes del Sol Azteca propusieron la creación de un departamento de lo contencioso en el INE y establecer plazos rígidos de investigación, medidas cautelares claras y eficaces, procedimientos eficientes y transparentes de investigación oportuna y audiencias públicas.
“A fin de lograr acceso pleno a la impartición y procuración de justicia electoral, imparcial y eficiente, que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de elecciones auténticas, libres y periódicas”, comentaron.
También establecen como causas de nulidad electoral el rebase de topes de gastos de campaña, la adquisición encubierta de cualquier modalidad de propaganda, el financiamiento ilícito de cualquier naturaleza y el uso de programas sociales con fines electorales.
Así como la intervención de gobiernos de cualquier nivel en la elección, el apoyo de sindicatos u organizaciones gremiales a partidos o candidatos, y el apoyo de las estructuras partidarias a candidaturas independientes.
Por último, propusieron que se organice la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, bajo un esquema de independencia técnica y de gestión.
