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México ha sido gravemente agredido con una serie de reformas constitucionales y legales, las llamadas estructurales, aprobadas por las mayorías gubernamentales, reaccionarias y entreguistas, que trastocan el orden constitucional y vulneran los derechos fundamentales de los mexicanos, rompiendo con ello el pacto social existente, base de le estabilidad política país.
México es otro después de las reformas neoliberales de finales del 2012 y del 2013: el Estado perdió sus facultades de control para el aprovechamiento, en función del interés público, de las substancias del subsuelo, el petróleo y todos los hidrocarburos entre ellas.
El gobierno y sus cómplices legislativos destruyeron, conscientemente y paso a paso, las defensas legales del país, y lo han puesto –y han puesto en particular al gobierno- en condiciones de indefensión, de sumisión y supeditación política y dependencia económica frente a intereses ajenos y contrarios a los de la nación y del pueblo, y pretenden ahora una más férrea sujeción con la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), contradictorio con la pertenencia y los objetivos de integración independiente de nuestro país en la CELAC.
Hoy, la primera tarea de las fuerzas patrióticas, democráticas y progresistas es revertir esas contrarreformas antipatrióticas y antipopulares.
Reclamamos, en primer lugar, el derecho a ser consultados sobre las cuestiones trascendentes para la nación y para el pueblo. El gobierno y sus cómplices regatean a la sociedad el derecho a la consulta, buscan subterfugios, chicanas de leguleyos, para impedir una primera consulta popular sobre las contrarreformas constitucionales en materia energética, pero nuestro reclamo va más allá: claro que queremos –y debemos- ser consultados sobre este asunto, pero queremos que en todos los casos importantes, de ahora en adelante, se nos consulte. Queremos que se gane y consolide el derecho de los mexicanos a ser consultados por quienes gobiernan. Exigimos una ley reglamentaria que no tenga disposiciones que la vuelvan impracticable, que permita la consulta sobre todo lo importante, lo que el pueblo juzgue importante, no sólo lo que convenga a los gobernantes en turno o a quienes les imponen, desde dentro o desde afuera, las decisiones que toman.
Y exigimos la consulta sobre las contrarreformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales ya, con sustento en lo que dispone el artículo 35 constitucional, suficientemente explícito, cuya nulidad nadie podrá alegar, cuando hemos satisfecho los requisitos que señala para que la consulta se convoque. Se cuenta ya con las firmas de más del 2% de los electores demandando se convoque esta consulta.
Se arguye, por otro lado, que suscritos contratos y ejecutadas obras, realizadas inversiones y levantadas instalaciones, en estos tiempos próximos, las reformas resultarían irreversibles. No serán más difíciles y complejas las medidas a tomar para echar abajo esta reforma entreguista, que las que hubo que tomar para la Expropiación de 1938, si el pueblo, como estamos seguros sucederá, respalda, como entonces, el rescate del patrimonio que ahora se le arrebata.
Pero la lucha actual no es sólo para revertir la contrarreforma en materia de energía.
Es mucho más amplia: en el mundo laboral, en la educación, en el campo, en el terreno internacional deben darse cambios fundamentales. Tenemos, como se ve, que librar nuestra lucha en múltiples frentes, con las más variadas formas de acción, entendiendo que cada sector tiene sus prioridades, y que todos llaman y requieren de la solidaridad de todos los demás. En estos casos, todos somos necesarios, aunque ninguno es indispensable. La unidad en la diversidad, como muestra esta movilización nacional, es lo que da fuerza a nuestras demandas y lo que en plazo más corto o más largo, garantiza el triunfo.
Entre las reforma en materia laboral, la mal llamada educativa, que nada tiene que ver con la educación, lesiona seriamente los derechos del magisterio. Es inadmisible y debe revertirse, justo reclamo del magisterio democrático.
La hacendaria o fiscal resultó insuficiente, insatisfactoria para todos. La nación requiere de más elevada recaudación para hacer frente a las necesidades de su desarrollo. El de menos ingresos debe tener cargas fiscales mínimas. El de mayores ingresos debe contribuir de acuerdo a la riqueza que concentra.
Un lugar especial en nuestra lucha conjunta, debe tener la recuperación social y productiva del campo, indispensable para recuperar y garantizar la perdida soberanía alimentaria de la nación.
Se requieren apoyos reales y efectivos del Estado a la economía campesina y a la propiedad social, al mismo tiempo que rechazar las tendencias de su privatización y el sólo apoyar a los propietarios de las grandes concentraciones territoriales.
Se requiere restituir el crédito al campo, manejado con honradez, suficiencia y oportunidad; se requiere que se restablezcan los servicios de asistencia técnica y fomentar la organización de los productores, así como la integración de las cadenas productivas, desde el cultivo de la tierra hasta la agroindustria y la comercialización de los productos en manos campesinas.
Se requiere restablecer sistemas de protección a los desplomes de precios, provocados por los grandes consorcios internacionales, al mismo tiempo que control de los precios al consumidor que crecen abusivamente.
En fin, se requiere, en el campo, compromiso y atención del Estado para elevar las condiciones de vida del trabajador agrícola, al tiempo que se toman las medidas para recuperar o crear condiciones que garanticen la producción y eleven la productividad de manera óptima en el conjunto de unidades de producción agrícola, forestal y ganadera.
Por todo esto, habrá que apoyar la propuesta de Pacto Rural que proponen las organizaciones campesinas democráticas e independientes, demandando del gobierno su suscripción inmediata.
Las organizaciones sociales y políticas, así como las diferentes expresiones ciudadanas aquí reunidas, hemos tomado la decisión de construir y presentar a la nación una propuesta de programa de desarrollo que permita la utilización, con racionalidad de presente y de futuro, social y económica, de nuestros recursos naturales para impulsar industrias estratégicas y generar un crecimiento económico que se sostenga en el largo plazo, de bienestar de las mayorías, de fortalecimiento y profundización de la democracia y de respeto a los derechos de la gente.
Nuestra lucha no se limita al reclamo de una consulta ni terminará con la celebración de la misma. Nuestra lucha no se limita a la recolección de firmas y a la realización de una manifestación, por nutrida que sea como esta de hoy.
La recolección de firmas deberá convertirse en la ratificación del rechazo de la enorme mayoría de los mexicanos a la cesión de los recursos naturales de la nación a los intereses contrarios a los de México. A partir de ahora deberemos llevar a cabo una campaña permanente de organización, concientización, convencimiento y lucha social, por todo el país, en cada municipio, en cada colonia, en cada barrio, escuela y centro de trabajo para explicar los riesgos y consecuencias de las contrarreformas entreguistas, para echarlas abajo apoyados en todos los recursos que nos ofrece nuestra Constitución.
Todas las formas constitucionales de lucha son válidas: la protesta hablada y escrita, la manifestación individual y colectiva, los paros cívicos, la huelga, incluso la desobediencia civil. En la lucha, en ejercicio de nuestros derechos fundamentales,busquemos nuevas formas de articulación, incluyentes y plurales, del conjunto de la población.
Otro México es posible, muy distinto al del entreguismo, la sumisión ante el poderoso, la corrupción, la desintegración social y la pérdida de control del territorio por parte del Estado.
Otro México es posible, de ejercicio real de la soberanía, de igualdad, democracia, justicia, incluyente y generoso con sus hijos.
Otro México es posible, si tenemos la capacidad de unirnos y organizarnos. Aquí nuestra gran tarea y nuestra mayor responsabilidad, ante las generaciones presentes y las generaciones futuras.
Y como dice el documento de las organizaciones que nos han convocado para encontrarnos aquí el día de hoy:
¡Por un programa nacional de recuperación salarial!
¡Revocación de las contrarreformas neoliberales! ¡Consulta ciudadana sin restricciones!
¡Presos políticos, libertad!
¡Alto a la criminalización de la lucha social!
¡Por un verdadero Pacto Rural!
¡Cancelación de concesiones que sobreexplotan y contaminan los recursos
naturales, como la minería a cielo abierto!
¡Respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores!
¡Por un pacto social!
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
México, D. F., 31 de enero del 2014
