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24 de enero, 2014 — La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó la ejecución en Texas del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, llevada a cabo el miércoles, y afirmó que se trató de una violación del derecho internacional.
El portavoz de esa Oficina, Rupert Colville, recordó que Tamayo Arias fue condenado a la pena capital luego de que le fuera negado un recurso de apelación de último minuto por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esa Corte denegó el aplazamiento de la ejecución, a pesar de las solicitudes y presiones diplomáticas del gobierno mexicano y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Tamayo Arias había sido sentenciado a muerte por el homicidio de un policía en Texas en 1994.
“La ONU se opone a la pena de muerte como política, pero además, este caso coloca a Estados Unidos una vez más en violación del derecho internacional, ya que no se otorgó a Tamayo Arias la atención consular a la que tenía derecho como extranjero bajo el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”, apuntó Colville.
La falta de asistencia consular suscita preocupaciones sobre si se garantizó a Tamayo Arias su derecho a un juicio justo, como se contempla en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculante para Estados Unidos.
Es importante subrayar que en 2004 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una resolución manifestando que este país debía revisar y reconsiderar los casos de 51 ciudadanos mexicanos sentenciados a muerte – incluyendo el de Tamayo – porque ninguno había recibido asistencia consular.
La revisión del caso Tamayo no ocurrió. “Lo que el estado de Texas ha hecho en este caso compromete la responsabilidad internacional de Estados Unidos. Estamos muy decepcionados porque ni la Texas Board of Pardons and Paroles ni el gobernador dieron los pasos necesarios para prevenir que esta violación de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional ocurriera”, señaló el portavoz.
Añadió que esa Oficina también lamentaba que, desde la resolución de la CPI, el Congreso estadounidense haya fallado en aprobar una legislación que remedie dichas violaciones a la Convención de Viena.
“Urgimos al Congreso Federal estadounidense a que asuma estas responsabilidades y actúe para remediar la brecha en el derecho estadounidense que este caso ha puesto nuevamente de relieve para prevenir su repetición en el futuro”, subrayó Colville
