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México, D.F., 23 de enero del 2014.- La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática reprueba que el gobernador de Texas, Rick Perry, haya desoído las voces de diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que a lo largo de las últimas semanas pidieron de diversas maneras y por diferentes conductos que las autoridades judiciales de aquel estado de la Unión Americana revisaran el expediente del mexicano Edgar Tamayo Arias, ejecutado anoche por medio de una inyección letal en una cárcel de Hunstville por el presunto asesinato de un policía norteamericano en 1994.
Asumimos como un hecho lamentable que el gobernador Perry haya hecho caso omiso del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en 2004 mandató que el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a reconsiderar las sentencias de los 51 mexicanos que hasta ese entonces estaban condenados a la pena capital, y que a pesar de ello otros acusados, entre ellos varios mexicanos, estén en la lista de espera para recibir la pena de muerte en los próximos meses.
Repudiamos el que, en una clara violación a los tratados internacionales vigentes, a la fecha cientos de ciudadanos de todo el mundo que desgraciadamente han cometido algún tipo de delito al encontrarse en territorio norteamericano, sigan siendo privados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares de sus respectivos países, como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El que hasta hoy y desde su instauración como método punitivo -hace más de tres décadas-, la pena de muerte en Texas haya sido aplicada a más de 500 personas, significa un acto de horror inhumano equiparable con las penas que se aplican a los ciudadanos de aquellas naciones calificadas como totalitarias y antidemocráticas por la administración de Washington, a las que se ha empeñado en combatir de manera férrea desde hace décadas.
Si alguien cometió o ha violado alguna de las leyes que rigen en los Estados Unidos o en otra nación, por supuesto que debe ser castigado por dichos delitos, pero de ninguna manera deben ser condenados a ser privados de la vida, mucho menos cuando la tendencia mundial señala la desaparición paulatina de dicha pena de las legislaciones y constituciones de la mayoría de las naciones del mundo.
