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Por Víctor Manuel Báez Ceja, Presidente Estatal del PRD-Michoacán.- La crisis de Michoacán demanda no sólo la atención inmediata en materia de seguridad de parte de los gobiernos federal y estatal, sino que además en ese esfuerzo por contener la escalada de la violencia se preserven las garantías individuales y se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, que están ajenos a este conflicto.
El gobierno federal no puede y no debe eludir su responsabilidad tanto para garantizar el estado de derecho como para preservar los derechos humanos y evitar los errores del pasado, donde las fuerzas de seguridad fueron señaladas de implementar tácticas que quebrantaron en muchas ocasiones las garantías individuales.
En lo que está sucediendo en Michoacán, no sólo el gobierno, sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos internacionales como Human Rights Watch y hasta la propia ONU deben estar presentes en la entidad, acudir a la zona de conflicto y evaluar el estado que guardan los derechos humanos de los ciudadanos.
En Tierra Caliente se juega el futuro de Michoacán, y también está en riesgo la viabilidad del país como estado que protege a sus ciudadanos. No pueden existir privilegios por regiones, en donde el desarrollo humano sea pujante en algunas entidades y en otras se tengan condiciones de los países en guerra.
En otras ocasiones hemos pedido al gobierno de Enrique Peña Nieto para que declare la emergencia humanitaria, ya que tiene facultades legales para hacerlo, y hoy más que nunca es necesario que asuma un papel más protagónico en el estado, no sólo con la toma de decisiones políticas der alto calado, sino con acciones inmediatas para la atención de la población en las regiones y municipios en conflicto.
A la par de estas garantías, el estado requiere también de se instrumente programas sociales emergentes, esquemas para garantizar el abasto de medicamentos, alimentos y atención médica, inversión para generar empleos, y todo lo necesario para recomponer el tejido social en el estado.
Michoacán puede ser el Waterloo para Peña Nieto si no pone su mejor empeño para recuperar al estado, de nada servirán las políticas que aplique en el futuro su administración. O el estado, la justicia y la legalidad ganan en Michoacán o México se dirige sin freno al colapso.
