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México, D.F., a 10 de diciembre de 2013.- En México la libertad de expresión es un derecho vulnerado por la violencia, la impunidad y la autocensura, de ahí la necesidad de motivar un debate en torno al tema a fin de lograr su garantía y respeto, particularmente porque esta libertad es una condición “sine qua non” del Estado democrático de derecho, expuso la diputada local, Cristina Portillo Ayala, en el marco de la Jornada por la Defensa de los Derechos Humanos que sostuvo en la ciudad de México con periodistas de todo el país.
En aras de proteger a quienes de manera profesional ejercen la libertad de expresión y el derecho a la información, la diputada precisó que es indispensable incluir en las instituciones que se ocupan de atender las denuncias de violaciones de los derechos humanos , facultades amplias para proporcionar recursos eficaces y salvaguardar esta libertad.
La legisladora consideró que las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia deben asumir urgentemente la tarea de compilar información cuantitativa y cualitativa sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes.
Destacó que las cifras compiladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son una herramienta útil para entender la gravedad y deterioro de la situación enfrentada por los periodistas, “Michoacán debe mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra los periodistas en México, y sobre los procesos penales y administrativos realizados en estos casos”.
De esta forma, se pronunció por combatir la utilización de los recursos de la hacienda pública con fines de manipulación informativa, es decir, a través de la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los periodistas, columnistas y o comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
En este sentido agregó que “Michoacán debe garantizar la mayor y más amplia circulación de informaciones, opiniones e ideas atinentes al Estado, a asuntos de interés público, a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o candidatos a ocupar cargos públicos, o a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como al discurso y debate político con el objeto de motivar el correspondiente escrutinio de la función pública”.
