Opinión: La crisis de violencia en Michoacán, otra vez

Por Francisco Rivas  @frarivasCol, (director General del Observatorio Nacional Ciudadano) noviembre del 2013.-  El pasado 14 de agosto, en este mismo espacio publiqué el artículo «Michoacán, entre la realidad y lo que se cuenta«, en donde presenté información desagregada de cómo en cifras oficiales se muestra la incidencia delictiva y reflexionaba cómo en Michoacán inició el combate a la criminalidad organizada en el sexenio de Felipe Calderón y, debido a la falta de resultados, 6 años después también el presidente Enrique Peña Nieto iniciaba una estrategia que en el discurso se escucha diferente, pero que en las acciones parece ser la misma.

Después de todo lo anterior, la Secretaría de Gobernación anunció un operativo federal de seguridad para el puerto de Lázaro Cárdenas en donde el Ejército, la Marina y Policía Federal tomaron el control y desarmaron a la Policía Municipal.

Ante la crisis de violencia que sufre esta entidad del país, reconozco a la autoridad federal que manda un mensaje de esperanza a los habitantes de ese municipio como a los empresarios que sufrían cobro de piso y amenazas por parte de criminales.

Sin embargo, la solución a este problema no radica en militarizar; esta acción sólo ha evidenciado el fracaso tanto del gobierno de Fausto Vallejo, como de las autoridades federales que mediante una acción en un solo municipio, pretenden apaciguar el problema.

La pregunta inevitable es ¿qué sigue? ¿Cómo reconstruir el tejido social de una entidad donde el gobernador dice que las cosas están mejorando y ni los policías ministeriales, armados y entrenados, pueden garantizar su salvaguarda?

Hace una semana el gobernador Fausto Vallejo afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que el problema de inseguridad en la entidad se limita a tan sólo 5 ó 6 municipios. Cuestionado por la periodista sobre cuáles eran esos municipios y si sabían cuáles eran por qué no hacían algo contundente, el gobernador rehusó dar un dato preciso, argumentando que los criminales se desplazaban a otros municipios.

Una cosa es cierta, los criminales se desplazan, tienden redes que pueden extenderse o replegarse, y por lo mismo surge otra pregunta: ¿si saben sobre la movilidad de estos grupos criminales, ustedes creen que con militarizar una zona específica se va a combatir realmente la acción de esos grupos?

Esa misma tarde, en entrevista con Carlos Loret de Mola el mandatario estatal afirmó que las cosas se ven peor de lo que están y que las cosas están mejorando. De esta afirmación podemos pensar dos cosas: o el gobernador tiene información restringida con base en la que realiza estas afirmaciones, o simplemente miente. Si es lo primero, entonces exigimos que se transparente esta información tan importante.

Lo cierto es que Michoacán es una entidad donde aparentemente nadie puede poner orden. Personas destruyen escuelas; estudiantes y profesores secuestran camiones, toman las calles e incluso carreteras, los grupos de autodefensa crecen y la criminalidad impera.

Datos oficiales sobre el número de denuncias en México, entre enero y agosto de 2013, registran que Michoacán presentó el siguiente comportamiento: segundo lugar en homicidio culposo (1,037 denuncias), cuarto lugar en secuestro (121 denuncias), sexto en homicidio doloso (547 denuncias), octavo en robo de vehículo (4,004 denuncias), así como noveno lugar en extorsión (198 denuncias), de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En particular se vuelve preocupante el comportamiento de algunos delitos como el secuestro, esto debido a que cuando se realiza el recuento de los datos reportados mensualmente desde 1997, Michoacán se ubica en el tercer lugar con la mayor cantidad de denuncias por este delito. Este contexto es similar cuando se analizan las variaciones de la tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes, ya que se observa que de 2012 a la fecha, Michoacán ha experimentado un aumento del 32.8% en la tasa de denuncias por secuestro.

Reconozco el interés de la autoridad federal que busca poner orden en Lázaro Cárdenas, aunque este hecho deja al descubierto muchas otras cosas que nos generan dudas:

1. Esta acción militar en el Puerto de Lázaro Cárdenas ¿está acompañada de una estrategia regional que involucre no sólo a los municipios aledaños, sino a todo el estado de Michoacán, así como a los estados vecinos?

2. ¿Era necesario desarmar a toda la Policía Municipal?

3. ¿Se están respetando los derechos de aquellos policías honestos?

4. Si toda la policía estaba corrompida ¿había que esperar hasta ahora para desarmarla?

5. ¿Quién y cómo evaluará el desempeño del ejército, la marina y la policía federal?

6. ¿Cuánto tiempo estará el ejército supliendo las funciones de las policías locales?

7. ¿Cómo se va a garantizar que, una vez que la autoridad federal se retire, las autoridades aduanales, portuarias, policíacas no se corrompan?

8. ¿Cómo se va a prevenir el efecto cucaracha en el estado y hacia las otras entidades?

Tomar el puerto de Lázaro Cárdenas es una acción, no un logro. El objetivo debe ser generar el bienestar necesario en la región para que las personas tengan una opción de una vida digna, y esto debe ser una tarea compartida entre autoridades, sector productivo, sociedad civil, intelectuales y sector religioso. El logro será que las personas elijan vivir y progresar dentro de la ley, que decidan respetar la norma porque les conviene de manera individual y en lo colectivo.

Es cierto que la violencia no está desbordada en toda la entidad, pero la solución, para que funcione, se debe aplicar a toda la región.

Necesitamos acciones de seguridad pública, persecución del delito y aplicación de sanciones para quienes han perturbado la vida de los michoacanos, pero también necesitamos inversión en educación, infraestructura, recuperación de espacios sociales, fomento al turismo.

No podemos perder Michoacán, si perdemos Michoacán perdemos todos los mexicanos.