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México, D.F., 2 de octubre del 2013.- Sin verdaderas soluciones a los problemas económicos y sociales que afectan a la población mexicana, en especial a los jóvenes, este sector seguirá manifestándose en las calles -como ocurrió en 1968- con el consiguiente riesgo de que sigan siendo víctimas de la represión y la violencia de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que al igual que hace 45 años, recurre a las fuerzas policiacas para tratar de intimidar a los grupos que difieren de su proyecto político.
Hortencia Aragón Castillo, Coordinadora Nacional de Foro Nuevo Sol del PRD, declaró que prueba de que la política del garrote que aplicó Gustavo Díaz Ordaz durante las manifestaciones pacíficas de 1968 sigue vigente en el gobierno de Peña Nieto es la forma en que elementos de la Policía Federal actuaron en contra de ciudadanos durante las manifestaciones en los alrededores del Congreso de la Unión, el pasado 1 de diciembre, lo que constituyó una clara violación por parte del gobierno federal al derecho de libre manifestación y de circulación que se expresa con claridad en la Constitución Política de nuestro país.
Enrique Peña Nieto comete un grave error al recurrir una vez más, como lo hizo Díaz Ordaz en el 68 y como lo hizo él como gobernador del Estado de México en 2005, a la represión social a través de los cuerpos policiacos como método para tratar de pacificar las calles. Prueba de ello es que a pesar de la brutalidad con la que actuó en contra de la población de San Salvador Atenco en 2005, el proyecto del nuevo aeropuerto en aquella entidad tuvo que ser cancelado.
Si Peña Nieto quiere evitar ser testigo durante los próximos días y semanas de más y mayores protestas en las calles, lo primero que debe hacer es dejar de insistir en sacar adelante medidas lesivas e impopulares como la aplicación de más impuestos a las clases media y baja; la reforma energética, a todas luces entreguista y privatizadora; la educativa, que pone en riesgo la permanencia de los profesores en sus puestos, y la laboral, que convierte a la clase trabajadora en una casta de maquiladores.
En su lugar, Peña Nieto debería ponerse a trabajar en conformar un presupuesto en el que se marquen como prioridades un mayor apoyo económico a las universidades, elevar la matricula de la educación pública media y superior, y ofrecer verdaderas oportunidades de empleo –no como meseros en cadenas de comida rápida- a los más de siete millones de jóvenes a los que su gobierno y los que le antecedieron les han cerrado las oportunidades de acceder a un trabajo digno y bien remunerado.
El desinterés del gobierno de Peña Nieto en el sector juvenil es tal que este año al menos 100 mil jóvenes fueron rechazados por falta de cupo en universidades públicas de todo el país, situación que se agrava cuando se sabe que poco más de 800 mil de los casi dos millones de jóvenes egresados en los últimos diez años no han encontrado trabajo o están laborando en áreas ajenas a su campo de estudio. Su única apuesta fue ofrecer 36 mil lugares para cursar algunas carreras “en línea”, que resultó todo un fracaso.
Además de negarles oportunidades de estudio, de empleo (24.7% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la escuela) y de reprimirlos en las calles cuando exigen sus derechos, Peña Nieto ha sido incapaz de hacer algo para frenar el crecimiento del número de mujeres -muchas de ellas estudiantes- que son explotadas con fines sexuales por bandas dedicadas a la trata de personas-, así como el mayor número de jóvenes que se están integrando como vigilantes e incluso sicarios de los grupos dedicados al tráfico de drogas.
El último trimestre de este año es un buen momento para que Enrique Peña Nieto comience a ofrecer soluciones a los graves problemas nacionales que amenazan con derivar en un estallido social de fatales consecuencias que a nadie conviene, mucho menos a un gobierno que se encuentra al borde de la recesión económica.
