Estado de México, ¿difiere de Michoacán?

Abuso de poder por cuanto el gabinete del gobernante y abuso por hacer uso del mismo para usar su infraestructura y obligar mediante oficio que se vea el informe de gobierno. Y es abuso de autoridad porque las líneas de los documentos oficiales hacen obligatorio acatar las disposiciones expuestas en los oficios.

En ésta imposición ¿puede apreciarse algún dejo de acto de buena fe, de educación ciudadana en la que la verificación de la administración pública pueda ofrecer un norte del avance o retroceso de la misma; o, más bien, se trata de preparar el escenario político de las elecciones siguientes bajo acondicionamiento popular en función de la orquestación de una percepción del pseudoejercicio de participación ciudadana?

La respuesta que se obtenga nos mueve a replantearnos posibles incidencias de esta peculiar forma de hacer gobierno del PRI. Recordemos que Michoacán es gobernado por éste partido. Y llamo a la memoria porque los resultados de esta administración nos evocan lagunas sobre el ejercicio del ejecutivo, toda vez que los resultados de crecimiento  económico brillan por su ausencia.

En fin. Sabemos que los ciudadanos tenemos derecho a la información de la administración pública. Pero esto no nos obliga a asistir a las instalaciones de educación elemental para pasar lista de asistencia, exponerse a altas horas de la noche sin emitir una conclusión y participación sustancial sobre lo que se informa. Eso no es participación ciudadana por cuanto no existe una reacción constructiva o evaluativa del ejercicio público.

Por lo tanto, ninguna premisa, por educativa que sea o aspire al deber ciudadano de acceso a la información, es categórica para obligar a profesores, padres de familia y alumnos de primaria a ver informe de gobierno alguno. Es un derecho que se ejerce libremente y en del que se puede optar por verlo o no.

Esto nos lleva a considerar que esta disposición del gobierno de Eruviel Ávila incluye una forma de conteo y senso que le permita contar con números manejables y trazar estrategias para incidir en la opinión pública y respaldar futuras elecciones. Esto es mucho especular, cierto. Sin embargo, no podemos concederle menor crédito cuando para los priístas éstas son prácticas que alguna finalidad tienen para sus intereses políticos ya que son capaces de activar el poder y la autoridad que ostentan para llevar a cabo esta dinámica.