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Por Rubén Ignacio Pedraza.- Ante la adversidad es común ver a la clase política utilizar frases prefabricadas o que son de “relumbron” dignas de ser colocadas en los encabezados de las notas y en el ojo del huracán de las críticas, manifestaciones burdas que dan pie a la sátira y por consiguiente al escarnio público. Tales declaraciones son la salida falsa ante situaciones complicadas en las que se ven inmersos los actores políticos, siendo un recurso discursivo fácil ante la imposibilidad de solucionar problemas, en algunos casos, y en otros la incompetencia para actuar.
El autodenominado “mejor presidente que Juárez” es un claro ejemplo de la implementación de lo discursivo ante la carencia de capacidad para asumir decorosamente la primer magistratura del país; Vicente Fox recurrió a este recurso en múltiples ocasiones, pero fue desde antes de ser presidente cuando aseguro que “en quince minutos arreglaba Chiapas”, conflicto que hasta la fecha no ha sido solucionado; tal actitud indecorosa del ex presidente fue distintivo de su gestión, a tal grado que tuvieron que asignarle un vocero para que pudiera interpretarle a los medios, y corregir tales ocurrencias.
También es de señalar las torpezas declarativas de Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación durante una parte de la administración de calderonista, quien en 2010 ante los serios cuestionamientos sobre la exacerbada violencia y la cifra de civiles víctimas de la mal llamada “guerra contra la delincuencia organizada” contesto exaltado y en tono bravucón “yo me siento tranquilo”; y claro que podía sentirse tranquilo de contar con una multitudinario aparato de seguridad del Estado Mayor Presidencial, seguridad de la que carecen el 99.9% de los mexicanos, ciudadanos que fueron víctimas de un improvisado ejercicio de seguridad pública.
A la clase política gobernante se le olvida que lo importante es situarse en un contexto de realidad, y es entonces cuando se pueden encontrar las rutas para tejer estrategias, tácticas y planes para alcanzar estabilidad y la tan anhelada paz social. El hecho de negar una realidad inminente solo retrasa la posibilidad de actuar y responder ante los hechos adversos, no se puede sostener por ningún motivo que “en Michoacán esta todo tranquilo”, eso es una seria omisión y constituye también la puerta fácil o falsa para ganar tiempo en lo declarativo y perderlo en los hechos.
El 1 de agosto dos declaraciones complicadas surgieron a raíz del encuentro que se llevó a efecto en la Secretaria de Gobernación federal, por una parte el titular de esta dependencia Osorio Chong prometió que ante la ola de hechos violentos “Municipio por municipio devolveremos la paz a Michoacán”, refiriéndose al envió de más tropa y más policías, cuando el estado requiere preferentemente desarrollo económico, industrial, social y educativo, como instrumentos para solo iniciar un proceso de superación de la adversidad.
En esta misma fecha el Gobernador Interino de Michoacán se auto emplazo a que “a más tardar en dos semanas la percepción de mejoría en el estado se verá reflejada” al día de hoy, 24 horas después de haberse cumplido este término fatal autoimpuesto, por ningún lado se percibe esa mejoría. La salida fácil es declarar por declarar, en estos tiempos que la ciudadanía necesita se le hable con la verdad y se le situé en la realidad que padece el estado y exige que los tres niveles de gobierno trabajen de manera eficiente para superar la adversidad por la que atraviesa el estado.
Es más que claro que el gobierno estatal y federal no tienen varitas mágicas para resolver la crisis que enfrenta Michoacán, pero si tienen la obligación expresa por las leyes de procurar la justicia, el desarrollo, la seguridad y la gobernabilidad, por ello es determinante que en los hechos se perciba la funcionalidad de la administración pública para recomponer el rumbo, que dé certidumbre a millones de ciudadanos.
El acuerdo por Michoacán impulsado inicialmente por los Senadores de esta entidad, solo puede tener viabilidad si se traduce en programas, obras y políticas efectivas en el combate a la pobreza, la creación de infraestructura, mejora de los servicios básicos, el abatimiento del rezago educativo, que fomente la industria y la inversión, entre otras cosas; de contar con estas características será un acuerdo funcional y benéfico para el estado, donde se establezcan y asuman las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno y de los diversos sectores.
Si este acuerdo se teje en la frialdad de un manuscrito de buenos deseos y verborrea pura, será un fallido pacto más, que reencarnara otro engaño mediático para taparle el ojo al macho y seguir con la casa tirada.
