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México, D.F., 17 de julio del 2013.- Los pasados comicios del 7 de julio celebrados en 13 entidades del país se caracterizaron por las conocidas prácticas de defraudación e inhibición del voto que cada tres años instrumenta el partido en el gobierno para mantener su hegemonía regional y cancelar la alternancia en muchos lugares en los que nunca ha existido un partido diferente desde la instauración del sistema electoral implementado en México.
Hortensia Aragón Castillo. Coordinadora Nacional Foro Nuevo Sol, del Partido de la Revolución Democrática, declará que en prácticamente todo el país el canje -a la “antigüita”- de credenciales de elector por despensas, enseres domésticos, materiales para la construcción y dinero en efectivo antes y durante la jornada electoral se convirtió en una práctica común realizada a plena luz del día sin el menor pudor por parte de operadores del PRI, a pesar de la existencia de un mayor número de herramientas tecnológicas, como cámaras de video y teléfonos con cámara fotográfica que testimoniaron los actos de mapachería cometidos en perjuicio de la democracia.
Ello sin contar las acciones realizadas por integrantes de grupos del crimen organizado que inhibieron la presencia de la gente en las urnas con amenazas de muerte previas a quienes osaran presentarse a votar, además de los asesinatos cometidos contra los candidatos que se negaron a alinearse a sus políticas o a cumplir sus peticiones de cara al nuevo gobierno.
Está claro que en la primera elección federal después de los comicios presidenciales de 2012 Enrique Peña Nieto no se iba a arriesgar a repetir la estrepitosa derrota sufrida en el 2010 por su partido, el PRI, que significó perder ante la coalición PRD-PAN por primera vez tres gubernaturas y un buen número de las más importantes ciudades catalogadas como priistas de toda la vida.
Si en 2010 la clave del triunfo aliancista se cifró en buena parte en el alto porcentaje de personas que acudió a las urnas, que posibilitó vencer el abstencionismo, aprendida la lección en esta ocasión Peña Nieto hizo todo lo posible para inhibir la presencia de los ciudadanos en las urnas.
El cometido se cumplió, tal como lo muestra el porcentaje de votantes y de votos registrados en los 14 estados, que en muchos casos no rebasó el 30 por ciento y que por esa razón apuntan a convertirse en los más bajos de la historia moderna del país.
Si a lo anterior le sumamos que durante el proceso electoral que está a punto de concluir en muchos lugares no se pudieron concretar alianzas con los llamados aliados históricos de la izquierda, lo que significó la atomización del voto opositor, podemos afirmar que las elecciones del 7 de julio fue un remar contra corriente para el PRD aprovechado en buena parte por el PRI, pero también por el PAN que, como lo muestran los números, resultó el mayor beneficiado de la alianza PAN-PRD en los seis estados en que se concretó.
Es justo mencionar que al interior de nuestro partido se repitió un proceso de selección de candidatos nada terso en el que se volvió a relegar la representatividad y competitividad de buenos aspirantes para darle prioridad al supuesto peso de determinadas corrientes, que desgraciadamente respondió al amiguismo y al pago de cuotas, que se vio reflejado en el bajo nivel de votación obtenido por los mismos, que a su vez significó la pérdida de importantes municipios y diputaciones en estados como Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, por sólo citar algunos.
Aunque la dirigencia de nuestro partido considera que los resultados obtenidos no son malos al ser esta la primera elección en la que el PRD acude a competir sin el impulso que representaba la presencia de Andrés Manuel López Obrador como perredista, de ninguna manera se puede validar como aceptable dicho balance, pues hacerlo sería desconocer la crisis interna y de identidad en que nos encontramos tras la firma del Pacto por México.
Los números finales de nuestra participación en los comicios del pasado domingo deben ser un llamado de atención para sentar las bases de una profunda renovación que le devuelva al PRD su lugar como fuerza de oposición, pues de continuar dicha tendencia se corre el riesgo de que para 2015 se reinstaure el bipartidismo del PRI y el PAN de los años 80 y 90 que tanto daño le hizo a la economía y a la base social de nuestro país.
La ruta es clara para el Partido de la Revolución Democrática: el Congreso Nacional propuesto para realizarse en el mes de septiembre deberá concretar una profunda reforma estatutaria que le permita recuperar la institucionalidad y fortaleza democrática de sus órganos autónomos y de dirección, así como redefinir la línea política que coloque al PRD como la alternativa de izquierda que se requiere en México para enfrentar los estragos que el modelo económico promovido por los gobernadores de derecha del PRI y el PAN ha dejado en todo el país.
