Morelia, Mich., a 04 de julio de 2013.- En Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXXII Legislatura del H. Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.
El objetivo de esta ley es proporcionar mejores herramientas jurídicas, mecanismos institucionales y medidas afirmativas que coadyuven en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, reconociendo que para proporcionar a las víctimas el tratamiento requerido y los servicios idóneos para suministrarles atención e información adecuadas, es necesaria la actuación de una amplia variedad de instancias.
Los servicios del estado en la materia, en sus diferentes niveles de gobierno, deben ser lugares donde las mujeres se sientan seguras, tratadas con respeto y no estigmatizadas, y donde reciban información y apoyo de calidad. De ahí la importancia de que los Poderes del Estado unan esfuerzos y articulen respuestas integrantes para esta problemática, citaron los legisladores.
Por lo anterior, la referida Ley establece con claridad las facultades y obligaciones de las autoridades responsables, la parte procedimental para la aplicación de servicios jurídicos, psicoterapéuticos y médicos, así como la emisión de órdenes de protección y la de responsabilidades, que permitan hacer exigible a las mujeres la aplicación clara, eficaz y sencilla de lo que adolece esta legislación.
En la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán se fortalece y precisan las facultades de los operadores jurídicos de la Ley, al igual que el funcionamiento del Sistema Estatal y de sus Subsistemas. Se integra además a la Comisión de Equidad y Género como representante del Congreso y para encabezar el proceso de armonización legislativa, en especial de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Cabe señalar que la iniciativa de Ley fue presentada por las Comisiones Unidas de Equidad de Género y Justicia, integrada por las diputadas Cristina Portillo Ayala, Bertha Ligia López Aceves y Daniela de los Santos Torres, así como Selene Lucía Vázquez Alatorre, José Sebastián Naranjo Blanco, María Eugenia Méndez Dávalos y Marco Polo Aguirre Chávez, respectivamente.