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México, D.F. a 16 de junio de 2013.- La reforma educativa, para la evaluación del desempeño y la profesionalización docente, no debe representar bajo ninguna circunstancia un atentado contra el derecho adquirido históricamente por el normalismo y el magisterio mexicano en el proceso de las conquistas laborales, sino que por el contrario, debe abrir la posibilidad al fortalecimiento y reivindicación de la función docente, desde una la política de ingreso y de formación de los futuros docentes, que tenga en cuenta la necesidad de la sociedad para disponer de un número suficiente de personal docente, que reúna las cualidades morales, intelectuales y físicas necesarias, así como los conocimientos y la competencia requeridos, enfatizó el Senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco.
En las últimas dos semanas, el senador michoacano ha encabezado los trabajos de la bancada del PRD en la Cámara Alta en las mesas técnicas de análisis y cabildeo para la conformación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, en especial la Ley de Evaluación y la de Profesionalización Docente, en donde las propuestas de la izquierda han encontrado consenso en las otras fuerzas políticas.
Las propuestas en materia de evaluación fueron también expuestas por el Senador Morón Orozco en el marco del Foro “Hacia la creación de un Servicio Profesional Docente: Diálogos necesarios sobre evaluación, formación e implementación”, efectuado este fin de semana y organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Ante investigadores, senadores, diputados federales y secretarios de educación de varias entidades federativas, Morón Orozco enfatizó que en la izquierda “estamos convencidos de que haber aprobado esta reforma, en los términos del texto constitucional, en relación con el Servicio Profesional Docente, y especialmente en los términos de la adición a la fracción III del artículo 3º y 73 fracción XXV de la Constitución, publicada el pasado 26 de febrero del año 2013, representa una oportunidad para transitar de un sistema educativo discrecional, relajado y en cierto sentido desarticulado, a un sistema educativo transparente, equitativo, organizado, sistematizado y sobre todo eficiente en términos de su calidad y de sus resultados”.
En este contexto, Morón Orozco enfatizó que es indispensable que entre los grupos parlamentarios y las Comisiones de Educación, de la Cámara de Diputados y Senadores, que han sostenido enfoques distintos a los propuestos en la reforma constitucional y los proyectos de legislaciones reglamentarias, se discutan los elementos que han de integrar el Sistema Nacional de Evaluación y el Servicio Profesional Docente, escuchando todas las voces e integrando además de las propuestas de los interesados, otros planteamientos al debate, procedentes de organizaciones de la sociedad civil, de investigadores y centros de investigación, de organismos autónomos como el INEE, universidades, especialistas en el tema, gobiernos locales, organismos descentralizados en la educación media superior y por supuesto académicos de la talla de los que hoy aquí se encuentran presentes.
Destacó que en este contexto, el Servicio Profesional Docente, debe centrarse en un enfoque de derechos, por cuanto genere certidumbre para los docentes del respeto irrestricto de sus derechos laborales adquiridos en el sector educativo, en donde la evaluación de desempeño sea sólo un medio para corregir deficiencias y mejorar todos los aspectos importantes del proceso educativo, comenzando por la profesionalización y especialización del servicio a partir de la formación, la capacitación y la actualización de conocimientos y adquisición de nuevas herramientas, habilidades y destrezas.
“En el Servicio Profesional Docente, la permanencia en el servicio y los derechos escalafonarios, deberán guiarse siempre bajo el principio de definitividad, inamovilidad laboral y derechos de escalafón de los trabajadores burocráticos establecidos en la fracción IX del artículo 123 Constitucional apartado B y fracción XXII del Apartado A del mismo artículo de la Carta Magna, que puntualmente hacen referencia a las causas del despido o cese del servicio sólo en casos de causa justificada establecidos por la ley laboral, entre las cuales no se encuentra la separación del trabajo por evaluación del desempeño, sin llegar a establecer por lo mismo, ninguna forma de flexibilización laboral, contratación a prueba, desconocimiento de derechos y despidos sin responsabilidad patronal, contraria al espíritu constitucional, pues en el artículo 123 Constitucional apartado B y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en sus diversos artículos 6, 7, 10, 47 al 66 y en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 35 y 39 incisos A, B y D.
“En ningún momento se condiciona el nombramiento, ascenso, escalafón o promoción laboral a contratos a prueba, de capacitación inicial o evaluaciones de desempeño o certificación laboral mediante el ingreso, promoción o permanencia en el Servicio Profesional Docente, de tal forma que en la legislación reglamentaria, no debe ninguna disposición jurídica que vaya en contra otra norma constitucional o legal, sino que por el contrario, un principio básico de este Servicio Profesional Docente, será en todo momento el respeto a los principios de legalidad, certidumbre, seguridad jurídica, estabilidad y justicia laboral de los trabajadores docentes”, destacó Morón Orozco.
El legislador federal expuso que los resultados del sistema educativo nacional, al menos durante las últimas tres o cuatro décadas, han tenido una relación directa con el modelo y política educativa vigente desde 1970, que comenzó con el proceso de descentralización educativa de 1978 a 1992, primero bajo un esquema de delegaciones federales y luego con la creación de Secretarías Estatales, que obligó al establecimiento de burocracias educativas improvisadas y mal organizadas, apoyadas en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal.
Dicho proceso que dejó incompleto el compromiso de descentralización financiera de los fondos para la educación de 1992 al 2013 y que entre otras cosas, ha obligado a los estados a cubrir el 34% del financiamiento educativo que antes asumía al 100% la federación, generando en muchos de los casos, el endeudamiento público y déficit financiero en el que hoy se encuentran una buena parte de las entidades federativas, para poder cumplir con muchas dificultades el servicio educativo.
Raúl Morón agregó que por otra parte, las acciones de profesionalización docente, impulsadas por el Gobierno Federal, a través de la Carrera Magisterial en 1993 y de la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008, tampoco resultaron suficientes, -a pesar de sus esfuerzos- para mejorar la calidad del proceso educativo, ni para alcanzar la profesionalización docente y directiva; pues se trataba de un programa convenido, cuya obligatoriedad era relativa, basado centralmente en la evaluación del desempeño y no en la integralidad y conexidad de los componentes del sistema educativo, con escasas acciones de formación, capacitación y actualización docente y con amplia discrecionalidad para el ingreso y la obtención de beneficios a quienes participaban en dichos programas.
“Para generar la equidad educativa, en todas las entidades del país, era indispensable que los responsables del establecimiento de las fórmulas de distribución de recursos del FAEB (Fondo de Apoyo para la Educación Básica) del que sólo se benefician 5 Estados de la república mexicana (Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz) incorporaran indicadores de equilibrio y compensación como la pobreza y la marginación social, para el otorgamiento de un mayor número de recursos a los estados y municipios con mayor marginación y rezago, que permitieran invertir el fenómeno de pobreza igual a educación de mala calidad y educación de mala calidad igual menor desarrollo, menores oportunidades y mayor pobreza”, destacó.
Morón Orozco sostuvo que durante varias décadas, se ha insistido en que las reformas curriculares en la educación básica y normal no sean diseñadas desde el escritorio, sin tomar en cuenta el contexto regional y la perspectiva del docente, sino que resulta imprescindible que en toda reforma educativa, como la que hoy se encuentra en curso, se privilegie la participación activa del magisterio para el diseño de la política educativa y sobre todo de la política docente, donde el enfoque de la evaluación formativa y de mejora continua, se coloque por encima de la evaluación punitiva.
“Por otra parte, es necesario señalar, porque se trata de un tema de profundo interés colectivo, tan sensible e importante para el país, que involucra e interesa al conjunto de sectores, actores e instituciones relacionados con la educación, que tanto la construcción de la legislación reglamentaria como el proceso de implementación de la evaluación educativa y del servicio profesional docente, deben cimentarse sobre la base de la participación del magisterio y de sus organizaciones, considerando que el progreso de la educación depende en gran parte de la participación, formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador, que la situación del personal docente debe corresponder a las exigencias de la educación, definidas con arreglo a los fines y objetivos docentes, que el logro completo de estos fines y objetivos exige que los educadores disfruten de una situación justa y que la profesión docente goce del respeto público que merece”.
Al concluir su exposición, Raúl Morón destacó que la enseñanza debe considerarse como una profesión cuyos miembros prestan un servicio público; esta profesión exige de los educadores no solamente conocimientos profundos y competencia especial, adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos y continuos, sino también un sentido de las responsabilidades personales y colectivas que ellos asumen para la educación y el bienestar de los alumnos de que están encargados.
“El Estado está obligado a reconocer a las organizaciones magisteriales, como una fuerza que puede contribuir considerablemente al progreso de la educación y, que por consiguiente, deben participar en la elaboración de la política educativa.
Sólo el cumplimiento de estas premisas, puede legitimar socialmente el proceso de la reforma educativa y su legislación reglamentaria, no como el resultado de un acuerdo político entre partidos o grupos parlamentarios, sino como el resultado de un amplio proceso de consulta, discusión y propuestas, provenientes de los principales actores del sistema educativo”.
