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Morelia, Mich., 10 de junio del 2013.- Con el objetivo de transparentar la entrega de recursos públicos y la rendición de cuentas, se someterá ante el pleno de la LXXII Legislatura la iniciativa de Ley de Fomento y Fortalecimiento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en Michoacán, la cual será presentada por los integrantes de la Mesa Directiva de la Organización “Colectivo de Organizaciones Michoacana en Pro- Derechos Humanos, A.C, y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado.
En la exposición de motivos se establece que si bien se ha constituido el marco y el contexto para el desarrollo pleno de las organizaciones civiles esto enfrenta serios obstáculos en las entidades federativas, ya que no existe obligación de que legislen en concordancia con la ley federal en la materia.
Y es que la mayoría de los gobiernos locales son reacios a extender los beneficios y apoyos para el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y se sigue manteniendo formas tradicionales, corporativas y clientelares, de relación con los ciudadanos.
Por ello con la finalidad de que los apoyos que se entregan realmente beneficien a la población, es por ello que los diputados Silvia Estrada Esquivel, Fidel Calderón Torreblanca, Cristina Portillo Ayala, Elías Ibarra Torres, Erik Juárez Blanquet, Eleazar Aparicio Tercero, Armando Hurtado Arévalo, Francisco Bolaños Carmona y Osbaldo Esquivel Lucatero suscribieron dicha iniciativa con el colectivo de Organizaciones Michoacanas en Pro Derechos Humanos, A.C, misma que este martes será presentada ante el pleno de la LXXII Legislatura.
Dicha propuesta tiene su fundamento en los diversos foros de consulta realizados con las organizaciones en el Estado, y con lo que se busca contribuir a la vida democrática de nuestro Estado y lograr la transparencia en la entrega de recursos públicos a las agrupaciones.
Como antecedente, en Michoacán se han presentado tres propuestas de ley en la materia, sin embargo, a la fecha no se ha aprobado ninguna, y una realidad es que resulta apremiante que el Estado cuente con esta norma, ya que si bien se tienen sobre registros de cuántas organizaciones hay, se carece de un censo real y confiable.
Asimismo, los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y diputados del PRD coinciden en qué es apremiante el marco jurídico en la materia, con la finalidad de fortalecer a las agrupaciones como un actor social e incluso, como instancias que han contribuido a impedir el deterioro del tejido social en condiciones de inseguridad pública y de violencia social, que además garantice condiciones de dignidad y suficiencia presupuestal para su operación; y se contribuya a erradicar el ejercicio de discrecionalidad con lo que pudiesen actuar las autoridades.
Dicha propuesta es preciso aclarar, surge de las propias organizaciones de la sociedad civil en Michoacán, no suspende la vigencia de las otras leyes que se relacionen, reconoce y establece la obligación de fomentar por parte de la autoridad el quehacer de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y las considera instituciones de interés social y público.
Asimismo con dicha propuesta, -es preciso mencionar- se brinda seguridad jurídica pues constituye a eliminar el trato discrecional, además se establecen varios derechos con los que las organizaciones, y se orientan a construir una nueva relación de corresponsabilidad con la autoridad.
