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Morelia, Mich., 30 de mayo del 2013.- En Michoacán hay alrededor de 85 mil personas con alguna discapacidad y debido a que el 10 por ciento de la población en nuestro país tiene capacidades diferentes y sólo cuentan con el apoyo moral y económico de sus familiares, y quienes en la mayoría de los casos viven en extrema pobreza, urge que las autoridades municipales y estatales den un trato justo, equitativo, y destinen una partida especial en sus presupuestos para otorgar apoyos económicos a este grupo poblacional, exhortó el diputado Osbaldo Esquivel Lucatero.
El legislador del sol azteca, e integrante de la Comisión de Salud en la LXXII Legislatura, sostuvo que es indudable que este grupo de personas están restringidas a la misma oportunidad laboral de quienes no la padecen, por eso resulta necesario y apremiante ayudar a quienes más lo necesitan.
Asimismo, comentó que desgraciadamente muchas de las personas con discapacidad no tienen un trabajo y menos ingresos, por lo que es viable que las autoridades les brinden apoyos económicos mensuales y con ello se estaría cumpliendo con lo dispuesto por la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado.
Osbaldo Esquivel recordó que hace unos días presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo sobre el tema, pero que es necesario que las autoridades hagan consciencia y se sensibilicen en el tema.
Sostuvo que es una función del Estado promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien la ley establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad; las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, “no podemos hacernos los ciegos, las personas con discapacidad sufren de muchas carencias y discriminación”.
Consideró que los programas hasta hoy implementados en atención a este sector poblacional no cubren ni siquiera el uno por ciento de grupo poblacional que tiene alguna discapacidad, y más cuando se sabe que el 10 por ciento de nuestra sociedad tiene una capacidad diferente.
Puntualizó que las discapacidades en las personas se definen como la exteriorización funcional de las deficiencias o limitaciones físicas o mentales que al relacionarse con el contexto social producen minusvalías, que es indiscutible que día a día aumenta el número de personas en esta condición, y más que un mal genético se convierte en un ahogo económico para quienes llevan el sustento de sus familias.
Este sector poblacional merece justicia, y además de lo económico debe de impulsarse una serie de mecanismos jurídicos con los cuales las personas discapacitadas accedan plenamente a todos sus derechos humanos, para que a su vez también participen en la sociedad en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad que adoptó la Asamblea General en 1982.
