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México, D.F; 23 de mayo de 2013.- El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su secretario de Planeación, manifestó su respaldo a las acciones legales y jurídicas emprendidas por el gobernador Arturo Núñez para acabar con la corrupción y la impunidad que privó en Tabasco durante los gobiernos priistas que le antecedieron, en especial durante el sexenio de Andrés Granier Melo, al que se le acusa de un desvío de recursos por el orden de mil 900 millones de pesos.
Para Vladimir Aguilar García, el hallazgo de los casi 90 millones en efectivo en el domicilio de José Manuel Saiz Pineda, ex tesorero de Granier Melo, confirma las acusaciones hechas por el actual gobierno perredista en la entidad sobre la dilapidación de recursos en contra de las finanzas del estado, así como los señalamientos sobre la ostentación y el lujo por parte del ex mandatario y su familia a costa de los dineros públicos que pertenecen a los tabasqueños y las tabasqueñas.
Indicó que el decomiso del efectivo que se encontraban en poder de uno de los hombres más cercanos al priista Andrés Granier -cuyo monto equivale a cuatro veces lo que se les incautó el año pasado en una avioneta a personeros de Javier Duarte, gobernador de Veracruz- representa tan sólo la punta del iceberg de los ilícitos financieros que cometieron “Alí Granier y sus 40 ladrones” en el sexenio pasado.
Para el perredista Aguilar García, los delitos cometidos desde las más altas esferas del poder en detrimento de la infraestructura en comunicaciones que ha ocasionado la pérdida del patrimonio a cientos de tabasqueños a causa de las inundaciones, y de la red hospitalaria que sigue afectando la salud de sus habitantes, entre otros, merecen un castigo ejemplar contra Granier Melo y colaboradores implicados, en el que José Saiz Pineda es sólo una pieza de la maquinaria de defraudación y empobrecimiento en contra de Tabasco.
El también consejero nacional del PRD afirmó que si el gobierno de Enrique Peña Nieto está tan decidido a aplicar la ley sin distingo de colores partidistas, proceder contra Andrés Granier debe convertirse en una obligación moral.
“Representará la prueba del ácido para la Procuraduría General de la República para saber si realmente va a procurar de justicia o va a continuar solapando la impunidad que se mantiene intacta en estados como Coahuila, Zacatecas y Chiapas, señalados por el manejo poco claro de las finanzas públicas que representan una fuente de financiamiento a candidatos a puestos de elección popular en tiempos electorales”, afirmó.
Proceder de esa manera, dijo Aguilar García, sentará las bases para combatir la corrupción, el dispendio y compra de voluntades con dinero público, por lo que se necesita una reforma hacendaria en el marco del Pacto por México que debe darle mayores atribuciones de fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación para no solamente señalar y perseguir casos similares, sino evitar que se vuelvan a repetir.
