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Columna política «Mi Villano Favorito» (Por Toño Aguilera) En las últimas semanas el movimiento magisterial disidente en México (en especial en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) decidió salir a las calles a manifestar su repudio a la reforma constitucional al Artículo 3°, referente a modificaciones de orden administrativo en el tema educativo. La reforma, planteada, pactada, acordada, instrumentada y negociada entre el régimen de Enrique Peña Nieto con los dirigentes de los partidos políticos sentados a la mesa del llamado Pacto “por” México, (sin consultar a los profesores y a los padres de familia, pero en donde sí se tomó la opinión de los empresarios) pretende crear el Sistema de Servicio Profesional Docente, el cual estará integrado por concursos de ingresos para docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior. Además, busca que la evaluación magisterial, en primer lugar, no sea potestativa o voluntaria, sino obligatoria para todos los maestros.
A grandes rasgos, se trata de una reforma de corte administrativo en el ámbito de la relación obrero-patronal y no una reforma al modelo educativo, a los planes y programas de estudio y al impulso de la educación laica, gratuita, de calidad y obligatoria.
El objetivo, y lo ha señalado el secretario de Educación en varias ocasiones, es que el estado recupere “la titularidad” y el control de la educación pública en México, la cual estuvo secuestrada por décadas a manos de la ex priísta Elba Esther Gordillo y antes por el también priísta Carlos Jongitud, y por grupos fácticos sociales como la CNTE. En otras palabras, es una reforma de orden político y no en términos educativos, como reza la publicidad oficial para promover sus beneficios.
Al ser una reforma política, la respuesta por ende es política, no podría ser de otra manera: marchas, plantones, bloqueos, y protestas.
La respuesta de las organizaciones magisteriales es un modelo de lucha ya arcaico, que genera la inmediata antipatía, la crítica y hasta la animadversión de la ciudadanía, y sobre todo la indignación.
Pero cabe señalar que es la misma indignación la que ha sacado a los profesores y estudiantes a la calle: la indignación de que una cúpula política tome decisiones que afecta directamente a su condición laboral; la indignación de que el sector empresarial en México sea el más interesado en promover la evaluación y la búsqueda de la cancelación de plazas; la indignación que provoca que no se tome en cuenta su opinión para cambiar el modelo educativo en México; la indignación de que se les etiquete como los orates, los orcos, los pelafustanes, los ogros, las bestias, los enemigos de la sociedad y del progreso.
En México, y en especial en Michoacán, el 80% de las familias no puede enviar a sus hijos a las escuelas privadas, por lo que los inscriben en las públicas, y ese 80% es el que padece tanto las decisiones unilaterales del gobierno, como las posturas radicales de los profesores.
Los niños son los menos culpables de todo este jaloneo político, y están en medio de los intereses gubernamentales de otorgarle en bandeja de plata el sector educativo público al capital privado, y en medio de los intereses de los profesores por preservar sus plazas y todo lo que ello implique.
En estos días se ha impulsado una campaña de polarización, denostación y hasta de odio hacia los profesores y los estudiantes de las escuelas normales en las redes sociales y en los medios convencionales. Lo más grave es que dicha campaña se ha azuzado desde las propias oficinas gubernamentales, evidenciando la existencia de algún departamento de trolleo que diseña estrategias para atacar a los enemigos del gobierno.
Si bien está justificada, no puede ser avalada o respaldada, debido a que los ciudadanos comunes no tiene por qué resolver por sus propias manos lo que es una obligación del gobierno: establecer el diálogo y arribar a acuerdos con los profesores.
Las voces más reaccionaras piden “aplicar la ley”, un eufemismo declarativo que quiere decir “reprímanlos”. Presionando a Jesús Reyna para que comenta los mismos errores que cometió con Fausto Vallejo: usar la fuerza pública antes que la fuerza de la razón, sólo para complacer las voces conservadoras.
Sin embargo, la indignación social es parcial: en Morelia se ha aumentado la tarifa del agua hasta en seis ocasiones con los últimos tres alcaldes, y la sociedad no dice nada; la pobreza galopa rampante en Michoacán, la violencia se desborda y los asaltos están al día, y la sociedad no exige nada; la Coca-Cola explota a sus anchas los pozos de agua en Morelia, con la indolencia de la alcaldía de extracción priísta, y la sociedad no manifiesta nada, y se puede añadir un largo etcétera.
No es justo que los profesores secuestren las calles, pero tampoco es justo que el gobierno les arrebate sus plazas, como no es justo que los empresarios ambicionen hacer negocio con la educación pública, y tampoco no es justo que el gobierno se los permita.
@gaaelico
