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México, D.F., 18 de marzo del 2013.- Si en verdad busca modernizar la industria energética del país para reforzar su papel como el sector en el que se sostiene gran parte de la economía mexicana, Enrique Peña Nieto debería hacer suyo y poner en práctica el plan energético propuesto por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el Partido de la Revolución Democrática, que propone mantener intacto el artículo 27 constitucional, darle autonomía de gestión a Pemex sobre los recursos que genera la industria petrolera y evitar el cobro indiscriminado de impuestos a la paraestatal.
Hortensia Aragón Castillo, Coordinadora Nacional de Foro Nuevo Sol-PRD, señaló que darle viabilidad a una industria como la petrolera, que sostiene gran parte (70 por ciento) del aparato burocrático del país, pero que las malas decisiones asumidas por los últimos secretarios de energía y directores de Pemex (entre ellas los Pidiregas o contratos de riesgo) ponen en riesgo su nacionalización, puede ser posible a través de los ejes estratégicos que sostiene la propuesta de la izquierda encaminada a evitar su privatización.
Entre ellos, cambiar el régimen fiscal, darle autonomía presupuestal y de gestión, regular tarifas, precios y subsidios de combustibles y electricidad e impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico que fomente la transición energética y ponga énfasis en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
En un verdadero acto de democracia y de justicia con las y los mexicanos, el primer paso que tendría que dar el presidente sería hacer a un lado los afanes privatizadores respecto a la industria sobre los que viene insistiendo de manera velada desde que asumió la presidencia de la República, cuyo primer paso es el Plan Energético 2013-2028 que ha enviado al Senado para su aprobación y que busca entregar a particulares áreas estratégicas para la explotación, distribución y almacenamiento de hidrocarburos, gas, electricidad y gasolinas.
Transitar con el Plan sexenal que ha presentado Peña Nieto, que no pone freno al incremento gradual en los precios del gas y la energía eléctrica que consumen las clases populares, que evita revisar los miles de amparos y de quejas que están en curso por los ilegales cobros que se realizan a millones de familias desde la desaparición de Luz y Fuerza, que pretende quitar los subsidios a las gasolinas en perjuicio principalmente de los automovilistas de más bajos ingresos económicos y que la única alternativa para elevar la calidad de esos productos es la privatización, no es de ninguna la solución.
A Peña le deberían haber bastado los cuatro meses que lleva al frente de la Presidencia para darse cuenta que la reforma energética que en breve presentará al Poder Legislativo no pasará, pues la opinión pública tiene claro que dicho plan persigue fines privatizadores y entreguistas que atentan contra la nacionalización de la industria.
En esta fecha tan relevante para la historia del país reiteramos nuestra posición en defensa de la nacionalización de la industria petrolera, pues lo que se requiere son decisiones inteligentes y no medidas simplistas como el desmantelamiento de los más importantes activos económicos del país que pretende Enrique Peña Nieto.
