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México, D.F., 08 de marzo del 2013.- En México, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer estará marcada por el incesante crecimiento de las agresiones, la violencia y los asesinatos cometidos contra dicho sector de la población, así como por la pasividad gubernamental para frenar los delitos relacionados con dicho fenómeno, afirmó Hortensia Aragón Castillo, coordinadora nacional de Foro Nuevo Sol del Partido de la Revolución Democrática.
Señaló que dicha situación ha llevado a ciudadanos de varias entidades del país a organizarse para exigir a los gobiernos estatales el decreto de la alerta de género por el número de feminicidios conocidos en los últimos meses, en donde desafortunadamente una importante parte de esas víctimas corresponden al sector juvenil.
Aragón Castillo dijo que la violencia que ataca a las mujeres mexicanas cada vez a más temprana edad está relacionada con las erráticas políticas de seguridad, laboral, económicas y educativas instrumentadas durante los pasados sexenios panistas, que por lo que se percibe no tendrán grandes cambios en el transcurso del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mencionó que de acuerdo con el proyecto Violencia Juvenil en América, realizado por el Colegio de México y el Centro Internacional de Investigación sobre Desarrollo, entre el año 2000 y el 2008, en pleno auge del panismo, en México fueron asesinados 36 mil 444 adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años de edad.
Recordó que del total de los homicidios de jóvenes, el 12.3 por ciento (unos 4 mil 500) correspondieron al sexo femenino, en los que inciden problemas escolares y comunitarios, el desempleo, la exclusión social, la discriminación, la violencia doméstica y las relaciones con personas vinculadas con el crimen y armas, entre otros.
Aragón Castillo citó cifras periodísticas que refieren que tan sólo en Nuevo León en 2012 fueron asesinadas 132 mujeres y más de 500 niñas y jovencitas de entre 10 y 20 años fueron reportadas como desaparecidas. “Desgraciadamente, dicha entidad no es la única en la que las mujeres padecen este tipo de violencia”, apuntó.
Para la también vicepresidenta del Consejo Nacional del PRD, “a pesar de que en la mayoría de los códigos penales locales de nuestro país se han tomado las medidas conducentes para castigar con mayor rigor a los responsables de ejercer la violencia de género, con penas que rebasan los 40 años de cárcel y que alcanzan incluso los 60 años, sigue siendo inevitable que cada vez con mayor frecuencia un mayor número de mujeres aparezcan como víctimas de este tipo de acontecimientos”.
Como ejemplo citó los casos del estado de México, donde tan sólo este año se han documentado siete feminicidios y la desaparición de más de 100 mujeres. De esos casos, tres asesinatos ya han ido resueltos y unas 40 mujeres han sido localizadas. Sin embargo, en tres años las desapariciones suman más de mil y los feminicidios rebasan los 120. En Chiapas, hasta diciembre del año pasado se tenían registrados 43 casos de feminicidios sin resolver y muchos otros de violencia en sus distintos tipos basados en diferencias de género, que coloca a dicho estado entre los nueve estados del país con mayor incidencia.
En Morelos, en lo que va de la actual administración se han presentado 27 feminicidios, siete de ellos en lo que va de este año; en Coahuila, la Procuraduría General de Justicia informó que durante 2012 se consumaron un total de 110 homicidios dolosos contra mujeres, y en lo que va del año suman ya 16 en todo el estado. En Hidalgo, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría del Estado, de 2009 a 2011 han ocurrido 93 asesinatos de mujeres. De ellos, la autoridad revela que se desconoce la edad de 60 de las víctimas, 17 tenían entre 21 y 30 años, 10 más entre 11 y 20 años y en ocho de 40 a 60 años.
Recordó que en un estudio presentado recientemente por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, en el Senado de la República, refiere que las nueve entidades que registran una tendencia creciente de homicidios de mujeres son Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
Desafortunadamente, indicó Aragón, la violencia contra las mujeres no se remite solamente a los casos en lo que éstas han perdido la vida”, acotó.
“Ésta se encuentra claramente asociada con las más de 26 mil desapariciones forzadas reconocidas por el gobierno de Peña Nieto y con la explotación sexual con fines de trata en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades que presentan la mayor incidencia del delito, que genera ganancias 10 mil millones de dólares anuales”.
Subrayó que “todas estas derivaciones de la violencia contra las mujeres tienen como origen el entorno socioeconómico adverso en el que actualmente nos encontramos, que encuentra en la impunidad prevaleciente en el sistema de justicia mexicano su mejor caldo de cultivo”.
Citó datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que refieren que en México las mujeres víctimas de violación sexual suman más de 14 mil al año, cifra de la cual el 74 por ciento son menores de 14 años y 81 por ciento de ese total son niñas. Asimismo, cifras de Amnistía Internacional indican que el nivel de impunidad que existe en México contra agresores de mujeres es tal que menos del 5% de los casos de violencia sexual contra ellas se castiga.
Hortensia Aragón Castillo sentenció que para que este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer se convierta en una verdadera celebración, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene el deber de instrumentar una política de seguridad que evite que las mujeres sigan siendo víctimas dentro de la diversificación de delitos que se llevan a cabo en nuestro territorio.
Para ello, dijo, urge que el sistema de justicia se modernice para acabar con el rezago existente en el número de averiguaciones previas, que ocasiona los niveles de impunidad que se tienen registrados. Es imperativo que la aplicación de la justicia deje de ser selectiva y que se evite usarla como arma con fines políticos.
Los gobiernos de los estados, por su parte, tienen que dejar de evadir sus responsabilidades y ponerse a atender los graves problemas que aquejan a las mujeres, entre ellos las miles de denuncias relacionadas con la trata de personas, delito en el que al parecer están coludidas autoridades de las más altas esferas gubernamentales.
En el plano legislativo, la reforma electoral que se encuentra dentro de las prioridades del acto por México debe avocarse, entre otros puntos, a garantizar una verdadera igualdad entre los géneros, a fin de acabar con la sub representación de las mujeres en las cámaras por la violación a la norma electoral desde el seno de los diferentes partidos políticos, finalizó.
