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- Propone establecer también el derecho a una pensión alimentaria, que sea universal.
México, DF, a 28 de febrero de 2013.- El Senador de la República, Raúl Morón Orozco presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos de las personas adultas mayores, a fin de que Estado de garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, y donde se contempla el derecho a una pensión alimentaria, que sea universal.
Para ello, el Legislador michoacano propuso que los derechos de los adultos mayores deben estar incluidos en el artículo 4, en donde se gozan de los demás derechos que establece la constitución para todas las personas, toda vez que el tema del envejecimiento digno debe ser una prioridad de gobierno y política de Estado.
“Buscamos hacer explícito el deber del Estado de garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, atenderá los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Igual de relevante es establecer el derecho a una pensión alimentaria, que será universal. Tiene como antecedente la existencia de pensiones no contributivas en diversas entidades federativas”, destacó en Tribuna el Senador por Michoacán.
En la iniciativa se contempla además establecer la obligación del Estado de promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda.
También, se busca definir que las leyes establezcan la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y las sanciones aplicables en dichos casos.
La iniciativa con proyecto de decreto, busca adicionar los párrafos 13, 14 y 15 al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las personas adultas mayores y el envejecimiento. La propuesta de reforma queda de la siguiente manera:
“Artículo 4o. …
Toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno, activo y productivo. Es deber del Estado garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, atenderá los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
Las personas mayores de 65 años de edad tienen derecho a recibir una pensión alimentaria. El Estado garantizará el ejercicio universal de este derecho.
El Estado promoverá la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral y la vida productiva, así como a la atención de la salud, la educación y la vivienda. Las leyes establecerán la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y establecerán las sanciones aplicables en dichos casos”.
Adultos mayores en México enfrentan realidad compleja
En la exposición de motivos, Raúl Morón Orozco destacó que ante la incertidumbre económica y la inseguridad alimentaria que padecen una inmensa cantidad de personas adultas mayores en el país, el grupo parlamentario del PRD propone establecer en la Constitución el derecho universal a una pensión alimentaria. Ello, independientemente de la situación laboral de las personas.
“Uno de los grandes desafíos a enfrentar, es garantizar un envejecimiento digno a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. También, debemos construir una sociedad para todas las edades. Para ello, se requieren definiciones de largo plazo, que tengan claridad sobre la magnitud de los requerimientos del país como resultado del proceso de envejecimiento”, destacó el Legislador.
Para poner en marcha esta propuesta, Raúl Morón destacó que se requiere de un Plan Estratégico para el presente y el futuro que siente las bases una nueva relación entre Estado y sociedad, que rescate el humanismo, el sentido solidario, los objetivos sociales, y reconozca la experiencia de las personas adultas mayores y su enorme contribución al desarrollo del país. Este plan, debe poner en el centro su dignidad como personas.
La situación que enfrentan los adultos mayores en México es sumamente compleja, destacó el Legislador y detalló que en el Censo de Población y Vivienda del INEGI realizado en el año 2010, se mostró que había 10.1 millones de personas de más de 60 años, que equivale al 9% de la población. De acuerdo a las proyecciones, para 2050, las personas adultas mayores representarán el 30% del total de la población nacional.
“En México, la realidad cotidiana de las personas adultas mayores está marcada por la violencia, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el maltrato, la discriminación, las necesidades insatisfechas, la exclusión o la precariedad. Tan sólo en los primeros cinco meses de 2012, la CNDH documentó 309 casos de quejas de maltrato a adultos mayores víctimas de negligencia, inadecuada atención en el suministro de medicamentos e incumplimiento en el pago de pensiones”.
Añadió que en México, la vejez comúnmente va asociada con la pobreza. De acuerdo con el CONEVAL, en datos del 2010, 45.7% de las personas mayores de 65 años viven en pobreza, que equivale a 3.5 millones de personas. Más de 800 mil viven en pobreza extrema. El 77.1% tiene al menos una carencia. En las cifras del citado organismo, 66% de las personas en dicho rango de edad presentaban rezago educativo, es decir, 5.1 millones de personas, cerca la mitad de la población adulta mayor.
Asimismo, casi 4 millones de personas de 65 años o más presentaron niveles de ingresos inferiores a la línea de bienestar, o sea, carecen de lo mínimo para subsistir, 1.6 millones presentaron carencias en alimentación y 1.3 millones carencias en servicios básicos de vivienda.
Raúl Morón destacó que otro grave problema, es el de la violencia contra los adultos mayores, que también ha permanecido invisible ante las autoridades. El Colegio de México, documentó en un estudio que al menos 16% de los adultos mayores en el país sufre de algún tipo de maltrato, el doble que el promedio de América Latina. Las formas de agresión son sobre todo de carácter psicológico, de abuso físico, económico y sexual.
En materia laboral, de acuerdo al Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, de un total de 10 millones 633 mil adultos mayores, alrededor de 7 millones no tienen trabajo. Casi 3 de cada 10 adultos mayores que reportaron estar ocupados durante el primer trimestre de 2012, percibe hasta 1 salario mínimo diario por su trabajo. Otro grupo importante de ellos (21%), recibe hasta 2 salarios mínimos. Asimismo, el 12% de las personas adultas mayores que trabajan no reciben ingresos. Es decir, en pleno siglo XXI hay adultos mayores que viven condiciones de verdadera esclavitud, laborando jornadas arduas, sin salario, a veces explotados por su propia familia.
“Si sumamos los anteriores porcentajes, podemos concluir que el 60%, o sea 6 de cada 10 personas adultas mayores que trabajan lo hacen en condiciones precarias. Los contratos laborales no garantizan a las personas adultas mayores el acceso a la seguridad social, pago conforme a la ley, y generalmente no se toma en cuenta su sexo, edad, y experiencia de trabajo, lo que se tra¬duce en actos de discriminación y desigualdad. La mayoría de quienes perciben una pensión consideran que son insuficientes. Pero lo más grave, es que 7 de cada 10 están excluidos del mercado laboral, aunque muchos de ellos desean continuar una vida activa y productiva”.
El legislador michoacano destacó que en buena medida, la exclusión social que enfrentan las personas adultas mayores, deviene de un modelo económico que promueve una visión mercantilista, utilitaria e individualista, que pone el interés económico por encima de cualquier sentido humanista y de los principios de justicia social que están plasmados en la Constitución.
