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México, D.F; 22 de febrero de 2013.- Las conclusiones que presentó la Auditoría Superior de la Federación respecto a las mil 111 auditorías practicadas a la cuenta pública 2011 del gobierno de Felipe Calderón, confirman que durante el pasado sexenio el gobierno mexicano nadó en medio de una cloaca de corrupción auspiciada desde el Poder Ejecutivo, que favoreció a los poderes fácticos que convalidaron el fraude electoral del 2006, entre ellos el sindicato de maestros que comanda Elba Esther Gordillo y los grandes consorcios empresariales que encabezaron la guerra sucia, situación que urge revertir.
Los señalamientos derivados del trabajo realizado por Juan Manuel Portal dejan en evidencia que los festejos del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana sirvieron como la pantalla perfecta para la realización de grandes negocios realizados al amparo del poder para favorecer a funcionarios de alto rango y amigos y familiares del presidente el turno, todo en contra del erario público señaló Vladimir Aguilar García, Secretario de Planeación del CEN del Partido de la Revolución Democrática
Los responsables de las graves anomalías y malos manejos detectados en prácticamente todas las dependencias del gobierno federal mexicano, entre ellas los gastos improcedentes detectados en la Estela de Luz, los sobreprecios en los paquetes turísticos ofertados por Turissste, el incremento en el precio final del Parque Bicentenario, los turbios contratos realizados sin licitación en la red de hospitales del IMSS y del ISSSTE para supuestamente dotarlos de la conexión inalámbrica de internet, entre otros, no pueden seguir durmiendo el sueño de los justos.
La sola presunción de los ilícitos que ahora se denuncian ameritan la actuación inmediata del gobierno de Enrique Peña Nieto para llamar a cuentas a los ex funcionarios que en ese momento se encontraban al frente de las secretarías de Gobernación, Educación, Función Pública y Hacienda, y a los directores de dependencias como el Conaculta, el ISSSTE y el IMSS, entre otras, para fincarles, sí así lo ameritan, responsabilidades penales por las graves afectaciones ocasionadas a las arcas nacionales.
Esperamos, como partido de oposición, que las 134 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República no se queden sólo en eso y que, en un acto de justicia, se deslinden finquen cargos contra los responsables de un escándalo financiero de tal envergadura, que servirá para saber de qué está hecho realmente el gobierno de Peña Neto.
Finalmente, si Peña Nieto quiere dar un ejemplo de congruencia con el discurso de transparencia y rendición de cuentas que tanto presume, y para que en la cuenta pública del 2012 algunos no se digan sorprendidos, el presidente de la República debe decirle a los mexicanos dónde quedó la mayor parte de los 150 millones de pesos que se le entregaron por concepto de gastos para su equipo de transición, de los cuales, según confesó en su momento, sólo se gastaron alrededor de 20 millones de pesos.
