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(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 21 de febrero de 2013.- Entidad pluriétnica que ha sido imán turístico desde hace décadas, Oaxaca vive hoy crisis recurrentes de naturaleza política que juegan en contra de la viabilidad del modelo de los gobiernos de “transición”, al menos en ese estado. Simulación, violación de la ley, ingobernabilidad y retórica constituyen los ingredientes de una conspicua correlación de fuerzas que tiene de rehén político al gobernador Gabino Cué. Veamos por qué.
Primero. Como parte del acuerdo de la amalgama de fuerzas que hicieron posible la derrota del PRI el 4 de julio del 2010, el candidato de la coalición Gabino Cué arribó al poder con una amplísima cartera de compromisos de todo tipo. Una iniciativa jurídico-política de Cué fue reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca al principio de su gobierno que tenía, entre otras cosas, como rasgo distintivo que los aspirantes a secretari@ o titular de dependencia o entidad debían contar con título y cédula profesional.
Así lo establecía inicialmente el artículo 14, fracción III de la Ley citada. Algunos secretari@s del gobierno oaxaqueño fueron descubiertos con papeles falsos o sin ningún comprobante de su status profesional. Irma Piñeyro quien se había ostentado como profesionista sin serlo “renunció” a la Secretaría General de Gobierno.
En su lugar llegó Jesús Martínez Álvarez. Quien decía ser experto en gobernabilidad, ha hecho, empero, de la paz social una ilusión.
Segundo. El secretario Martínez Álvarez —con la aquiescencia de Cué, se entiende—, enfrenta cuatro responsabilidades: a) Se mantiene la ingobernabilidad; b) Se viola la ley activamente; c) Hay graves contradicciones entre puestos y perfiles de puestos y d) Hay exceso de servidores públicos. En efecto, la ingobernabilidad latente es un axioma con autodefensas estilo Guerrero que lastiman el maltrecho estado de Derecho oaxaqueño. Por lo que hace al segundo rubro, Martínez Álvarez tiene bajo su mando un abultado número de servidores que incurren en el delito de “usurpación de profesiones”, delito federal tratándose de servidores públicos y local para la comunidad en general. Más grave es que el propio Martínez Álvarez se convierta en cómplice de esta suma de delitos sin que pase nada.
No es, por supuesto, sólo mi opinión. Creo firmemente en que el que afirma tiene la carga de probar sus dichos. De acuerdo al acta número doscientos cincuenta y nueve, debidamente protocolizada ante la fe pública del Notario Público número 50 de Campeche, Lic. Daniel Alberto Espadas Potenciano, se pudo verificar que desde el secretario particular de Martínez Álvarez, C. Carlos Felgueres Jiménez (Sic) alias el “ingeniero” hasta un apreciable número de los principales servidores públicos como el C. Emilio De Viges Montero alias, “El Licenciado”; C. Feliciano Marín Valdivieso, alias “El Licenciado”; el C. Cipriano Eduardo Rodríguez Santiago, alias “El Contador Público”; y un largo etcétera incurren en violación del Código Penal con la complicidad, también sancionable de Martínez Álvarez.
Engañan a la sociedad, demuestran con su actuar desprecio a las instituciones y se explica por qué no han podido resolver los problemas de gobernabilidad de Oaxaca. Vamos, si ellos mismos no han podido, al menos, dar la cara a la sociedad sin las “máscaras” a que se refiere Octavio Paz para hablar de la simulación del mexicano.
Tercero. Por lo que se refiere al divorcio entre los perfiles de puestos y las funciones, Martínez Álvarez emula el humor involuntario de las películas de Juan Orol, que sería, en efecto, risible si no se tratara de recursos públicos premeditadamente gastados en perjuicio de Oaxaca.
Así, por ejemplo, instalados en el mundo al revés, Frida Serrano Alavez, titular del área de inteligencia de Oaxaca, es licenciada en ciencias de la familia del campus oaxaqueño de la Universidad Anáhuac, y su perfil de egreso es, entre otros, “ser un constante promotor de la persona, el matrimonio y la familia”, “ser un líder llamado a instaurar una cultura de la familia en la sociedad”, y “tener un sentido último de la propia vida” (sic). Dotada de semejantes valores se entiende por qué las autodefensas gozan de cabal salud en esa entidad y por qué el crimen organizado se enseñorea en los municipios conurbados a la capital del estado.
Ante lo burdo de esta situación, cualquiera podría pensar si acaso este tipo de funcionarios son nombrados por Martínez Álvarez para evitar que atiendan el trasiego de drogas, los secuestros y otros delitos relacionados con el crimen organizado, o si se trata sólo de una limitación mental del exgobernador oaxaqueño.
De ser ciertos, cualquiera de los dos supuestos serían gravísimos. Por lo demás, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca es la más grande del país proporcionalmente al tamaño de su población, a pesar de las dificultades económicas históricas del estado. De entrada, de los 11 asesores de Martínez Álvarez, tres incurren en usurpación de profesiones (José Francisco Alejandro García, Gilberto Matías Melo Torres, alias El Licenciado, quien es en realidad profesor de primaria con promedio de 7 puntos, y María Eugenia de Guadalupe Cámara Villamil); una no tiene grado alguno de estudios y los demás carecen de reconocimiento académico o profesional.
En Oaxaca, Martínez Álvarez tiene 224 plazas de jefe de departamento a subsecretario, cantidad exorbitante si se compara con Chihuahua, que sólo tiene 47, ejemplo de hacer más con menos; Puebla, 87, con el 35% más de habitantes de Oaxaca; Michoacán, 85, con 10% más habitantes que Oaxaca. En promedio la entidad tiene 120% más funcionarios que las entidades federativas del país pero mucho menores resultados. Con esa ruta de Martínez Álvarez, con la autorización de Cué, el regreso del PRI es sólo cosa de tiempo. Es increíble que ante la evidencia nadie haga nada. Veremos.
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Este artículo editorial fue publicado originalmente en la edición 1894 del Semanario Proceso del día 16 de febrero de 2013.
