De prosperar la demanda -lo cual se sabría dentro de al menos nueve meses- la ASF sería obligada a fincar responsabilidades a los funcionarios que desviaron los fondos y a exigir a las entidades demostrar el gasto apropiado del recurso. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados se verían obligados a crear restricciones en la entrega de fondos donde se haya detectado irregularidades previamente.
3.- Dos años después de que se ha desviado el recurso, la ASF documenta multitud de irregularidades con gran detalle en el informe de cuenta pública, pero a pesar de informar, no inicia las sanciones ni finca responsabilidades según sus atribuciones de ley, que incluyen recuperar los recursos y prevenir pagos ilícitos futuros.
4.- El informa de cuenta pública de la ASF donde informa de los desvíos no se toma encuenta en la Cámara de Diputados y el ciclo se reinicia cuando la SHCP realiza el presupuesto del año siguiente y lo envía a la Cámara sin que nadie haya corregido el asunto.
Esta gran estafa obviamente incluye la cooperación de las autoridades federales, el sindicato del SNTE es un gran «aliado político» , si no lo cree usted así, recuerde que fué este «sindicto» el que le ayudó a Felipe Calderón a perpetrar el fraude electoral del 2006 para ser presidente, de qué otra manera se puede entender que tanto la Auditoría Superiro de la Federación (ASF) , Hacienda y otros sectores políticos, diputados,senadores entre otros más , no hagan hasta el momento acción alguna para detener semejante robo al patrimonio nacional, esta es la principal razón por la cual el SNTE se opone a la Reforma Educativa, pues iniciarían por regular y controlar sus ingresos siendo observados muy de cerca por Emilio Chuayfet Chemor, eterno rival político de Gordillo.
2-Las irregularidades se argumentan con dos documentos como ejemplo, los cuales consisten en los resultados de obseración a la cuenta pública, rendidos por la ASF en 2009 y 2010, los cuales constan para todos los efectos legales y, no obstante, no han tenido consecuencias legales algunas, a pesar de que la Constitución exige a la ASF fincar responsabilidades cuando determine irregularidades de manera definitiva. Las sanciones deberían ser económicas, inhabilitación, resarcimiento y repsonsabilidades penales.
Pérez de Acha afirmó que en 2010 la ASF detectó una cantidad descomunal de irregularidades que a la fecha no han tenido consecuencias legales ni fincamiento de responsabilidades, lo cual indica que la ASF no ha procedido como se le indica en la ley, or lo tanto, la demanda de amparo busca en primer lugar que la ASF actúe como le manda la Constitución y fince inmediatamente responsabilidades contra quien proceda, es decir, las autoridades y las instituciones de educación en todo el país, entre quienes se distribuyen los diferentes fondos educativos en el país.
Mexicanos Primero busca demostrar a la jueza que la ASF ha detectado las “irregularidades reiteradas y sistemáticas” hace años y no ha hecho nada. Se pe pide establecer restricciones para evitar los devíos detectados en estados y federación para lograr una administración eficiente de la educación. Otra consecuencia -en caso de victoria- es que “si la Cámara Diputados conoce que esas irregularidades se han venido cometiendo de manera reiterada y sistemática, ponga candados a la SHCP y a las entidades para que se asegure que los pagos ilegales en materia educativa ya no se sigan realizando.”
Luis Pérez de Acha afirmó que un precedente importante son algunas restricciones prespuestales implementadas en 2012 y que desaparecieron en 2013, por lo que permite conocer que incluso se han dado pasos en sentido contrario y a conciencia; también, otro de los objetivos de la demanda de amparo que interponen, es lo que corresponde al ejercicio de 2013 por parte de la SHCP, a través de la unidad de coordinación con entidades, y la Secretaría de la Función Pública, pues se busca “que emitan controles específicos de forma tal que si las entidades federativas no demuestran que están destinando el gasto público a educación, la Federación no distribuya más fondos.”
A pesar que en este momento se encuentra ante la instancia de una jueza segund de Distrito, el abogado afirmó que el caso debe terminar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual no sería una novedad para la Corte, que ha aumentado su participación en la restitución de derechos.