Leonel Godoy pide a diputados valorar todos los elementos antes de dictaminar la cuenta pública 2011

(Por Gerardo Espinosa) Mediante una carta que envió individualmente a cada uno de los 40 diputados del Congreso del Estado en la víspera de la dictaminación de la última cuenta pública de su administración, el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, solicitó a los diputados que antes de emitir su voto, valoren todos los aspectos y elementos que derivaron en la contratación de deuda pública de parte de su administración, además de que el total de los pasivos que mantiene el estado no pueden serle atribuidos a su gobierno.

Fechada el pasado 7 de febrero, el perredista dijo estar consciente de la dificultad de conseguir el voto favorable de los diputados de PRI y del PAN en el proceso de dictaminación y enfatizó que a los integrantes de su administración, sin mediar juicio, sin darles la oportunidad de defenderse, han sido declarados culpables mediáticamente, esto a pesar de que no existe en este momento ninguna resolución judicial que se haya dictado en su contra.

Añadió que en último año, muchos actores políticos del PAN y del PRI, han hecho señalamientos y acusaciones que calificó de falsas e injuriosas. Enumeró algunas como el señalamiento de que la deuda pública del estado es superior a 40 mil millones de pesos, lo cual ha sido refutado por la propia Secretaría de Hacienda, o el caso de las acusaciones de la inutilidad de la Presa “Francisco J. Múgica”, la cual está siendo operada por el Gobierno del Estado, entre otras.

Godoy Rangel destacó que sus adversarios políticos han mal informado sobre los pasivos a corto plazo dejados por su administración. Destacó que su gobierno no es el único que ha dejado pasivos y puso como ejemplo, el caso del ex gobernador priísta Víctor Tinoco Rubí que dejó a Lázaro Cárdenas Batel 1,088 millones (lo que representó el 6.7% del presupuesto ejercido durante el 2001).

El perredista alertó también que existen signos ominosos al interior del Congreso del Estado que muestran claramente las razones políticas, y no las técnicas, en el análisis de la Cuenta Pública 2011. Dijo que el primer elemento es querer influir en la Auditoría Superior del Estado.

Aseguró que la intención los diputados del PRI y PAN pertenecientes a la Comisión Inspectora de introducir la “auditoría externa”, del despacho González Aragón, como elemento del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 2011.

Otro es la conformación de una llamada “Mesa Técnica” creada por diputados del PRI y PAN en donde se adjudican funciones de revisión y fiscalización que corresponden a la Auditoría Superior del Estado.

Enfatizó que la intención política de los diputados fue evidente, porque aseguró que en un hecho inédito en la historia reciente del Congreso de Michoacán, se separó la revisión y aprobación del Presupuesto y de la Cuenta Pública: en diciembre se discutió y aprobó el Presupuesto, mientras que la discusión de la Cuenta Pública fue enviada hasta febrero del 2013.

El tercer signo es la determinación de que sea la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y no la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública la que elabore el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del 2011 que se presentará al pleno para su análisis y discusión, cuando por ley y costumbre parlamentaria siempre ha sido la de Presupuesto y Cuenta Pública la encargada de elaborar el dictamen respectivo.

Texto íntegro de la carta:

Morelia Michoacán a 7 de febrero del 2013

C. Diputado Local

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Presente:

En vísperas de votar el dictamen sobre la Cuenta Pública 2011 he decidido enviarle a usted y a los otros 39 diputados (as) esta carta con una serie de consideraciones, que me parece debería tomarse en cuenta al momento de votar.

Estoy consciente de la dificultad de conseguir el voto favorable de los diputados de oposición ya que sin mediar juicio, sin darnos la oportunidad de defendernos, hemos sido declarados culpables mediáticamente. No existe en este momento ninguna resolución judicial que se haya dictado en contra nuestra. Sin embargo, al revisar las declaraciones de muchos actores políticos del PAN y del PRI, todos las han dado por ciertas y nos han condenado a pesar de que las acusaciones han sido refutadas como falsas e injuriosas. A eso me quiero referir.

Como ejemplo de lo anterior daré un listado de declaraciones que  han merecido primeras planas y comentarios principales en programas de radio y televisión que hemos desmentido:

a)   El señalamiento de que la deuda pública del estado es superior a 40 mil millones de pesos. Ninguna autoridad competente ratificó esa cifra. En cambio, basta corroborar en el portal web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que a diciembre del 2011, la deuda pública de Michoacán fue de 15 mil 140 millones de pesos. De este total nosotros sólo solicitamos 8 mil 559 millones de pesos.

b)   Las acusaciones de la inutilidad de la Presa “Francisco J. Múgica”. Hoy, la presa cumple su objetivo de llevar justicia social al campo, sus aguas son aprovechadas por los valles de Múgica y Parácuaro. Tan sólo en el primer año logró aumentar en un 26% el valor de la producción agropecuaria de la región (www.sagarpa.gob.mx), además de producir 21 millones de kilowatts-hora en un año, el equivalente a la totalidad de la energía consumida por el alumbrado público de Morelia en 2012. Además, cada mes produce 15 toneladas de mojarra.

Es evidente que en los siguientes años aumentará aún más la productividad agrícola, eléctrica y de pesca.

c)   La reconstrucción del Centro y del Barrio Sustentable en Angangueo. El centro histórico del municipio vive el mismo esplendor que tenía antes de los lamentables sucesos de febrero del 2010; cabe recordar que fue nuestra administración quien promovió su nombramiento como Pueblo Mágico, hecho que se concretó en 2012. Por su parte, el Barrio Sustentable fue reconocido durante su inauguración por el Presidente de la República, como un ejemplo de desarrollo comunitario y sustentable. En este último proyecto invertimos más 300 millones de pesos y la federación tan sólo 51 millones.

d)   La acusación de tráfico de influencia en adquisición de medicamentos. Quedó plenamente comprobado que durante mi administración nunca hubo ningún trato comercial o adquisición con la empresa que se señalaba. Asimismo los representantes legales de la misma ratificaron estos hechos en una carta enviada al mismo medio que publicó tal infundio.

e)   El señalamiento del desvío de 4 mil millones de pesos de recursos federales para otros fines. Al igual que en otros casos, no existe dictamen alguno de autoridad competente que dé por cierta esta falacia.

f)    La venta de terrenos de la Isla de la Palma a familiares y amigos. Quedó claro que durante mi administración no se vendió, ni otorgó  un solo metro de terreno de la Isla de la Palma a nadie.

g)   La mala administración de los recursos del Seguro Popular. Mediante cartas públicas enviadas al entonces presidente Calderón, así como al Comisionado de este organismo, se precisó que los montos de los recursos que declararon, no fueron recibidos por el estado, además de que en materia de fiscalización todavía no se hace la auditoría correspondiente a esta materia en el 2011.

h)   “En el DIF más de 100 aviadores”. Para este tema la ex titular de la dependencia envió una carta con pruebas, a la actual directora en donde desmintió este hecho.

i)     La acusación del robo de tazas de baño y la existencia de más de 100 asesores en Casa de Gobierno. Además de rayar en lo inverosímil, estas acusaciones fueron fáciles de desechar corroborando la información que presenta el Acta de Entrega-Recepción de esta dependencia. En este caso cabe agregar que a diferencia de ocasiones anteriores, la Casa y el Despacho del Gobernador contaron con su respectiva entrega-recepción en donde, tanto los servidores públicos salientes como los entrantes, realizaron un recorrido, área por área, de cada una de las instalaciones, mobiliario y archivo que se entregó.

j)    La falsa acusación de daño patrimonial. Ésta sólo puede darse por cierta, previa resolución judicial, cosa que no ha ocurrido. Y por supuesto no hay tal daño patrimonial.

k)   La supuesta falta de 148 vehículos oficiales. Cada una de las dependencias dentro de su entrega-recepción describió los vehículos que existían bajo su resguardo, además de que en caso de presentarse una anomalía, por este u otro rubro, los ex titulares podrían ser llamados para su aclaración correspondiente.

l)      Las declaraciones del Director de Pensiones, incluso una realizada este año, en donde señala que se debían aportaciones al Fondo desde mi administración. Consta en la entrega-recepción de la Secretaría de Finanzas que nuestra administración liquidó todos los adeudos del 2011, y dejó en documentos los pagos correspondientes por este rubro,  correspondientes a la segunda quincena de enero y primera de febrero del 2012, a pagarse a finales del mismo mes.

m) La acusación de que no entregamos los recursos y apoyos ofrecidos por Banamex a las víctimas de los cobardes atentados de septiembre del 2008. Mediante notas periodísticas de los eventos públicos que verificaban estas entregas quedó desmentida tal infamia.

Estos y otros señalamientos y calumnias fueron aclarados puntualmente por nosotros a través de más de media centena de cartas aclaratorias a medios de comunicación y/o funcionarios públicos. Desgraciadamente, tales acusaciones han tenido grave impacto en la imagen y el honor de los integrantes de la anterior administración.

Además, se ha mal informado sobre los pasivos a corto plazo dejados por mi administración, cabe decir que no es la primera vez que existen pasivos. Por ejemplo, Víctor Tinoco Rubí dejó a Lázaro Cárdenas Batel 1,088 millones (lo que representó el 6.7% del presupuesto ejercido durante el 2001). Por su parte Lázaro Cárdenas Batel dejó un pasivo a corto plazo de 5 mil 268 millones a mi administración (representando un 18.6% del presupuesto del 2007), mientras que por este rubro mi administración registró 8 mil 258 millones (un 18.5% con relación al presupuesto del 2011). Reitero, esta es una constante en todas las administraciones, incluyendo la federal y las municipales. Sin duda, al término de su gestión Fausto Vallejo Figueroa dejará pasivos. Por cierto, éstos no representan por sí mismos ninguna anomalía, sino que responden a problemas coyunturales de cada administración. En nuestro caso en el 2011 se debió a los descuentos ilegales que hizo la administración federal de entonces.

Otra constante que es un problema estructural en las finanzas públicas de todos los estados, incluido Michoacán, es el llamado DÉFICIT EDUCATIVO. Éste inició en 1994 con la descentralización de los servicios educativos, lo que obligó a las entidades a destinar año con año, y de manera creciente, recursos de libre programación a inversión en educación pública básica, y cito en ejemplo:

En 1994 la administración estatal destinó 186 millones de pesos al gasto educativo, lo que representaba el 11.35% de los recursos para este rubro. Para el 2001, último año de la administración de Tinoco Rubí tuvo que aplicar mil 577 millones como aportación estatal (19.59%); al término del sexenio de Cárdenas Batel la aportación estatal fue de 3 mil 677 millones (32%) y el 2011, último año de mi gestión el Gobierno del Estado tuvo que poner más de 7 mil 290 millones, lo que representó el 37.55% del gasto total en la materia. En contraparte, la aportación federal se ha reducido cada año constantemente, al pasar de un 88.65% en 1994 a un 62.45% en el 2011. El déficit en materia educativa existirá también al concluir el mandato de Fausto Vallejo, salvo que se derogue el acuerdo por la modernización educativa de Carlos Salinas, que sólo ha endeudado a todos los estados.

El incremento del gasto en nuestra Universidad Michoacana es otro de los problemas que afectan las finanzas, ya que la aportación estatal con respecto del gasto total se ha ido incrementando notablemente desde 1993 a la fecha. Basta ver que en 1993 el Gobierno del Estado aplicaba en la Universidad 57 millones de pesos (35% del gasto total); mientras  que al término de su administración Tinoco Rubí apoyó con 374 millones (39% del gasto); en el 2007 Cárdenas Batel tuvo que aportar 729 millones (39% del total) y al termino de mi cuatrienio destinamos 1,379 millones de pesos como apoyo a la máxima casa de estudios, lo que representó el 49.2 % de su gasto total. Igualmente, si la administración actual mantiene el apoyo a la UMSNH será un déficit que dejará al próximo gobierno.

En ambos casos (educación básica y Universidad Michoacana) el déficit se debe al incremento de participación de los estados en educación pública y el abandono gradual de la federación, cuando es una obligación federal. En el caso de Michoacán cuenta también el compromiso que cada gobierno tenga con la educación pública para mantener estos apoyos a pesar del déficit que ocasiona, ya que nosotros consideramos el apoyo a la educación pública no como un gasto, sino como una inversión.

Por otra parte señor diputado, existen signos ominosos al interior del Congreso del Estado que muestran claramente las razones políticas, y no las técnicas, en el análisis de la Cuenta Pública 2011.

El primero es querer influir en la Auditoría Superior del Estado, algo expresamente prohibido por la Constitución del Estado en su artículo 135, párrafo tercero. Dos casos lo ilustran:

a)   La intención los diputados del PRI y PAN pertenecientes a la Comisión Inspectora de introducir la “auditoría externa”, del despacho González Aragón, como elemento del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 2011. Esto lo verifica el “acuerdo” tomado por esta Comisión el 13 de noviembre pasado, en donde se señala: “INSTRUIR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN PARA QUE VERIFIQUE, VALIDE Y FISCALICE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA POR EL DESPACHO GONZÁLEZ ARAGON, LA CUAL ES DE CONOCIMINETO E INTERÉS PÚBLICO, CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL INFORME DE RESULTADOS QUE PRESENTARÁ EL ÓRGANO TÉCNICO DEL HONORABLE  CONGRESO DEL ESTADO” (Acta  de la reunión de trabajo de la Comisión Inspectora, 13 de noviembre, 2012).

Es importante agregar que sobre este “acuerdo” se giraron diversos oficios en donde sorprende la celeridad en su contestación. Explico:

• El acuerdo fue tomado la noche del 13 de noviembre en “reunión” de la citada Comisión en conocido hotel del municipio de Contepec, Michoacán.
• El oficio de petición (sin número, firmado por el diputado Juan Carlos Orihuela Tello) de los resultados González y Aragón fue recibido en el Despacho del Gobernador el 14 de noviembre a las 16:15 hrs.
• La contestación del Secretario de Gobierno (oficio SDGM/01989/12) fue recibida en las oficinas del diputado Orihuela a las 17:10 hrs. del mismo 14 de noviembre del 2012, es decir, 55 minutos después de haber sido recibida en el Despacho del Gobernador.
• A su vez el Auditor del Estado fue enterado del “acuerdo” en mención el 14 de noviembre a las 17:30 hrs.

b)   La conformación de una llamada “Mesa Técnica” creada por diputados del PRI y PAN en donde se adjudican funciones de revisión y fiscalización que corresponden a la Auditoría Superior del Estado.

Esta intención se reafirma por que en ninguno de los dos casos se nos dio la garantía de audiencia para presentar nuestras pruebas y alegatos.

En el segundo hecho, la intención política fue evidente, porque en un hecho inédito en la historia reciente del Congreso de Michoacán, se separó la revisión y aprobación del Presupuesto y de la Cuenta Pública: en diciembre se discutió y aprobó el Presupuesto, mientras que la discusión de la Cuenta Pública fue enviada hasta febrero del 2013.

El tercer signo es la determinación de que sea la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y no la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública la que elabore el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del 2011 que se presentará al pleno para su análisis y discusión, cuando por ley y costumbre parlamentaria siempre ha sido la de Presupuesto y Cuenta Pública la encargada de elaborar el dictamen respectivo.

Otro signo que busca causar un daño político, fue que el Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior entregó al pleno del Congreso, dos meses después los informes de la Auditoría Superior, presentados en tiempo el 15 de noviembre del 2012 y presentados al pleno hasta el 14 de enero del 2013. En el inter también remitió al Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos dicho informe para que diera una opinión jurídica, de un tema exclusivo del órgano autónomo que es la Auditoría Superior, conforme al mandato constitucional.

Con todo lo anterior explicado aquí, desearía de ustedes reflexión e imparcialidad, y no caer en el uso político que algunos, por intereses, buscan dar a un tema que debería de ser analizado sin prejuicios, sin manejo político, con datos técnicos y apego a la legalidad.

He creído siempre en la congruencia y en la defensa de las ideas políticas. Pero pienso que se puede hacer sin denostar ni calumniar al adversario. Con lealtad se pueden ganar votos y derrotar al contendiente. Ustedes revisen mis declaraciones como dirigente político nacional y estatal, como candidato y como gobernador: Jamás injurié, calumnié o insulté, menos prejuzgué a un adversario.

De la misma manera, en mi vida pública, durante 32 años ininterrumpidos (del 15 de septiembre de 1986 al 31 de agosto del 2012) en que fui tres veces secretario de Gobierno, secretario de Seguridad Pública, dos veces diputado federal, senador, presidente nacional de mi partido; jamás fui acusado de corrupción. Tengo las manos limpias de dinero y de sangre, no tengo ranchos, negocios, empresas o comercios, vivo de mi trabajo.

Finalmente deseo hacerles dos comentarios más: Un endeudamiento para inversión productiva, permite mejorar los niveles de desarrollo. En mi caso, no soy partidario de los créditos, pero si se requieren para tomar medidas contra-cíclicas y además las obras en donde se aplica tienen profundo contenido social, debe hacerse para no dejar caer los niveles de vida de la gente.

Al llegar en 2008, me encontré con tres proyectos ya licitados: la Presa J. Múgica, el Programa de Modernización de Caminos y Carreteras Estatales y los Centros Penitenciarios. Hubiera sido una irresponsabilidad el no dar continuidad a dichas obras ya asignadas, no sólo hubiera causado un daño al patrimonio estatal, sino que además hubiera privado a los michoacanos de tres proyectos de profundo contenido social. Por ello los realizamos. En mi mandato solicité 8 mil 559 millones de pesos en créditos y se utilizaron en estas magnas obras que tuvieron un costo de más de 9 mil 90 millones de pesos.

En cambio, las obras de mi administración: como el Malecón de Lázaro Cárdenas, la Ciudad del Conocimiento, el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario (CIDAM), los Campus de la Universidad Michoacana, el Boulevard Costero, la avenida Miguel Hidalgo en Morelia, sólo tuvieron una inversión de cerca de mil 500 millones de pesos.

Estas decisiones las tomé a partir de la convicción de que las obras públicas no son propiedad del gobernante en turno, ni de los partidos políticos, sino bienes del pueblo que no deben abandonarse.

Igualmente considero que si no se tuviera visión prejuiciada y partidista, se deberían estar poniendo en operación obras concluidas como la Presa “Francisco J. Múgica”, así como el CERESO de Apatzingán y la ampliación del Mil Cumbres. Además concluir obras que al término de nuestra administración llevaban más del 80% de avance, como el Campus de la UMSNH en Uruapan, el Teatro Mariano Matamoros o la segunda etapa del Malecón de Lázaro Cárdenas. Todas estas obras no son de relumbrón y ayudarán al desarrollo del estado.

También deberían de construirse las instalaciones de dos instituciones de educación pública de nuestro gobierno: el Telebachillerato y la de la Universidad Virtual, tal como nosotros lo hicimos con la Universidad de la Ciénega y de la Universidad Intercultural Indígena, las cuales encontramos funcionando, pero sin instalaciones propias.

Reitero, la deuda pública es un problema en todas las entidades del país, debido Ley de Coordinación Fiscal (1980) que debería de ser sustituida por una que refleje mejor el espíritu federalista de la Constitución Mexicana. Sobre la situación de la deuda pública de Michoacán y de otras entidades, el siguiente cuadro es ilustrador:

 

POSICIÓN	ENTIDADES CON MAYOR ENDEUDAMIENTO (Millones de pesos)	ENTIDADES CON MAYOR DEUDA PERCÁPITA (miles de pesos)	ENTIDADES QUE MÁS AUMENTARON SU DEUDA DEL 2008-2011 (millones de pesos)
1	Distrito Federal   (54,422)	Coahuila         (13,264)	Coahuila       (34,677)
2	Nuevo León        (41,976)	Quintana Roo  (10,829)	Nuevo León   (20,630)
3	Estado de México (38,795)	Nuevo León     (9,021)	Veracruz       (18,768)
4	Coahuila            (36,450)	Distrito Federal   ( 6,149)	Jalisco           (11,999)
5	Veracruz            (34,053)	Nayarit           ( 5,611)	Chihuahua    (11,018)

Todos estos datos son públicos y se pueden verificar en el portal www.shcp.gob.mx.

Se habla de la deuda de los estados, pero se menciona poco el problema de la deuda pública de la federación. Tan sólo en el último sexenio a cargo de Felipe Calderón, pasó de 1 billón 900 mil millones a 5 billones 100 mil millones de pesos. Es decir, la anterior administración panista se endeudó al ritmo de 1,900 millones de pesos diarios. La deuda federal (neta) representa el 26.1% del PIB nacional, mientras que la suma de todas las deudas de los estados equivale al 2.7% del PIB. También, esta información puede ser consultada en el portal de la SHCP.

Si a lo anterior agregamos que no hay razones técnicas para votar en contra de la Cuenta Pública del 2011, quedan sólo consideraciones políticas. Yo apelo a su objetividad, a que libres de perjuicios voten a favor.

Estamos a favor de la fiscalización, de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, mis ex colaboradores acuden puntualmente a los requerimientos de la Auditoría Superior de Michoacán para aportar sus pruebas y alegatos. Cabe mencionar que en la primera fase de fiscalización la ASM determinó 494 hallazgos, de los cuales, con la presentación de pruebas y alegatos, se lograron desvanecer 138, es decir, casi un tercio de lo encontrado.

Será este órgano autónomo quien resolverá en primera instancia, después vendrá la etapa jurisdiccional, tanto administrativa como judicial, para tener entonces sí, responsables o inocentes. No antes, porque atenta contra derechos humanos indeclinables como la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, el debido proceso y el honor. La dignidad de las personas es muy grave condenar, sin juicio previo.

Sin más por el momento agradezco la atención a esta misiva.