Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
México, D.F; 24 de enero de 2013.- La resolución asumida por los integrantes del Consejo General del IFE, que por mayoría decidieron no multar al Partido Revolucionario Institucional por el financiamiento ilegal recibido por Enrique Peña Nieto por conducto de Monex durante la campaña electoral del 2012, no debe sorprender a nadie, pues dicho instituto ha venido actuando por consigna desde el inicio del proceso electoral, tratando fallidamente de generar la percepción pública de que el proceso electoral fue pulcro e impecable.
Vladimir Aguilar García,Secretario de Planeación del Partido de la Revolución Democrática, señaló que el IFE contaba con pruebas suficientes para dictaminar violaciones a la ley electoral por la presencia de recursos económicos aportados indebidamente por particulares, que se utilizaron para la compra y coacción del voto en las elecciones federales pasadas, por lo tanto su valoración ante las pruebas evidentes, que según ellos no ameritaba siquiera la pena mínima de una sanción económica, representa maquillaje postelectoral puro y vil.
El que en la sesión de ayer el IFE haya decidido dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); al Servicio de Administración Tributaria (SAT); a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como a la Fepade, dependencias a cargo de priístas que fueron integrantes de la campaña del PRI, resulta irrisorio, pues es pretender hacer juez y parte a los principales responsables de las irregularidades detectadas antes, durante y después de la jornada electoral de julio pasado, y que ahora forman parte del gabinete de Peña Nieto.
¿Se van a castigar a sí mismos? Lo queremos ver.
Lamentablemente, con su tibieza los consejeros electorales han abierto la puerta para la próxima comisión de delitos electorales durante las 14 elecciones estatales que se realizarán en el mes de julio de este año, con lo que se incrementará el enorme saldo de impunidad que padece nuestro país y que merman la ya lastimada confianza que tiene la ciudadanía acerca del IFE.
Las deplorables conclusiones de un caso en el que desde un principio los partidos de izquierda acreditaron las violaciones a la ley electoral vigente por parte del ahora presidente de la República, llaman a la urgente necesidad de comenzar los trabajos para lograr una reforma electoral de fondo, que sin duda debe incluir el rebase del tope de gastos y el financiamiento ilegal en las campañas electorales -que podrían configurar delitos de orden federal como el lavado de dinero- como causales de nulidad, e incluso la pérdida del registro como partido.
