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Morelia, Mich., 24 de enero del 2013.-Michoacán se colocará a la vanguardia en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al avalarse en comisiones legislativas como procedente la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala, quien afirmó que ahora corresponderá a los Poderes del Estado y a los gobiernos municipales, trabajar día con día para asegurar que la norma no sea letra muerta, sino un instrumento de vanguardia que contiene y expresa la voluntad de las y los diputados de todos los partidos representados en el Congreso Local.
Con iniciativas de las diputadas Cristina Portillo Ayala y Rosa María Molina Rojas, se dictaminó como procedente, en sesión de comisiones unidad de Derechos Humanos, Jóvenes y Deporte y Equidad de Género la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán que sustituye a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, vigente desde el 24 de mayo de 2011.
La diputada presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la LXXII Legislatura, Cristina Portillo señaló con esto se da un paso importante en el cumplimiento de la Agenda Legislativa del Congreso de Michoacán y en particular del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que priorizó al inicio de la presente legislatura la ampliación del marco jurídico de protección en favor de niñas, niños y adolescentes, así como la consolidación de los programas sociales en su favor que fueron creados durante 10 años de gobiernos de izquierda.
Ante el diputado Eleazar Aparicio Tercero quien también se dio cita en la reunión como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Cristina Portillo, destacó que en dicha Ley, se incluyeron experiencias adquiridas por las Legisladoras en Lima, Perú, durante el desarrollo de la Red Hemisférica de Legisladores y ex legisladores a favor de la Primera Infancia, también en el contenido de la Ley se resalta el reconocimiento y garantía del Estado a su derecho a una vida integral y a un trato digno, a la prioridad de su atención, a su protección, a la identidad y certeza jurídica, a una identidad sexual y de género, a la familia, a la educación, a la salud, a la recreación y el descanso, al deporte, a la intimidad personal, a la información.
Principalmente, dio a conocer Cristina Portillo y Eleazar Aparicio que se integra la obligación de estado de combatir de manera contundente la trata de niñas, niños y adolescentes, por lo que se recoge de manera más precisa y otorga facultades y obligaciones a los Poderes del Estado y a los ayuntamientos para su adecuada aplicación, con lo que la nueva Ley cumple con todos los estándares internacionales y nacionales para la adecuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, los diputados del sol azteca informaron que se crean también mecanismos institucionales, como el Consejo Estatal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, que se abre a la participación ciudadana, así como sus versiones municipales, y principalmente la obligación del Estado y los Gobiernos Municipales de planear, presupuestar y ejecutar acciones en favor de la protección de los infantes y adolescentes a través de programas interinstitucionales obligatorios.
Asimismo, Cristina Portillo, legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD, dio a conocer que se consolida la atención médica y sanitaria gratuita de niñas, niños y adolescentes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, potencialmente terminales y discapacidad, además de niñas y adolescentes embarazadas en condiciones de vulnerabilidad y no cuenten con ningún esquema de seguridad social; así la permanencia de programas de carácter alimentario, con suficiencia y calidad, logros que distinguieron a la izquierda y que próximamente serán obligatorios por Ley.
Finalmente, puntualizó que también se logró la incorporación de la gratuidad en la expedición de la primera acta de nacimiento a efecto de garantizar el derecho de los infantes y adolescentes a la identidad y la certeza jurídica.
