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Por Gerardo Espinosa.- Durante su primera sesión ordinaria de 2013, el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán acordó, entre otros puntos, la
creación de un comité de Normatividad y la confección conjunta de los proyectos que se enviarán a Setec para su valoración y posible subsidio en este año.
En lo referente a la propuesta de modificación al régimen de vigencia del Nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado, José Sebastián Naranjo Blanco, diputado local y consejero de este órgano colegiado, informó que el pasado 19 de diciembre se presentó la comunicación emitida por González Gómez al presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Víctor Silva Tejeda, donde se detalla el acuerdo aprobado por este Consejo el pasado 11 de diciembre de 2012 durante su cuarta sesión extraordinaria, consistente en dicha modificación al inicio del modelo acusatorio en Michoacán.
Posteriormente, en la sesión del pleno del Congreso estatal, con fecha de 26 de diciembre de 2012, esta comunicación se turnó a la comisión de Justicia así como a la de Seguridad pública y Protección civil para su estudio y análisis. Asimismo, en la sesión del pleno legislativo del 14 de enero de 2013, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos transitorios 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales de Michoacán, siendo ese mismo día turnada a las comisiones arriba mencionadas.
“Las comisiones vamos a estar sesionando, considero, esta misma semana con la finalidad de que el dictamen se tenga ya elaborado y se propondrá para su desahogo en la siguiente sesión del pleno, que entiendo está prevista para el próximo 5 de febrero”, concluyó Naranjo Blanco.
Cabe señalar que dicha propuesta de modificación se ciñe al mandato constitucional del 18 de junio de 2008, que señala un lapso de 8 ocho años para que inicie el Nuevo sistema de justicia penal en todas las entidades y la federación, término que vence el 18 de junio de 2016.
De acuerdo al calendario propuesto, el orden de entrada en vigor en las regiones en que se ha dividido el estado es el siguiente: Morelia, el 3 de febrero de 2014; Uruapan, el 25 de agosto de 2014; Apatzingán, el 12 de enero de 2015; Zamora, el 29 de junio de 2015; Lázaro Cárdenas, el 11 de enero de 2016; y Zitácuaro, el 13 de junio de 2016.
En otros asuntos, fue aprobada la creación de un Comité de Normatividad, a fin de contar con ordenamientos jurídicos que atiendan a las necesidades sociales, culturales y económicas de específicas de nuestro estado y sus instituciones en lo que refiere al Nuevo sistema de justicia penal. El comité estará integrado por dos diputados, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, los titulares de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, así como por el consejero del Poder Judicial Jesús Sierra
Arias y el secretario ejecutivo del Consejo, Juan Pedro Patiño Moreno.
También fueron ampliadas las competencias y la membresía del Comité de Infraestructura, sumándose ahora tanto lo referente al eje de Equipamiento y Tecnologías de la información a sus funciones, como eltitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a sus integrantes.
Dicho comité se conformará por el presidente del Consejo y del Poder Judicial, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el diputado Rigel Macías Hernández, el Procurador General de Justicia, así como los responsables de los departamentos de Infraestructura y de Informática y estadística de la Secretaría ejecutiva de este Consejo.
Juan Antonio Magaña de la Mora, magistrado de la cuarta sala penal, realizó la propuesta de ampliar también la lista de integrantes del Comité de Capacitación, incluyendo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. “Consideramos pertinente incluir a la Secretaría de Seguridad Pública en este comité, de manera que pueda externar sus
necesidades”, consideró Magaña de la Mora, tras lo cual la propuesta fue aprobada.
Previendo la publicación de las directrices de Setec para la elaboración de proyectos que se sometan a consideración para la asignación de recurso federal concursable 2013, se aprobó también la propuesta de convocar a los comités de cada eje de implementación para trabajar conjuntamente dichos proyectos, de manera que los recursos solicitados estén en consonancia con las necesidades de las instituciones involucradas. Los proyectos que se presenten para la obtención de recursos deberán realizarse en los ejes de infraestructura, difusión y transparencia, planeación, gestión y reorganización institucional, capacitación, normatividad y tecnología de la información y equipamiento.
En asuntos generales, el diputado Rigel Macías Hernández informó que en días pasados en el Senado de la República se realizó una invitación abierta a una reunión en Aguascalientes para dialogar sobre la homologación del Código de Procedimientos Penales a nivel nacional. Alejandro González Gómez, presidente del órgano implementador, comentó que sería “muy conveniente que pudiéramos participar, es un trabajo que es muy importante y que habrá que seguir muy de cerca”. Por su parte, Jesús Sierra Arias, consejero del Poder Judicial, hizo hincapié en que “primero debemos deliberar como entidades federativas si queremos perder la atribución de tener nuestro propio Código de
Procedimientos Penales. (…) Simplemente llamo la atención para que este sea uno de los temas que resolvamos mediante un gran diálogo y un gran análisis”.
Por último, el secretario ejecutivo del Consejo, Juan Pedro Patiño Moreno, informó que con el propósito de coadyuvar en el quehacer de los trabajos de la Defensoría de oficio en el marco del Nuevo sistema de justicia penal, la secretaría ejecutiva hizo entrega a esta dependencia de mobiliario de oficina y equipo de cómputo.
También dio cuenta de que luego de acercamientos por parte de barras y colegios de abogados hacia el Consejo a través de su Secretaría ejecutiva con el objeto de firmar convenios de colaboración para hacer frente a la implementación del Nuevo sistema de justicia penal, actualmente el área de Capacitación de la Secretaría ejecutiva trabaja un documento que permita guiar las acciones de trabajo con estas organizaciones.
Finalmente, Patiño Moreno informó que el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para la Secretaría ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, en su ejercicio fiscal 2013, es de $18’113,518.00. Dado que la cantidad aprobada por este Consejo en su vigésimo sexta sesión ordinaria con fecha de 17 de
septiembre de 2012 era de $28’206,452.14, se están realizando los ajustes correspondientes al interior de la Secretaría ejecutiva para el uso correcto y optimizado de los recursos asignados.
