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El Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, comentó qué el levantamiento se debe a un vacío de la autoridad federal y local en el ejercicio de sus funciones ante la seguridad pública, “ha fracasado el modelo de seguridad y sus políticas, del operativo Guerrero Seguro hay que recordar que el año pasado funcionó, pero no hubo avances considerables. Lo que pasa es prueba de que no se aprehendió a los delincuentes ni se revirtió el índice de criminalidad en esa zona, por el contrario, se fortaleció”.
Desde el Centro de Derechos Humanos se comentó que los campesinos organizados con armas de bajo calibre hicieron frente a los delincuentes y en dos días los capturaron, mientras el Ejército, la Marina y las policías con armas de alto poder en más de tres años no habían podido revertir este fenómeno. “Eso indica que hay un alto grado de complicidad y un vacío de la autoridad, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia no hace nada, sabe las relaciones que tiene su policía ministerial y se niega a remover a su personal y ahí están las consecuencias”.
Ese vacío hizo que el pueblo decidiera tomar la seguridad en sus manos. El levantamiento popular demuestra que la delincuencia organizada no es invencible y que cuando los pueblos se organizan, pueden someter a la delincuencia. También pone en evidencia el fracaso del Estado en el cumplimiento de su función básica de garantizar la seguridad a los ciudadanos.
En Guerrero los campesinos e indígenas están regresando a los sistemas de usos y costumbres para retomar la justicia tradicional de los pueblos en sus manos y crear sus propias instituciones para neutralizar a la delincuencia. Fue organizada la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) a la que se han unido comunidades de toda la entidad.
La Policía Comunitaria es reclutada en asambleas populares en las que los participantes aceptan echar mano de sus escopetas, de sus machetes, cuchillos, picos, colocar puestos de revisión en la entrada de su comunidad y hasta denunciar a los integrantes de sus familias coludidos con el crimen organizado.
A los que se incorporan les piden valentía y les dicen: “Los del mal son un gran monstruo de verdad, pero aquí, en esta región de Guerrero y del país, está creciendo un gigante que se va a pelear con ese monstruo y ese gigante es el pueblo, somos todos nosotros y nadie va a salvar al pueblo más que el pueblo mismo”.
Las personas detenidas, presuntamente ligadas a la delincuencia organizada, serán juzgadas en los tribunales populares, donde se decidirán las sanciones. Se plantea que la asamblea general, con representantes de las comunidades, pudiera decidir el futuro de los detenidos. El castigo será una decisión que corresponderá a los pueblos, que no permitirán que intervengan los gobiernos en esa parte del proceso.
La crisis de seguridad está llegando al límite y este movimiento de autodefensa en Guerrero podría multiplicarse en el resto del país por lo que es urgente que el Gobierno Federal inicie sus acciones antes de que crezca y se multiplique la tendencia, las instituciones dejen de ser operativas y se pierda el control de porciones territoriales, lo que podría ser el principio de un neocaudillismo, como el que se dio hace cien años. La historia se repite.
