Morelia, Mich., 15 de enero del 2013.- Se eliminan y mutilan programas y acciones fundamentales para Michoacán, en contraposición con el enorme rezago y la pobreza que padece la entidad. Renglones en los que las administraciones del PRD dieron prioridad. señaló el diputado perredista Armando Hurtado, durante la apertura del segundo año legislativo de la LXXII Legislatura.
Agregó que «intentar ahogar, asfixiar o acallar las expresiones y posturas de los diputados es ir contra la esencia de los pilares de la democracia, es negar la esencia de la separación de poderes y de la vida republicana. En ese sentido defenderemos nuestro derecho a disentir y nuestra obligación de velar porque se cumpla lo señalado en la Constitución».
Texto íntegro de la postura del PRD, por parte de Armando Hurtado Arévalo, en el inicio del segundo año legislativo de la LXXII Legislatura de Michoacán:
A nombre del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, abordo esta tribuna para fijar nuestra postura política en el marco de la apertura del segundo año legislativo.
Compañeras y compañeros, el Poder Legislativo, es el escenario natural para el debate y la exposición de ideas.
En el Congreso del Estado, confluye una fuerte carga política, porque es la representación formal de las corrientes ideológicas, por ello es consustancial a su naturaleza la confrontación de posiciones acerca de los distintos problemas de la entidad, de los municipios y del país.
Como su nombre lo dice, el parlamento, es donde se parla, donde se platica y se expresan en forma directa las distintas corrientes de pensamiento.
El Congreso del Estado, está integrado, por cuarta ocasión, por minorías parlamentarias, lo que significa que ningún partido por sí mismo tiene los votos suficientes para aprobar una iniciativa de Ley y mucho menos una reforma a la Constitución local. Esta composición parlamentaria en cierta forma es un candado o un blindaje para que no se imponga la visión o los intereses de un solo partido.
Esta conformación, obliga al diálogo y a la construcción de consensos a los diputados de esta legislatura, lo que se traduce en que se incorporen en los acuerdos las aportaciones de al menos dos o más partidos políticos, esto a su vez, evita que un solo grupo parlamentario avasalle a los demás.
Intentar ahogar, asfixiar o acallar las expresiones y posturas de los diputados es ir contra la esencia de los pilares de la democracia, es negar la esencia de la separación de poderes y de la vida republicana. En ese sentido defenderemos nuestro derecho a disentir y nuestra obligación de velar porque se cumpla lo señalado en la Constitución.
Consideramos que la productividad no se mide por el número de leyes que se aprueban como falsamente se quiere medir sino por la trascendencia en beneficio de las y los michoacanos. Este poder no es una fábrica; es un poder público.
Compañeros diputados, éste Congreso, es rico en su origen partidario y debe ser fructífero en esencia, no en apariencia.
En este sentido, la septuagésima segunda Legislatura estará a la altura de las circunstancias que le toca vivir, será factor de gobernabilidad en la entidad y de respaldo para los poderes Ejecutivo y Judicial en el marco del respeto y separación de poderes, estipulados en la constitución local.
Es necesario señalar que el año legislativo anterior transcurrió entre acusaciones – con evidente efecto mediático de interés electoral-, de presunto e hipotético daño patrimonial a las finanzas del estado, de señalamientos al gobierno estatal anterior de irregularidades en el manejo del presupuesto y la no comprobada ilegalidad en la celebración de contratos con entidades financieras.
También se consumió el año pasado, en el señalamiento sistemático de un monto de deuda pública que fue cambiando según las necesidades de propaganda del gobierno estatal. Acusaciones que fueron secundadas por las fracciones del PRI y del PAN en esta cámara.
Toda esa carga de desprestigio que lanzaron, tenía la intención de sentenciar sin juicio de por medio, de juzgarnos sin derecho a defensa, por medio de discursos y declaraciones partidistas unas plagadas con profunda ignorancia del tema y otras con clara perversidad.
Sin embargo, lo dijimos y los seguimos sosteniendo: Que sean los órganos legales establecidos para ello, los que determinen e impongan las sanciones a que haya lugar si se encuentran y comprueban irregularidades en el ejercicio del presupuesto.
Terminó el año legislativo anterior con mínimos avances en la agenda toral que debería abordar esta legislatura, a excepción de la reestructura, refinanciamiento y contratación de deuda pública, así como la reforma de la Ley de Deuda Pública, entre otras.
Concluyó ese año legislativo con la aprobación de un presupuesto 2013, con intento de déficit cero, situación que deberá comprobarse al final de este año fiscal.
Lamentablemente ese presupuesto conlleva recortes en un gran número de dependencias, eliminación de programas y redimensionamiento a la baja de algunos de ellos.
Se eliminan y mutilan programas y acciones fundamentales para Michoacán, en contraposición con el enorme rezago y la pobreza que padece la entidad. Renglones en los que las administraciones del PRD dieron prioridad.
La fracción parlamentaria del PRD actuó con responsabilidad en el tema del presupuesto, ya que en gran medida respetó la propuesta del Ejecutivo, aun y cuando no compartimos las reducciones financieras a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a Educación, Salud, al campo y a programas sociales.
Por lo que ahora corresponde al ejecutivo obtener las economías en el gasto y gestionar recursos extraordinarios para resarcir los recortes presupuestarios en los programas sustantivos de inversión pública.
Con esta sesión solemne, iniciamos el segundo año legislativo, con dificultades financieras en el presente y en el mediano horizonte.
Sin embargo el estrés financiero no es privativo de Michoacán, dado que gran cantidad de estados y municipios padecen enormes deudas y a algunos de ellos los bancos les han negado crédito debido la situación financiera que padecen, otros han caído en cartera vencida y algunos más han declarado la imposibilidad de pagar a sus acreedores.
Michoacán arranca este año con déficit de 4 mil 700 millones de pesos en educación
Por otra parte hemos escuchado del mandatario estatal la intención de sanear a fondo las finanzas de la entidad, para lo cual ha anunciado algunas medidas como la disminución al gasto corriente, lo cual lo reconocemos; sin embargo, el problema de liquidez del gobierno estatal, no es de forma, sino estructural y para ello se requiere otra composición de los ingresos de origen federal.
Es conocido que la fórmula de distribución de participaciones federales a estados y municipios es inequitativa e injusta, ya que la Federación se queda con el 80 por ciento de la recaudación; aunado a esto, el gasto que tienen que enfrentar los estados en el ramo educativo, los tiene sumidos en un déficit presupuestal, como es el caso particular de Michoacán.
Por lo anterior saludamos la intención expresada de una reforma fiscal, por parte del Gobierno Federal y los principales partidos políticos del país, siempre y cuando en ella se plasme un nuevo federalismo que le dé posibilidades a los estados y municipios de tener más acceso a recursos fiscales para enfrentar sus obligaciones con la ciudadanía y no estén al borde de la quiebra financiera o pidiendo rescates en forma de limosna a la federación.
Michoacán no puede estar sujeto a la buena o mala voluntad del Presidente de la República, para que envíe recursos no programados. La entidad no puede estar ligada a los vaivenes políticos o electorales para obtener recursos adicionales o “bolsas de salvación”. En ese sentido, la reforma fiscal debe dar certeza financiera a los estados y municipios. ¿O querrán enviar recursos de forma arbitraria, discrecional e ilegal hasta que haya elecciones? Si esto fuera así, no lo aceptamos ni lo queremos.
Una reforma que le dé vigor al Pacto Federal, que reduzca el centralismo, evite la elusión y la evasión fiscal, tape los hoyos por donde se fugan recursos para las arcas nacionales.
Saludamos la intención de una reforma para que paguen más impuestos los millonarios y multimillonarios de este país, dueños de megaempresas que pagan poco en relación con la riqueza que obtienen y por supuesto una reforma fiscal que no grave el hambre y la enfermedad con imposiciones fiscales a los alimentos y medicinas.
Como lo dijo Morelos, se requiere moderar la opulencia y la indigencia. Hoy sus palabras son más vigentes que nunca.
En este marco, Michoacán no puede ser ajeno a ese debate nacional. Es por ello que desde aquí, en esta sesión de apertura de año legislativo, la fracción parlamentaria del PRD hace un llamado a nuestros compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias, para impulsar una causa común con el propósito de fortalecer las finanzas de la entidad.
Invitamos al Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a los senadores y diputados federales de Michoacán a sumar esfuerzos y enfocarnos juntos a ese debate con el propósito de cambiar la fórmula de distribución de recursos para lo cual es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal.
Exhortamos a los 113 Ayuntamientos para enriquezcan la propuesta y se sumen a este debate de gran calado.
En esa ruta no caben las diferencias políticas coyunturales, los argumentos de baja laya, los revanchismos o colocar por delante un cálculo electoral.
Ya lo dijimos estamos preparados para el debate, pero también para hacer nuestras mejores aportaciones en esta propuesta.
Nosotros creemos que este Congreso está en su mejor momento, para debatir, construir y dictaminar las reformas que necesita Michoacán.
Éste es el año de los acuerdos.
No debemos desperdiciar este año en la confrontación estéril.
Estamos listos para llegar a los acuerdos con las demás fuerzas políticas representadas en esta soberanía, con el propósito de establecer una agenda mínima de leyes y reformas, que beneficien a los michoacanos las cuales sean aprobadas este mismo año.
Apurar una agenda sencilla, que permita alinear todas las leyes en materia de gasto público, presupuesto y fiscalización en concordancia con las leyes federales.
Leyes que permitan que no se prolonguen indefinidamente la fiscalización y la imposición de las respectivas sanciones a quienes no ejerzan el gasto público de forma trasparente y responsable.
La Fracción parlamentaria ratificamos nuestra disposición de construir acuerdos que beneficien a los michoacanos, en un marco de exposición de ideas y propuestas en un ambiente de respeto, tolerancia y civilidad política.
Gracias