El autorregalito de Calderón

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 13 de diciembre de 2012.- El último día de su mandato, Felipe Calderón ratificó mediante una reforma la decisión de que él y su familia reciban seguridad militar vitalicia consistente en 425 activos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como servicios médicos exclusivos. Sin embargo no será tan fácil que Calderón siga lastimando el interés público al infinito. Veamos la historia de este abuso.

Primero. Desde el Acuerdo Presidencial 7637, del 25 de noviembre de 1976, los expresidentes de México gozan de pensiones y beneficios. Este documento jamás fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni firmado por el presidente de la República (Luis Echeverría Álvarez). Las rúbricas que aparecen son las de Hermenegildo Cuenca, secretario de la Defensa Nacional, y Luis M. Bravo, titular de Marina. Por lo tanto, nunca tuvo valor legal. Además, acusando ignorancia jurídica, el acuerdo de referencia fue publicado en la Gaceta de la Secretaría de la Presidencia por su oficial mayor, Tulio Patiño. Para esa fecha, el expresidente tenía asignados 78 militares y ayudantes civiles.

Once años después, el 31 de marzo de 1987, salió el Acuerdo Presidencial 2763 Bis, que tampoco fue firmado por el presidente Miguel de la Madrid ni publicado en el DOF, amén de haber sido rubricado sólo por el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. En este acuerdo se amplían las prebendas de los expresidentes de la República poniendo a su servicio otros 25 funcionarios públicos. De esta suerte, los “apoyos” pasan de 78 en 1976 a 103 en 1987 entre militares y civiles. A finales de 2011, en un acuerdo secreto, Calderón aumentó esa protección a 425 militares, como lo comenté en Proceso 1835, del 1 de enero de 2012. Si de por sí está mal que los expresidentes cuenten con 103 elementos, es gravísimo que esa cifra crezca 400%.

Segundo. En la experiencia comparada no hay parámetros que ayuden a explicar el despropósito mexicano. Por lo que se refiere a seguridad, cabe decir que en Italia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido no hay servicios de seguridad pagados por el erario para sus exprimeros mandatarios. En Estados Unidos, a partir de George W. Bush, por razones de austeridad la pensión y los apoyos serán sólo por 10 años, no vitalicios como en México. Bush cuenta sólo con 15 elementos del servicio secreto para su seguridad diaria. Puede solicitar seguridad adicional para casos excepcionales, como las ocasiones en que hace visitas internacionales, previo dictamen de un órgano colegiado dispuesto para esos efectos. En Francia el exprimer mandatario tiene dos escoltas y cinco más para la protección de su hogar. ¿Alguien en su sano juicio cree que Felipe Calderón requiere más seguridad que George W. Bush, que tiene enemigos en los cinco continentes?

Por cuanto se refiere a atención médica, cabe apuntar que en Estados Unidos los servicios de ayuda y asistencia médica para los expresidentes no son gratuitos. Tienen un descuento en los hospitales militares que asciende a 40%. En Australia los servicios médicos de los exprimeros mandatarios son idénticos a los de cualquier funcionario que se atiende en la seguridad social. Este esquema es igual en Canadá, Chile, Costa Rica, Francia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros. En México, gracias a Calderón, él y su familia gozan de servicios médicos gratuitos en el Hospital Militar.

Tercero. Será muy difícil para la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, durante la discusión del Presupuesto de Egresos que se realizará los próximos días, justificar los ingresos de Calderón por ¡2 mil 677 salarios mínimos mensuales!, si se suman pensión y apoyos. Del lado progresista, los diputados Carlos Augusto Morales, Socorro Ceseñas Chapa, Carol Antonio Altamirano, Alberto Anaya, Tomás Torres Mercado, entre muchos más, tienen el deber cívico de detener esta afrenta. Estaremos pendientes de cómo se vota y quién vota de espaldas a la nación. Más todavía, en el numeral III de Acuerdos Presupuestales del “Pacto por México”, firmado por todos los partidos políticos, se establece: “El Presupuesto 2013 considerará un programa de austeridad y racionalidad en el gasto que permita reducir el gasto corriente e incrementar la inversión productiva”. ¿Cómo justificar las pensiones y apoyos a los expresidentes de la República como parte de la “austeridad y racionalidad”?­

Un grupo de juristas daremos una batalla legal para combatir este último misil que Calderón ha enviado al pueblo de México. No existen palabras para calificar el hecho de que el último día de su mandato reformó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, que, entre otras cosas, dice: “Los expresidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y la de su familia con antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la autorización a que se refiere la fracción IX del artículo 11 del Reglamento”; es decir, que abre la puerta para requerir todavía más militares de protección. En su huida y a la carrera, Calderón, apoyado por su equipo jurídico, fue afortunadamente desaseado. Esas pifias son oro molido para darle viabilidad a este caso legal que no podría dejarse pasar.

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Este artículo editorial fue publicado originalmente en la edición 1884 del Semanario Proceso del día 9 de diciembre de 2012.