Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
Excmo. Presidente Enrique Peña Nieto
Presidente de México
Los Pinos
Distrito Federal
MÉXICO
De mi mayor consideración,
Tengo el honor de dirigirme a S.E. en nombre de Human Rights Watch,
con el fin de extenderle nuestras felicitaciones con ocasión de la
investidura presidencial. S.E. asume el liderazgo de un país donde el
actual estado de los derechos humanos es de la mayor gravedad.
Abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e
impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata
en los niveles más altos de su administración. El propósito de esta
carta es instar a S.E. a que defina lo antes posible un plan concreto
y de acción para hacer frente a estos graves problemas.
Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, Human Rights Watch
logró demostrar mediante pruebas muy sólidas, que en cinco estados,
militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura
para obtener confesiones e información de personas detenidas, y
tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y
ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido
investigado ni juzgado adecuadamente, a pesar de las múltiples
evidencias que señalan que estarían implicados servidores públicos.
Estos patrones de abusos que se observan en los relatos de víctimas y
testigos, además de los datos oficiales y las entrevistas con
funcionarios judiciales, de seguridad pública y de derechos humanos,
demuestran que no se trata de casos aislados. Por el contrario,
constituyen ejemplos de prácticas abusivas que tienen una presencia
endémica en las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra la
delincuencia organizada en México.
Si bien estos delitos se cometieron durante la gestión del Presidente
Calderón, la responsabilidad de asegurar que sean investigados
adecuadamente no se extinguió al concluir su mandato. Como sabe S.E.,
conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes
suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente.
Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a
los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la
persona desaparecida.
Por ejemplo, los familiares de Jehú Abraham Sepúlveda, que desapareció
en diciembre de 2010 en Nuevo León, y de Francis Alejandro García
Orozco, Vladimir Pita Barrera, Sergio Menes Landa, Olimpo Hernández
Villa, Andrés Antonio Orduña Vázquez y Zozimo Chacón Jiménez, quienes
desaparecieron simultáneamente en Guerrero en marzo de ese mismo año,
continúan buscando a sus seres queridos. Human Rights Watch obtuvo
pruebas que demuestran que militares y policías habrían detenido
arbitrariamente a estos hombres poco antes de su desaparición
—incluidas grabaciones de cámaras de vigilancia, declaraciones de
testigos e informes policiales y militares— y aportó estas pruebas a
los fiscales. Sin embargo, las autoridades continúan negando su
participación en estas desapariciones, y ningún servidor público ha
sido procesado penalmente por su responsabilidad en estos delitos.
Mientras tanto, día tras día, los familiares deben vivir con la
incertidumbre acerca de qué sucedió a sus hijos, esposos, hermanos y
padres.
Estas familias y sus seres queridos que han desaparecido son solamente
algunas de las numerosas víctimas de desaparición forzada documentadas
por Human Rights Watch.
A su vez, esta gran cantidad de víctimas es tan sólo una fracción
ínfima de las cerca de 25.000 personas que, conforme se indica en un
listado elaborado por la Procuraduría General de la República, han
desaparecido desde diciembre de 2006, según lo informó el periódico
Washington Post el 29 de noviembre de 2012. De hecho, si las cifras
anteriores se corroboran, esto situaría a la ola de desapariciones
ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón entre
las peores en la historia de América Latina.
A medida que aumentaba el número de personas desaparecidas, Human
Rights Watch ha instado en reiteradas oportunidades al gobierno a que
conforme una base de datos nacional sobre desaparecidos. Elaborar un
registro exhaustivo y preciso de las personas desaparecidas, que
contenga información útil como el ADN de sus familiares, ofrecerá una
herramienta indispensable para la búsqueda de estas personas a nivel
nacional. Por ejemplo, podrían compararse los datos con los registros
de hospitales, morgues, cárceles y cruces fronterizos. Esta base de
datos resultaría particularmente útil si se crea además un registro
nacional complementario de cuerpos no identificados: según señala la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre enero de 2007 y
diciembre de 2011, se encontraron más de 6.000 restos no
identificados, muchos de ellos en fosas comunes. No obstante, si bien
el gobierno del Presidente Calderón demostró que era capaz de
conformar bases de datos nacionales de vehículos robados y de policías
con antecedentes penales, no creó registros similares sobre personas
desaparecidas o cuerpos no identificados. A causa de esto, miles de
familias continúan privadas de la posibilidad de conocer cuál fue el
destino de sus seres queridos, que podría esclarecerse con tan sólo
cotejar los datos.
Además del carácter de delitos permanentes que tienen las
desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se
investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior
es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante
torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron.
El nuevo Procurador General de la República, Dr. Jesús Murillo Karam,
reconoció acertadamente la responsabilidad del gobierno de abordar
este tipo de casos cuando declaró su “firmeza absoluta e implacable
para poder constituir las averiguaciones a quienes sean culpables, y
tratar de evitar una fórmula que me parece perversa: no debe haber
inocentes en las cárceles”.
Human Rights Watch ha obtenido evidencias de que actualmente se
encuentran en prisión personas inocentes que fueron condenadas sobre
la base de pruebas falsas obtenidas mediante coerción. Entre éstas se
incluyen cuatro personas de Baja California —Ramiro Ramírez Martínez,
Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez—
que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y llevados a un
cuartel del Ejército, donde miembros de esta fuerza aplicaron
descargas eléctricas en sus genitales, los sometieron a tácticas de
asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los golpearon frente a sus
compañeros durante cuatro días enteros. Las torturas cesaron recién
cuando los hombres, con los ojos vendados, firmaron confesiones que
habían sido redactadas por sus torturadores. Los cuatro hombres se
encuentran en la prisión de Tepíc, en Nayarit, donde luego de tres
años y medio de la fecha en que fueron detenidos y torturados aún
esperan que se dicte sentencia por los delitos imputados. Mientras
tanto, a pesar de las numerosas denuncias formales presentadas por sus
familiares, las pruebas recabadas por Human Rights Watch y entregadas
a las autoridades sobre las lesiones que presentaban las víctimas y la
base del SEDENA donde se produjeron los abusos, y de que en junio de
2012 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas admitió el
caso, ningún militar ha sido acusado en relación con estos hechos de
tortura. A fin de cumplir con lo declarado por el Procurador General
Murillo Karam, es fundamental que el gobierno asigne máxima prioridad
al examen de este tipo de casos.
Consideramos sumamente positivo el anuncio efectuado al asumir la
presidencia, en el cual S.E. expresó su compromiso de “hacer realidad
los derechos humanos que reconoce [la] Constitución” y adoptar una
“estrategia” para mejorar la situación de los derechos humanos, “con
una real y eficaz coordinación entre los órdenes de Gobierno, a fin de
combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz”.
Asimismo, reconocemos los esfuerzos realizados por sentar las bases de
esta estrategia en el “Pacto para México”, que incluye importantes
compromisos como transformar los derechos humanos en “política de
Estado” y fortalecer el marco jurídico para prevenir y juzgar la
tortura y las desapariciones forzadas, lo cual S.E. destacó el 10 de
diciembre durante su discurso de entrega del Premio Nacional de
Derechos Humanos.
Como S.E. sabe, el Presidente Calderón anunció que abordaría muchos de
estos problemas, e incluso utilizó algunas de las mismas expresiones,
como cuando se refirió a la garantía de derechos humanos como una
“política de Estado”. Sin embargo, nunca propuso un plan para
transformar su retórica en realidad, mucho menos asegurar que dicho
plan fuera implementado, demostrando con ello que nunca tomó en serio
su responsabilidad de corregir estos abusos y evitarlos. De hecho, sus
declaraciones públicas de último minuto y la falta de seguimiento por
su parte sugieren que estaba más preocupado por proteger su legado y
rebatir las acusaciones sobre su responsabilidad personal, que con
abordar algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la
historia de México. Y este incumplimiento es uno de los principales
motivos por los cuales México se encuentra actualmente inmerso en una
profunda crisis de derechos humanos.
Por lo tanto, lo exhortamos a formular un plan exhaustivo que proponga
soluciones concretas en materia de políticas públicas para hacer
frente a estos graves problemas. A continuación se enumeran algunas de
los temas fundamentales que debería abordar este plan:
· ¿Qué medidas adoptará su gobierno a partir de la lista de la
Procuraduría General de la República sobre aproximadamente 25.000
personas que desaparecieron durante el gobierno de Calderón y cuyo
paradero aún se desconoce? Asimismo, ¿cómo prevé usar esta información
para generar una base de datos exhaustiva y precisa de las personas
desaparecidas que contenga información que permita identificar a tales
personas, como el ADN de sus familiares?
· ¿Cómo piensa desarrollar su gobierno protocolos estándar
para funcionarios judiciales y de seguridad pública con el fin de
investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas
desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia?
· ¿Qué plan tiene su gobierno para conformar un registro
federal de cuerpos no identificados y cómo prevé asegurar que los
datos de este registro puedan ser cotejados con la información de la
base de datos sobre personas desaparecidas?
· ¿Qué medidas adoptará para asegurar que la inadmisibilidad
de evidencias obtenidas mediante tortura —que continúa siendo
vulnerada a pesar de estar garantizada en el artículo 20 de la
Constitución Política de México— se cumpla en la práctica? ¿Y de qué
forma su gobierno, en colaboración con la Procuraduría General de la
República, examinará de manera sistemática los casos en los cuales las
pruebas indiquen de manera clara que en la actualidad hay personas
encarceladas sobre la base de estas pruebas ilícitas?
· ¿Para cuándo su gobierno tiene previsto proponer una reforma
del Código de Justicia Militar que se adecue a los cuatro
pronunciamientos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para asegurar que todas las presuntas violaciones de
derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean
investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria?
A fin de contribuir al desarrollo de un plan exhaustivo que aborde
estas y otras cuestiones críticas, quisiera recomendar a su gobierno
que examine nuestro informe Ni Seguridad, Ni Derechos, donde se ofrece
un análisis minucioso de abusos cometidos por funcionarios judiciales
y de las fuerzas de seguridad, así como recomendaciones específicas
sobre cómo responder a tales abusos. Las conclusiones de este informe
fueron presentadas al Presidente Calderón y a funcionarios clave de su
gobierno el 9 de noviembre de 2011. En respuesta, el presidente se
comprometió a investigar no sólo todos los casos individuales
documentados en el informe, sino además los patrones de abuso que
estos casos reflejaban, y propuso crear una comisión conjunta con
Human Rights Watch que se encargaría de llevar a la práctica este
compromiso.
Human Rights Watch se reunió en varias oportunidades con la comisión
—a cargo del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré— durante 2011 y
2012, y aportó amplia documentación sobre cada uno de los más de 230
casos analizados en nuestro informe. No obstante, aun habiendo
recibido esta gran cantidad de pruebas, el gobierno del Presidente
Calderón no demostró durante el año siguiente haber conseguido avances
significativos en la investigación y el juzgamiento de estos casos. Y
salvo algunas pocas excepciones como la aprobación de protocolos sobre
el uso de la fuerza para SEDENA, SEMAR y la Policía Federal, el
gobierno incumplió en gran medida su compromiso de implementar
reformas más profundas que habrían ayudado a prevenir nuevos casos de
desaparición, tortura y ejecuciones.
Human Rights Watch reconoce que México se encuentra gravemente
afectado por grupos delictivos sumamente poderosos que han cometido
delitos aberrantes contra miembros de otras bandas rivales, fuerzas de
seguridad y civiles inocentes. También entendemos que el gobierno
tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar la seguridad de
sus ciudadanos, y de brindar recursos efectivos a los mexicanos que
sean víctimas de este tipo de delincuencia. Sin embargo, como hemos
señalado anteriormente, cuando algunos miembros de las fuerzas de
seguridad cometen violaciones de derechos humanos en forma
generalizada esto no contribuye en absoluto a desarticular las redes
delictivas y reducir la violencia, y se socavan los esfuerzos por
generar la confianza pública en las instituciones que resulta
indispensable para implementar iniciativas de orden público efectivas.
México necesita un plan claro e inteligente para abordar los profundos
problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Un plan que
permita convertir en realidad las importantes declaraciones que ha
efectuado S.E. relativas al respeto de los derechos humanos. Esperamos
que en el futuro inmediato S.E. proponga un plan con estas
características en forma pública, y que disponga para su ejecución
exitosa los recursos y el apoyo político necesarios. De lo contrario,
el clima de abuso e impunidad extendida que ha prevalecido en los
últimos seis años solamente conseguirá agravarse.
Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi
más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
CC:
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores
Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos
