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Por Gerardo Espinosa.-
(Primera parte)
La aparición en días pasados de varias mantas, atribuidas a la organización criminal conocida como Los Caballeros Templarios en donde reclaman al gobernador priísta de Michoacán, Fausto Vallejo que otorgue frutos de “de nuestro apoyo a su partido” , destaparon la cloaca que se venía comentando a discretas voces desde las elecciones del 13 de noviembre del 2011: que el crimen organizado había apoyado y financiado al PRI y si candidato, además de haber intimidado a sus adversarios políticos.
Sin embargo, esta relación entre la criminalidad y la clase gobernante ha acompañado a México desde hace décadas. La infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y en la toma de decisiones gubernamentales no es reciente, sino que se remonta inclusive hasta la Revolución Mexicana, y se acentuó en los años post-revolucionarios, alcanzado su primer etapa álgida durante el sexenio de Manuel Avila Camacho y Carlos Salinas de Gortari, destaca un estudio titulado México: narcotráfico y gobernabilidad, de la investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Mónica Serrano.
“En la historia del narcotráfico en México podemos advertir el peso de factores tanto externos, como internos. Al inicio, como ahora, el corazón del negocio se encontró al otro lado de la frontera. La evolución del negocio, sin embargo, no dependió exclusivamente del mercado emergente en Estado Unidos, sino también de las condiciones internas que imperaron en México”, destaca la investigadora.
El estudio historiográfico de la manera en que grupos delictivos han mantenido presencia en los procesos políticos en México, Mónica Serrano detalla que en las primeras décadas (1914-1920) una figura dominaría el escenario: “el coronel, político regional y empresario criminal, Esteban Cantú. Con un ejército personal de mil 800 hombres y protegido por una geografía inhóspita, Cantú aseguró el control político y militar de Baja California Norte y se apoderó de una tajada importante del flujo ilícito de drogas. Las arcas de su gobierno se beneficiaron de las cuotas pagadas por comerciantes de opio. Si bien parte del opio era producido localmente, una buena cantidad provenía de Asia para ser refinado y re-exportado a Estados Unidos. En aquel entonces, el grueso de la actividad ilícita se concentraba en la producción y tráfico de opio”.
La académica del Colmex, destaca en su estudio que ya en 1919 un agente del Tesoro estadunidense afirmaba que el contrabando de opio se había convertido en un negocio multimillonario en México. “No debe extrañar, pues, que el todavía endeble gobierno central tuviera razones para actuar y prohibir la importación de opio a partir de 1916. Tras esta decisión podemos ver el ánimo de un gobierno para mantenerse en pie, extender su control territorial, contener el flujo de armas a través de la frontera y dispuesto a apuntalar la relación con Washington con gestos simbólicos”, a imagen y semejanza 90 años después.
Sin embargo, al control externo se disparó el descontrol interno, “por lo que el feudo de Esteban Cantú no sólo no se apartó de la regla, sino que fue sintomático de la fragmentación político-militar que acompañó a esta etapa de la revolución. Con frecuencia, los bandidos se reciclaron como rebeldes políticos y las facciones en pugna encontraron en este comercio ilícito una fuente importante de financiamiento.
“En esos años, en la aún lenta pero constante expansión del cultivo del opio y de la marihuana se irían tejiendo lazos cada vez más estrechos entre un mercado ilícito en expansión y una clase política en ascenso”.
El texto de la investigadora explora la evolución de las respuestas del Estado ante un mercado del narcotráfico a la vez cambiante y en expansión. El análisis revela la evolución aparente de un mercado “regulado” directamente por y desde las estructuras del Estado a un mercado criminal “privatizado”.
“Dicha evolución es el resultado de la erosión de las normas y reglas no escritas que durante décadas permitieron al Estado sujetar, controlar y reglamentar el comportamiento de las organizaciones criminales”, enfatiza Mónica Serrano.
En las fisuras de la capacidad de regulación del mercado criminal, destaca el análisis, coinciden cuatro factores: la brutal expansión del mercado -asociada al surgimiento de una economía de tránsito de cocaína-, el endurecimiento de la diplomacia antinarcóticos en Estados Unidos, la atonía económica y la apertura política en México. En esta transición, el rasgo más característico ha sido el repliegue de las agencias del Estado y el consecuente surgimiento de ejércitos y guardias privadas de protección. “El resultado más visible de estos cambios ha sido un incremento notable e indiscriminado en los umbrales de violencia que hoy acompañan a las actividades del narcotráfico en México”.
La investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colmex se pregunta: ¿Cuál ha sido el papel que el Estado ha desempeñado en el mercado ilícito de drogas?, y responde que pese a que el surgimiento del mercado ilícito de drogas en México estuvo estrechamente ligado con la introducción y ejecución de las políticas prohibicionistas en Estados Unidos, desde sus albores quienes reclamaban la representación del Estado participaron directamente en su control y regulación.
Cabe subrayar que las decisiones del Estado -ya sea que hablemos de la extracción de pagos e impuestos, la regulación, la prohibición o la omisión- influyen, configuran y hasta determinan la incidencia de la actividad delictiva y criminal organizada. La investigadora lo define de la siguiente manera: “La prohibición, más que ninguna otra forma de intervención estatal, tiene un efecto desestabilizador sobre toda la esfera de lo ilegal. Cuando el Estado prohíbe el comercio de determinados bienes y servicios, sin contar con el respaldo efectivo de la sociedad, no sólo crea mercados ilegales sino que abroga de facto la imposición de muchas otras leyes reglamentarias en esas esferas económicas ilícitas. En otras palabras, prohibiendo determinadas actividades y transacciones, el Estado renuncia a muchos de sus poderes reglamentarios. La prohibición está en el meollo del narcotráfico y del crimen transnacional organizado”.
Mónica Serrano destaca que allí donde el sistema judicial se niega o no puede ejercer su autoridad, el riesgo de que grupos criminales organizados se desarrollen, aumenta considerablemente. Así, la premisa que guía este análisis es que las respuestas que el Estado despliega tienen repercusiones directas en el comportamiento de los actores criminales y, por consiguiente, en los niveles de estabilidad política.
En el mercado del narcotráfico -sostiene la investigación-, el rasgo característico no sólo ha sido la creciente y feroz competencia entre las organizaciones criminales, sino la transferencia del control y protección de la industria clandestina de las agencias del Estado a manos de guardias y ejércitos privados.
“En esta transición, el factor determinante ha sido la erosión de la capacidad de mediación y regulación de las estructuras estatales, resultado del repentino ensanchamiento del mercado ilícito y del consecuente debilitamiento del aparato coercitivo del Estado y agravada también por las secuelas de la transición del autoritarismo a la democracia”.
Aunque sus objetivos pueden ser múltiples, en la experiencia mexicana el objetivo fundamental de la regulación del Estado ha sido la contención de los efectos más perniciosos del mercado ilícito de las drogas. “Esta regulación -o estrategia de contención y coexistencia, como también ha sido llamada- puede, pues, definirse como el conjunto de decisiones y acciones estatales orientado al manejo de las relaciones entre las agencias estatales y las organizaciones criminales que ha tenido como objetivo: la contención de los impulsos intervencionistas de Estados Unidos, y la preservación de un mercado contenido y en manos de nacionales y la protección del Estado de los efectos más nocivos del mercado ilícito, entre los que, desde luego, sobresalen la violencia y la corrupción”.
