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Ponencia de la diputada Cristina Portillo, durante su participación en el seminario denominado: LA MUJER EN FUNCIÓN PÚBLICA

 

La lucha de las mujeres por el espacio público.
Instituto de Administración Pública de Michoacán.
27 de Noviembre de 2012
Horizonte Paritario
La paridad es una aspiración posible y necesaria para el fortalecimiento de la democracia y la representación de la diversidad social y la gobernabilidad de los países sobre la base de la igualdad entre los géneros en la representación política y en los altos cargos de la administración pública.
Desde una perspectiva histórica la paridad es parte de las luchas por los derechos ciudadanos de las mujeres desde el comienzo de la modernidad. Los procesos de constitución de las mujeres como sujetos políticos han ido de la mano de los procesos de construcción de la ciudadanía moderna, que han tenido lugar en contextos históricos que han favorecido el surgimiento de la organización de mujeres comprometidas y reconocidas como parte de los procesos de cambios democráticos en sus sociedades.
Sin embargo, también han suscitado la oposición de fuerzas sociales y políticas cuyo poder se ha visto afectado por los cambios, y que han resistido los avances con distintos discursos y prácticas políticas.
¿Por qué es una Lucha?
La construcción de las sociedades modernas en torno a las dicotomías de lo público y lo privado y de producción y reproducción, así como la afirmación de la diferencia radical entre hombres y mujeres, junto con la división del trabajo, entraron en abierta contradicción con los ideales de igualdad y autonomía y se constituyeron en las fuentes primarias de la exclusión de las mujeres de la ciudadanía moderna. Al confinar a las mujeres al mundo doméstico, se les negaba la racionalidad y se las sometía a la autoridad y decisión de otros en el ámbito de lo privado. Mientras los temas situados en el espacio de lo público eran entendidos como productos de una construcción social, materia de derechos y objeto de garantías de reconocimiento, negociación política, conciliación de intereses y mediación del Estado, los temas incluidos en el espacio privado eran naturalizados y excluidos del debate político.
Participación Pública de las Mujeres
El estado mexicano ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995).
Ello ha tenido como consecuencia reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en cargos de administración y representación
Obligación Jurídica del Estado Mexicano
Panorama de la Mujeres en el Espacio Público
Mujeres en el Ejecutivo Federal
El cargo más alto en la administración pública mexicana es la Presidencia de la República. México ha tenido cinco candidatas a la Presidencia: Rosario Ibarra, en 1982 y 1988; Marcela Lombardo y Cecilia Soto, en 1994; Patricia Mercado, en 2006 y Josefina Vázquez Mota, en 2012. Salvo esta última, que fue postulada por el Partido Acción Nacional, el resto abanderó poco representativos.

El puesto más alto que han ejercido las mujeres en la Administración Pública Federal ha sido el de Secretarias de Estado. A la fecha, sólo 23 mujeres han ocupado este cargo, considerando 6 del gabinete ampliado. La información sobre su desempeño es muy escasa
Mujeres en el Ejecutivo Federal
Mujeres en el Legislativo Federal
Una de las ramas más visibles de la participación política de las mujeres es el acceso de las mismas a cargos legislativos de elección popular, tales como diputaciones o senadurías. La importancia de su presencia en los congresos radica en gran medida en que las mujeres se convierten en referentes para otras mujeres que deciden competir.

Así mismo, la presencia de mujeres en los poderes legislativos del mundo se ha traducido en un incremento de iniciativas legislativas comprometidas con una agenda de equidad, familia y derechos sociales, y su promoción constituye uno de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en diversos instrumentos internacionales, como vimos.
Una de las ramas más visibles de la participación política de las mujeres es el acceso de las mismas a cargos legislativos de elección popular, tales como diputaciones o senadurías. La importancia de su presencia en los congresos radica en gran medida en que las mujeres se convierten en referentes para otras mujeres que deciden competir.
En México, los primeros intentos por regular medidas de acción afirmativa se dieron en 1993, cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) la recomendación a los partidos políticos de garantizar una mayor participación de las mujeres en la vida política del país.
En 1996, 2002 y 2008, se hicieron modificaciones a dicho instrumento para hacer más efectiva la normatividad.
En la última reforma, se estableció la obligatoriedad de los partidos políticos de no postular más del 60% de candidaturas del mismo sexo en los cargos de diputaciones y senadurías, así como la sanción de no registrar las candidaturas de aquellos partidos que no cumplan con lo señalado en este precepto.
De 1952 a 2012, ha habido 1107 diputadas federales propietarias, esto representa el 14% de un total de 7447 curules. El incremento más alto en la presencia de mujeres se dio en las elecciones de 1994 y 2003 (justo posterior a las reformas de 1993 y 2002), cuando el porcentaje de legisladoras aumentó 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente, respecto de la legislatura anterior. En las penúltimas elecciones federales (2009), 140 mujeres ganaron un escaño y en las últimas 186.
En la pasada legislatura (LXI), de 44 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, sólo 8 están presididas por mujeres, lo cual representa el 18.2% de las presidencias de comisión. En la actual hay 11 para el 20 %.
En el caso de la Cámara de Senadores, el porcentaje de mujeres también se ha incrementado de forma paulatina. En números absolutos, la presencia de mujeres Diputadas es mayor que la de Senadoras. Sin embargo, el incremento en el Senado ha tenido avances más sustantivos entre una y otra legislatura.
De 1964 a 2011, 157 mujeres han ocupado un escaño, de un total de 901 posiciones, esto es, 17%. El porcentaje de Senadoras se incrementó de 3.4% en 1964 a 32% en la actualidad. El incremento más alto se dio en la elección de 2012, cuando el porcentaje de Senadoras aumentó 10 puntos porcentuales, pasando de 22% a 32%.
Los 32 códigos o leyes electorales del país hacen mención a la importancia que tiene impulsar mecanismos que fomenten la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección popular; sin embargo, los diseños electorales y sus alcances difieren.
Algunas entidades incorporan cuotas para candidaturas de propietario y suplente, tanto para candidaturas de mayoría (uninominales) como de representación proporcional (plurinominales), mientras que en otras sólo aplican en algunos casos o lo hacen únicamente para propietarios/as.
En cuanto al porcentaje de la cuota, 9 estados contemplan la paridad (50%) en candidatura de RP, en tanto que el resto estipula cuotas que van del 40al 30%, con excepción del estado de Nayarit, que únicamente recomienda promover la equidad de género y etnia en las candidaturas.
En cuanto a los números, la presencia de mujeres en diputaciones locales aumentó de 9.6% en 1991 a 23.6% en la actualidad.
Ocho de las 32 entidades superan la masa crítica del 30% de mujeres en sus Congresos: Oaxaca (35.7%), Chiapas (35%), Campeche (34.3%), Baja California Sur (33%), Tamaulipas, Morelos, Zacateca y Veracruz (30%).
Mientras que entidades como Aguascalientes, Coahuila y Puebla no superan el 15% de mujeres
MUJERES EN EL EJECUTIVO LOCAL
A nivel local, los avances también han sido graduales. Seis entidades federativas de 32 que conforman el país han sido gobernadas por mujeres: Colima, por Griselda Álvarez; Tlaxcala, por Beatriz Paredes; Yucatán, por
Dulce María Sauri e Ivonne Ortega, el DF, por Rosario Robles y Zacatecas, por Amalia García.
Mujeres en el Ejecutivo Local Michoacán
Sólo Gabinete Legal.
Antes de 2002: 1
2002-2008: 6 Mujeres con relevos. 1era Mujer Secretaría de Gobierno.
2008-2012 15 Secretarías de Estado contando relevos. 500 mujeres en cargos de primer nivel de 1282.
2012: 2 Secretarías de Estado.
Mujeres en el Ejecutivo Municipal
El escenario más adverso de la participación política de las mujeres en México se encuentra en el ámbito municipal. En 25 años, sólo se ha incrementado 3 puntos porcentuales las presidencias encabezadas por mujeres.
De los 2440 municipios y 16 delegaciones que existen en el país, únicamente 156 están presididos por una mujer, esto representa el 6.8%.
Siendo el Municipio la base de la relación entre ciudadanía y gobierno, la mayor presencia de mujeres al frente de los mismos se presenta como uno de los mayores retos a nivel país.
Avances
Tradicionalmente, las mujeres siempre han podido intervenir mucho menos tiempo en su vida profesional que los hombres. La existencia de unas costumbres sociales todavía muy arraigadas constituye uno de los principales obstáculos con que se encuentra la mujer para poder desenvolverse profesionalmente. Sin embargo en los últimos años muchas cosas han cambiado en este sentido, por la lucha de las mujeres y han ido accediendo al mundo del trabajo público de una forma más regular. Para ello, han sido determinantes los siguientes factores:
Socialmente
Matrimonios a edad más avanzada.
Planificación de la maternidad.
Independencia de la mujer en el ámbito de la pareja.
Aumento de la tecnología doméstica.
Aumento de servicios personales (servicios domésticos, escuelas infantiles…).
Incremento del consumo familiar.
Esperanza de vida más larga.
Principales Obstáculos
Masculinización del mundo público, el mundo público está lleno de valores masculinos. A pesar de todas las políticas de igualdad de oportunidades existentes, el hombre sigue dominando el mundo de la administración pública, desde el ámbito político.
Discriminación, como toda estructura tradicionalmente muy masculina y jerarquizada es más evidente la discriminación de las mujeres, a quien a menudo se les cree incapaces o con falta de tiempo.
Dificultad de financiamiento, las mujeres generalmente se encuentran en una situación de escasa solvencia económica. Aunque aporte y administre la economía doméstica de la familia, raramente tiene acceso al dinero, ni puede contar con las propiedades familiares. Mucho menos para su crecimiento profesional.

Ausencia de formación y Capacitación, la falta de formación profesional es una de las mayores dificultades con las que se encuentra la mujer profesional, muchas veces los programas de capacitación no toman en cuenta las circunstancias específicas. (Triple Jornada)

Redes de comunicación exclusivamente masculinas, las posibilidades de ascenso y oportunidades dependen básicamente de las recomendaciones y evaluaciones hechas de manera informal en círculos que prohíben explícitamente el ingreso de las mujeres. La exclusión en ellos de la mujer, la coloca en una situación de desventaja en el ejercicio de su desarrollo profesionalestas redes constituyen verdaderas fortalezas que sirven a los hombres para proteger su situación de privilegio.

Circunstancias familiares, el papel que culturalmente tienen asignado las mujeres en el ámbito familiar reduce su disponibilidad para dedicarse a la vida profesional. En este sentido, las circunstancias familiares pueden constituir un obstáculo para la mujer emprendedora madre de familia. Concretamente, la maternidad, en las empresas privadas continúa siendo un factor de discriminación.
Horarios, En el mundo público, la manera de organizar el tiempo se efectúa desde una óptica totalmente masculina. La mujer fácilmente renuncia a su profesión para ayudar al hombre y mantener unida la familia. Si la situación es a la inversa, a menudo hay más complicaciones.
Hace Falta
Acciones Afirmativas a nivel de los reglamentos, contratos colectivos y de las leyes. (Acceso)
Acciones a nivel de los reglamentos, contratos colectivos y de las leyes que permitan consolidar el acceso en base al estudio de las desventajas y condición de las mujeres. (horarios, capacitación)
Procesos de sensibilización y herramientas institucionales que no permitan la discriminación y la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y faciliten la denuncia.
Medidas Institucionales de Apoyo Específico, a partir de la condición de cada unidad administrativa.
Financiamiento para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político y Administrativo de las Mujeres
La falta de recursos económicos para la formación de las mujeres también se ha considerado como un elemento obstaculizador para su participación, ya que se presume que éstas cuentan con menos apoyos y redes financieras que los hombres para buscar un cargo de elección o participar de altos cargos públicos.
En la reforma del COFIPE de 2008, el artículo 78 establece que los partidos políticos deberán destinar anualmente el 2% del financiamiento público ordinario para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (CPDLPM).
A lo largo de los últimos 4 años, los partidos políticos han recibido casi 225 millones de pesos con ese objetivo. Los Partidos pueden convertirse en escuela de cuadros no sólo políticos, sino adminiatrativos.
Amalia Valcárcel
“El feminismo no ha perdido hasta la fecha ninguna de las batallas en que se ha empeñado. Ha tardado más o menos en conseguir sus resultados pero ha mantenido sus objetivos invariables.”

 

 

 

 

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