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La funcionaria estatal dio a conocer los resultados de informe de investigación realizado entre el 2008 y 2010, efectuado por varias instituciones educativas y dependencias estatales, en donde se destaca que Michoacán tiene un población entre 150 a 200 mil jornaleros agrícolas migrantes, los cuales viven y laboran en condiciones de alta marginalidad y pobreza.
Dicha población trabaja en condiciones de explotación en la siembre y cosecha de cultivos exitosos de Michoacán, como el aguacate, mango, jitomate, chile, frutillas, melón, azúcar, limón, toronja pepino, frijol, ejote y guayaba, también vive la presión de grupos delictivos que los fuerza cultivas y cuidar plantíos de drogas. Cabe destacar que estos jornaleros laboran en los campos de trabajo de 58 municipios michoacanos han alcanzado algún nivel de desarrollo en la agricultura comercial y más del 80 por ciento de los trabajadores son jornaleros agrícolas migrantes, de éstos el 59.9 por ciento son originarios del mismo estado y el 41 por ciento provienen de otras entidades de la República Mexicana como Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí.
La problemática de los jornaleros agrícolas migrantes está creciendo cada día en Michoacán, toda vez que además de estar en el riesgo constante de la cooptación laboral forzosa por el crimen organizado en diversas regiones de la entidad, además los trabajadores enfrentan riesgos vinculados al oficio que desempeñan.
Ochoa Valdés destacó que la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados no da cobertura a los trabajadores agrícolas en su totalidad, por lo que dicha reforma a la Ley Federal del Trabajo no contempla acciones específicas para atender a estos trabajadores agrícolas en condición de migración, de allí la necesidad “de una mayor inversión en vigilancia para que se salvaguarden los derechos de este sector vulnerable en el estado”.
Los problemas que enfrentan los trabajadores en estas condiciones, además de que las autoridades desconocen la cantidad concreta de quienes radican en Michoacán (“los cálculos son de 200 mil, pero se podría cuatriplicar con la familia de cada trabajador, y podríamos hablar hasta de 800 mil personas”, destaca Clara Ochoa), son las condiciones de trabajo que padecen, como es el uso de agroquímicos, los nulos servicios de salud, educación y asistencia social.
En el marco de la reforma laboral, insistió la secretaria técnica del Coespo, “se debe de evitar que menores de 14 años, se integren, particularmente en actividades peligrosas con manejo de agroquímicos, necesitamos que para los jornaleros agrícolas migrantes, todas las conquistas laborales que a lo largo de la historia se han conseguido, se apliquen también a ellos”.
“No parece suficiente que se tipifique como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del ámbito familiar, esto es un elemento nuevo en la ley del trabajo, y otorga facultades a las autoridades para que obtengan cese inmediato de las labores de patrones que dan empleo a menores de edad, además de establecer la obligación de resarcir las diferencias salariales que perciben los infantes a comparación de otros trabajadores que realizan idénticas labores”, agregó.
Clara Ochoa destacó que el gobierno federal deberá de asignar recursos económicos, humanos y técnicos a las entidades federativas a fin de que “verdaderamente se pueda cumplir esta ley”, ya que la realidad de los jornaleros agrícolas migrantes es que trabajan hasta 12 o 14 horas diarias, no se les pagan horas extras, se emplean a menores de edad y no existen medidas de seguridad e higiene en sus áreas de trabajo incluyendo lo más elemental como agua y sanitarios. Además, de que la mayoría no están dados de alta en seguridad social ni tienen contrato por escrito, por lo que carecen de las prestaciones legales en materia de salud, pensiones y jubilaciones.
