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México, D.F., 2 de noviembre del 2012.- El día de hoy, 2 de noviembre, millones de familias en México recuerdan con cariño a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, para muchas familias esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado Mexicano mantiene con ellas.
Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con quienes han perdido seres queridos, víctimas de un Estado que ha fallado en su deber de protegerles y que a menudo, ha incumplido su obligación de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estas muertes.
Así mismo, la organización hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que estas cumplan su deber y salden esta deuda de justicia con las decenas de miles familias que han perdido un ser querido durante la ola actual crisis de violencia que enfrenta el país, entre los cuales se incluyen numerosos periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y migrantes.
Especialmente dolorosa es la situación de todas aquellas familias que han sufrido la desaparición de un familiar y que permanecen a la espera de información sobre su condición o paradero.
Es también es fundamental que las autoridades investiguen los crímenes del pasado. Mientas que varios países de América han dado pasos positivos e impuesto condenas históricas, en México esa justicia sigue siendo un sueño
“No se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México, mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad.” afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto de presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonando de hecho estos abusos.
“El gobierno del presidente Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado por parte de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias.” Agregó Herrera.
Información adicional.
En los últimos años se ha registrado en el país un aumento vertiginoso del número de desapariciones y asesinatos en el contexto de la crisis de la seguridad pública y la violencia del crimen organizado. La escasa información disponible dificulta conocer en que magnitud funcionarios del estado podrían haber jugado un papel en estos crímenes, y por lo tanto si estos conforman violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, es claro que el derecho a la verdad y la justicia ha sido negada a la gran mayoría de familias de las víctimas.
Según diversas organizaciones, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente 3.000 personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública.
La reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha llevado a muchas familias a ponerse en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad.
De acuerdo a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en los últimos años ha habido un marcado aumento en los asesinatos de periodistas, activistas y migrantes.
Las medidas tomadas para proteger a algunos de los grupos más vulnerables ante la violencia se han mostrado insuficientes. La reciente aprobación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas supone una oportunidad para combatir los crímenes contra quienes se dedican a informar o proteger derechos humanos. Sin embargo, para que esto realmente suceda es necesario que el Mecanismo de Protección cuente con recursos adecuados y una implementación con la participación de la sociedad civil. Es necesario además garantizar la investigación de los crímenes para poner fin a la impunidad.
