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Morelia, Mich., a 28 de octubre de 2012.- Para evitar que empresas facilitadoras de préstamos a personas que de buena fe acuden a las mismas, incurran en la comisión del delito de fraude a través de contratos leoninos y prácticas como el cambio de razón social, legisladores del Congreso de Michoacán proponen que los gobiernos estatal y municipales se sumen a la vigilancia de esos negocios, facultad por ahora es exclusiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con lo anterior, el diputado Santiago Blanco Nateras solicitó que en ejercicio de lo previsto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso michoacano remita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa en referencia.
Expuso que la actividad económica está debidamente regulada a través del marco jurídico que ejerce la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, esta autoridad no alcanza a atender diversas partes de las relaciones de acceso a créditos o a la formación de empresas que, ofreciéndose como facilitadoras para acceder a préstamos, en realidad actúan al margen de la ley solicitando pagos anticipados para servicios que no prestan.
Tales facilitadores normalmente se presentan como empresas en trámite para obtener el registro y manipulando la necesidad del solicitante, le proponen contratos leoninos que no tienen aprobación de las instituciones autorizadas para ello, formando parte de una estrategia para esquilmar a las personas y finalmente en el cambio de membretes se escudan para decir que son otras empresas y que con la que firmaron el contrato, ya no existe.
Blanco Nateras explicó que la falta de certidumbre y de legalidad de estas empresas les permite cambiar de razón social y de domicilio para evitar el cumplimiento frente al usuario, toda vez que sin ningún problema en cualquier conjunto de oficinas ofrecen sus servicios sin atender los requerimientos que exigen contar con los permisos municipales, de salubridad y de protección civil, para funcionar.
Recordó el diputado por el Distrito XII con cabecera en Hidalgo, que en Michoacán hay la experiencia de empresas de este tipo como la Promotora del Valle de Morelia, del señor Constantino Aragón Cañas, que finalmente cambiando el nombre a Caja de Ahorros “Fabián Rodríguez Salcedo” que operó una persona que no era contador ni se llamaba Fabián, sino Mauricio Dromundo F., o Mauricio Tobali Ferrera, defraudó a miles de michoacanos y obligó a los gobiernos estatal y federal a entregar recursos para compensar, en parte, la pérdida de que fueron objeto los ciudadanos que confiaron en una empresa que actuó a la luz pública y que en ese tiempo, parecía que todo estaba bien.
Refirió que este problema y práctica de aprovecharse de las necesidades de las personas sigue presente en la sociedad y sólo cambia de estrategias, de ahí la necesidad de ampliar los marcos legales para evitar con oportunidad, en lo posible, la existencia de delincuentes financieros que protegidos por la legislación, toda vez que no actúan con violencia y por su preparación profesional saben que el ámbito de derecho civil -cuando en muy pocas ocasiones se ven obligados a cumplir- con un acuerdo resarcen los daños y siguen funcionando, buscando incautos para seguir defraudando la confianza y el dinero de los que por ingenuidad y necesidad caen en sus manos.
Santiago Blanco dejó en claro que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no alcanza a evitar esta plaga de defraudadores que lesionan la economía popular, por lo que para coadyuvar en este sentido, es conveniente que los otros niveles de gobierno participen, en el ámbito de su competencia, para informar en tiempo y forma a la CNBV y a la autoridad federal, de empresas que aparecen de la noche a la mañana y que deben tener los permisos en orden tanto de operación, como de instalación y la constitución notarial de la empresa.
Explicó que el Gobierno del estado y los las autoridades municipales deben formar parte de la observancia de estas empresas, para evitar fraudes y malas prácticas que lesionen la economía y a la población misma.
La propuesta legislativa consiste en que se adicione el artículo 9º Bis a la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores para quedar como sigue:
Artículo 9º Bis.- Los estados de la República y el Distrito Federal, son coadyuvantes para supervisar el funcionamiento de las entidades que realicen actividades de promoción financiera, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos que esta ley y el reglamento señalen.
Los Ayuntamientos informarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de los permisos y licencias de funcionamiento autorizados, para la operación de cualquier entidad financiera.
La propuesta fue formalmente presentada y respaldada por los diputados Santiago Blanco Nateras, Salvador Galván Infante, Víctor Manuel Silva Tejeda, Marco Polo Aguirre Chávez, Miguel Amezcua Manzo, Jaime Darío Oseguera Méndez, César Chávez Garibay, Daniela de los Santos Torres, Olivio López Mújica, Rigel Macías Hernández, Rosa María Molina Rojas, Eduardo Orihuela Estefan, Juan Carlos Orihuela Tello, Omar Noé Bernardino Vargas, Salomón Fernando Rosales Reyes, Antonio Sosa López y Marco Trejo Pureco.
