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Morelia, Mich., a 24 de octubre de 2012.- En reconocimiento al hecho de que la protección al ejercicio responsable de la libertad de expresión es un compromiso que deben asumir todos los niveles de gobierno, y con el objetivo de trabajar en la elaboración de los mecanismos institucionales para su garantía, diputados integrantes de la LXXII Legislatura recibieron la propuesta de Reforma Integral de Protección al Ejercicio Responsable de la Libertad de Expresión.
Los diputados Laura González Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Cristina Portillo Ayala, integrante del Comité de Comunicación Social; y Eduardo Orihuela Estefan, se reunieron con representantes de las asociaciones Reporteros sin Fronteras (RSF), La Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX), Red Sociedad Civil y Calidad de la Democracia, así como con representantes de diversos medios de comunicación locales, para recibir una propuesta de reforma integral que brindará protección al ejercicio periodístico en el estado.
La propuesta presentada por la doctora Perla Gómez Gallardo, forma parte del proyecto académico Todos por el Derecho a la Información, elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Unidad Cuajimalpa, y está dirigida a proteger a quienes por el ejercicio responsable y valiente de su expresión han sufrido agresión y violencia.
Durante su exposición, la doctora Gómez Gallardo explicó que la propuesta que presentan pretende posicionar al estado de Michoacán como referente normativo del país en materia de protección a la libertad de expresión.
La investigadora reconoció que los obstáculos más importantes en materia de libertad de expresión en México, son los asesinatos de periodistas y otros actos de violencia; la impunidad generalizada; la vigencia de una legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión; las limitaciones a la diversidad y el pluralismo democrático; y una clara tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.
En ese sentido, la iniciativa propone establecer agravantes en las penas cuando se cometa delito contra periodistas; permite agotar líneas de investigación por parte del Ministerio Público, para que investigue qué se publicó y qué intereses afectaba con el ejercicio periodístico serio; establece un procedimiento ágil para realizar trámites derivados de la declaración de ausencia y presunción de muerte para periodistas desaparecidos.
Asimismo, se propone la Ley de Secreto Profesional del Periodista, y una Ley que permite que concurra la defensa del patrimonio moral, con el periodismo de investigación serio y la libertad de expresión.
En su oportunidad, la diputada Laura González Martínez dijo que es impostergable concretar nuevas leyes y reformas, como una respuesta institucional a un tema tan sensible para los michoacanos como es la protección al ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
La legisladora González Martínez reconoció que el estado de Michoacán tiene la oportunidad histórica de realizar una propuesta integral con los aspectos de protección del ejercicio responsable de la libertad de expresión, ajustados a los criterios emitidos por organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, la diputada Cristina Portillo comentó que este tema ha sido abordado en varias ocasiones con diversos representantes de los medios de comunicación, por lo que consideró que existe una legislación dispersa sobre aspectos específicos de la libertad de expresión, que en general no cumplen con los requerimientos internacionales, y que deben ser abordados en el menor tiempo posible; por lo tanto, este tema ha llegado en un momento importante para que dicha propuesta sea incluida en el nuevo marco legal de nuestro estado en materia penal.
Finalmente, el diputado Eduardo Orihuela Estefan comentó que como representante del Poder Legislativo, ante el Consejo para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, colaborará para que las nuevas propuestas sean incluidas en el nuevo Código Penal. Reconoció, que los legisladores tienen la intención de trabajar en la consolidación de las leyes, reformas y adiciones necesarias para proteger el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
