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México, D. F. 20 de septiembre de 2012.
LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA
SENADORA PLURINOMINAL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PRESENTE.
En atención a su Proposición con Punto de Acuerdo presentada en la sesión ordinaria del Senado de la República el pasado 18 de septiembre, así como a las entrevistas que sobre este asunto ha dado en diferentes medios de comunicación me permito enviarle la siguiente misiva.
Le recuerdo que desde 1980 la izquierda en la cual milito ha planteado la rendición de cuentas y la transparencia, es por ello que en las labores legislativas y ejecutivas que he desempeñado siempre impulsé el fortalecimiento y la consolidación de estas prácticas. También en innumerables veces, tanto en público como en privado, he señalado que la fiscalización deben llevarla a cabo por los organismos que la Constitución y las leyes facultan, es decir, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoria Superior de Michoacán, estas instancias tienen la responsabilidad de esta tarea, apegada a derecho, sin distinción política alguna y mucho menos interés partidista.
En los considerandos de Punto de Acuerdo hace diversos señalamientos carentes de veracidad, por lo que considero pertinente las siguientes aclaraciones:
- La deuda pública de Michoacán es legal y transparente, porque fue aprobada por el Congreso del Estado y está debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Durante su intervención omitió precisar que esta deuda pública es el acumulado de las últimas administraciones gubernamentales, durante mi administración el endeudamiento público fue de 7 mil 650 millones destinada exclusivamente a Obra Pública. Para corroborar esto le anexo a esta carta las Cuentas Públicas remitidas al Poder Legislativo de la entidad en los años, 2001, 2007 y 2011. Estos datos de la deuda los puede también verificar con el simple hecho de consultar el sitio web de la Secretaría de Hacienda http://www.shcp.gob.mx. En este portal se encuentra el histórico de la deuda de las 32 entidades, año por año desde 1993, donde podrá confirmar nuestro dicho.
- También en su intervención “recoge” algunos datos de lo que nombra “investigación” de la Secretaría de Finanzas de Michoacán, ésta fue una revisión contable, unilateral y sin ningún sustento legal, en donde nunca se nos dio, ni a mí, ni a ninguno de los integrantes de mi administración, la mínima garantía de audiencia para presentar los argumentos y pruebas de los señalamientos en nuestra contra.
- Es relevante que como legisladora federal se preocupe por la situación de la deuda pública de las entidades federativas, pero la Constitución y las leyes obligan a nuestros legisladores a dar seguimiento a la deuda pública federal y hasta el día de hoy los Diputados Federales y Senadores del Partido Acción Nacional han sido omisos en el tema, a pesar que en el actual sexenio que fenece la Deuda Pública Federal creció exponencialmente al pasar de 1.9 billones de pesos a 5.1 billones en tan sólo 6 años. La deuda de todas las entidades representa el 2.7% del PIB, mientras que la deuda federal representa el 37.1% del PIB nacional. Esto es verdaderamente escandaloso, es justo el Congreso de la Unión, entre ellos ustedes quienes tienen la obligación de revisar en qué y cómo se gastó la deuda federal.
Por último, el tema de la deuda pública de los estados va ligado a dos problemas estructurales del sistema fiscal y hacendario del país: el primero es la obsoleta Ley de Coordinación Fiscal que no obedece a la realidad política y económica de México de los últimos 30 años; el segundo es la existencia de convenios de descentralización, principalmente en materia educativa, de salud y ahora de seguridad pública, hacia las entidades federativas. Estos convenios son leoninos, exigen a las entidades disponer recursos para estas tareas, pero no otorgan facultades recaudatorias a los estados. Por eso he insistido que debe de abrogarse la actual Ley de Coordinación, además de eliminarse el Convenio de Modernización Educativa, para cumplir con un sistema fiscal y hacendario verdaderamente federalista como lo establece nuestra Constitución.
Insisto nuevamente, estamos a favor de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos, ésta debe de ser apegada a derecho y realizarse por las autoridades legalmente facultadas: la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Congreso del Estado.
Sin más por el momento, agradezco la atención a mi carta y le envió un saludo.
A T E N T A M E N T E
Mtro. Leonel Godoy
