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México, D.F., 19 de septiembre del 2012.- A instrumentar las medidas financieras presupuestarias para que la federación subrogue la deuda pública financiera y no financiera de los estados y municipios que alcanza hasta el cierre del segundo trimestre del 2012 los 404 mil 409.5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 346%, en los últimos doce años, demandó el Senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco.
Durante la sesión el Senador de la República en la LXII Legislatura, e integrante del Grupo parlamentario del PRD, exhortó al titular del ejecutivo Federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público a que se auxilie a las entidades y municipios, ya que del total de la deuda señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los Gobiernos Estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.
Asimismo, Raúl Morón explicó ante sus compañeros del Senado de República en sesión plenaria, que de los 404 mil 409.5 millones de pesos que constituye la deuda pública de los Estados y municipios en el país, la mayor parte se adeuda a la banca comercial por el orden de los 234 mil 418.7 millones de pesos y otro tanto a la banca de desarrollo por la suma de 89 mil 590.4 millones de pesos, mientras que las obligaciones de deuda generadas a partir de emisiones bursátiles sumaron la cantidad de 59 mil 096.7 millones de pesos, y por fideicomisos y otros conceptos se adeuda la cantidad de 21 mil 303.7 millones de pesos.
Entre las entidades federativas con mayor deuda pública registrada en el mismo periodo, dijo, se ubican los estados de Distrito Federal con 54 mil 866.5 millones de pesos, Nuevo León con 40 mil 008.5 millones de pesos, Estado de México con 38 mil 307.1 millones de pesos, Coahuila con 36 mil 499.6 millones de pesos, y Veracruz con 31 mil 815.8 millones de pesos, mientras que en el caso de las entidades federativas con menor deuda pública se encuentran Tlaxcala con 62,5 millones de pesos, Campeche con mil 030.8 millones de pesos, Baja california sur con mil 677.3 millones de pesos, Querétaro con mil 883.2 millones de pesos y Colima con 2 mil 185.7 , mientras que en el caso particular del estado de Michoacán este se ubica por debajo de la media nacional con 16 mil 472.3 millones de pesos.
De tal forma que la deuda total financiera de las entidades federativas por el orden de los 404 mil 409.5 millones de pesos registrada al segundo trimestre del 2012, representa el 80.1% del total de sus ingresos garantizables mediante participaciones y aportaciones federales, y el 2.7% del PIB Estatal, puntualizó.
Ante tal panorama, indicó que es evidente que el crecimiento acelerado de la deuda
pública registrada en los últimos doce años, responde entre otras razones de carácter político, administrativo y económico, también a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que han oscilado en distintos ejercicios fiscales y entidades federativas entre los 5.3 % y 14.7 % anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3% anual; y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años, lo que debe obligar al gobierno de la República y a las propias entidades federativas y municipios a buscar mecanismos económicos y financieros más accesibles a sus posibilidades fiscales y presupuestales.
Por lo anterior, Raúl Morón, señaló que resulta indispensable que se busquen por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, alternativas progresivas a corto y mediano plazo de sustitución de la contratación de deuda proveniente de la banca comercial y de desarrollo por un mecanismo de bursatilización de la deuda pública que autorice la emisión bursátil de certificados de deuda pública por parte de todas las entidades federativas, garantizados con participaciones federales, excedentes petroleros e ingresos propios como obligaciones adquiridas por entidades federativas y municipios con particulares, iniciativa privada, entidades públicas y organizaciones sociales, pero bajo condiciones financieras menos onerosas.
“La solución no está en el incremento de obligaciones tributarias o en la creación de nuevos impuestos, no es el pueblo de México quien deba asumir la carga del endeudamiento con nuevas cargas impositivas, debe ser en todo caso, el beneficiario de una política federalista corresponsable y más equitativa por parte de la federación que lo obligue a subrogar las obligaciones financieras contraídas por los estados y municipios que hoy merman de forma progresiva su capacidad financiera”.
Raúl Morón expuso que la creciente deuda pública que actualmente enfrentan los estados y municipios en todo el país, que consecuentemente inhibe el desarrollo económico y social de las distintas regiones del país, con diversas repercusiones en todas las actividades de la vida pública, privada y comunitaria, es sin duda, producto de una inequitativa distribución de la riqueza nacional, de un modelo de coordinación fiscal centralizado que no responde a los propósitos de un federalismo más auténtico y equilibrado entre los distintos órdenes de gobierno.
“Esta aguda crisis financiera que ahoga la capacidad de respuesta social de los gobiernos locales y que desafortunadamente se ha profundizado a partir de las condiciones tan lesivas en las que se viene contratando el servicio de deuda pública con instituciones de crédito de la banca comercial y de desarrollo, con plazos reducidos, altas tasas de interés hasta del 14% anual en muchos casos, garantías de pago que hipotecan el futuro de los próximos 20 o 25 años de las aportaciones y participaciones federales y reestructuración de adeudos que lo único que logran es prolongar la agonía financiera de las entidades públicas, sin resolver el fondo del problema”.
