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Morelia, Mich., a 8 de julio de 2012.- Ante la imperiosa necesidad de preservar la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, es fundamental establecer normas e implementar acciones en los tres niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada para impulsar la recuperación y el desarrollo sustentable del área, señaló el diputado Juan Carlos Orihuela Tello.
En base a lo anterior, el legislador local manifestó que el punto de acuerdo que recientemente presentó ante el Pleno del Congreso del Estado se refiere, precisamente, a exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore y envíe un informe sobre las acciones implementadas para controlar y combatir la tala clandestina, los incendios y las plagas forestales dentro de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
Explico que cada año, la mariposa Monarca viaja miles de kilómetros para refugiarse en la época invernal en los bosques situados en el oriente michoacano, que según reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza, entre 2006 y 2007 sufrieron deforestación 243 hectáreas.
También refirió que “entre 2001 y 2006, se registró un incremento del 553 por ciento en la tala ilegal, la deforestación y la degradación en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca”.
Aun cuando reconoció que se han emitido decretos con el ánimo de preservar la zona, continúan problemas serios de tala clandestina en la región oriente, principalmente en los municipios de Hidalgo, Ocampo, Zitácuaro y Angangueo.
Recordó en el año 2001 se elaboró el Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, con la finalidad de llevar a cabo acciones encaminadas a contener la tendencia al deterioro ambiental, fomento a una producción limpia y sustentable y, sobre todo, buscar mecanismos para contribuir al desarrollo social y al combate a la pobreza.
“La problemática se agudiza más por el tipo de tenencia de tierra, ya que de 100 predios o núcleos agrarios decretados, el 57 por ciento corresponde a ejidos, el 13 por ciento a comunidades indígenas, el 33 por ciento a pequeñas propiedades, dos por ciento a propiedad estatal y tres por ciento a zona de litigio. Los ejidatarios se quejan de que la toma de decisiones es de carácter centralista y sin consensos con la población local.”, precisó.
